Sesenta mil dólares de fianza prestaron ayer ante el Comisionado Federal, licenciado Ramón C. Juliá, los señores Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico; Juan Antonio Corretjer, director del periódico nacionalista La Palabra y Secretario General de la colectivi- dad; Luis F. Velázquez, Tesorero del partido; Clemente Soto Vélez, director del semanario nacionalista “Armas” que se edita en Caguas; Erasmo Velázquez, Secretario de la Junta Municipal Nacionalista de Caguas; y Juan Juarbe Juarbe, Secretario particular del señor Albizu Campos. Cada uno prestó fianza por la suma de diez mil dólares. Los fiadores del Jefe del Partido Nacionalista fueron los señores José Pascual Berríos y Juan Valdejulli Rodríguez; los fiadores del director de La Palabra fueron los señores José R. Fuertes y Rufo Noya; los fiadores del señor Juan Juarbe Juarbe, los señores Edmundo Fernández y José G. Cardé. Otros caballeros más prestaron fianza por el resto de los acusados nacionalistas.
Otro de los acusados es Pablo Marrero Rosado, pero ayer no había comparecido a responder de la acusación.
El Mundo, 6 de marzo de 1936, p. 1. El ajusticiamiento del Coronel Riggs precipitó la represión y persecución contra el Nacionalismo. Inmediatamente el régimen inició una ola de allanamientos a las residencias de los nacionalistas más prominen- tes. El jueves 5 de marzo de 1936 (a los diez días de la muerte de Riggs), el presidente del Partido Nacionalista, Albizu Campos, junto a Juan Antonio Corret- jer, Luis F. Velázquez, Clemente Soto Vélez, Erasmo Velázquez, Juan Juarbe Juarbe y Pablo Rosado Ortiz fueron arrestados y acusados por un supuesto delito de “conspiración para derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico por medio de la fuerza”, ante la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, (llamada Corte Federal).
COMO LEE LA ACUSACION:
La acusación que motivó el arresto ayer de los líderes nacionalistas arriba mencionados y por la que prestaron fianza en la suma expresada para poder permanecer en liber- tad provisional lee así: “Ante mí, Ramón C. Juliá, Comisio- nado de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, perso- nalmente compareció hoy día 3 de marzo de 1936, en San Juan, Puerto Rico, Donald A. Draughon, marshal de Estados Unidos para la Corte de Distrito de Puerto Rico, quien des- pués de ser debidamente juramentado, depone y declara que hace cerca de tres años y especialmente desde octubre 24 de 1935 en los sitios de la isla de Puerto Rico más adelante rela- cionados, en dicho distrito, Pedro Albizu Campos, de Aguas Buenas; Juan Antonio Corretjer, Luis F. Velázquez y Pablo Rosado Marrero de San Juan; Clemente Soto Vélez y Erasmo Velázquez, de Caguas y Juan Juarbe Juarbe, de Aguas Buenas; en violación de las secciones 6, 7 y 88 del título del Código de Estados Unidos, ilegalmente conspiraron para derrocar, de- rribar y destruir por medio de la fuerza el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, y conspiraron para reclutar soldados para dedicarse a hostilidades armadas contra Estados Unidos y abrir puestos para tal reclutación, contrario a lo preceptuado en el estatuto para el caso provisto y en contra de la paz y dig- nidad de Estados Unidos de América.
El declarante testimonia, además, que tiene razones para creer eso y así lo cree.”
Entre los testigos que aparecen al calce de la acusación para sostener la misma pudimos leer los nombres de los guardias insulares Salvador Más y Juan Pagán Rohena.
El Comisionado federal, señor Juliá, se negó a darnos la relación completa de testigos manifestándonos que este deta- lle no tenía importancia y que además el día del juicio se citarían muchos más que no aparecían en la orden de acusa- ción porque no es costumbre indicar todos los nombres de los testigos en dicho documento.
UNA LLAMADA TELEFONICA:
El señor Albizu Campos, abogado principal en el proceso que se está siguiendo en la Corte de Distrito de San Juan contra el joven nacionalista Dionisio Pearson, se hallaba tem- prano en la sala del tribunal cuando a eso de las 9:20, mientras departía con el juez A. R. de Jesús en la oficina contigua a la del despacho particular del referido magistrado, recibió una lla- mada telefónica del marshal Donald A. Draughon, de la Corte Federal, por la que se le requería que hiciera acto de presencia en dicho tribunal lo más pronto posible toda vez que contra él existía una orden de arresto dictada por el supuesto delito que ya se ha expresado. El señor Albizu Campos inmediatamente reunió a los demás abogados de la defensa señores Gilberto Concepción de Gracia, Federico E. Virella, Julio Pinto Gandía, Rafael Ortiz Pacheco y J.M. Toro Nazario para informarles de la situación que había surgido e instruirles también que mien- tras él salía para la Corte Federal prosiguieran la vista del caso de Pearson. Acompañado de su Secretario particular, señor Juarbe, y de los abogados Toro Nazario y Ortiz Pacheco, el presidente del partido Nacionalista abandonó la Corte de Distrito de San Juan llegando a la Corte Federal como a eso de las 9:45 de la mañana.
SE SUSPENDE EL JUICIO DE PEARSON:
Muy pocas personas se percataban en la Corte de Dis- trito de lo que estaba ocurriendo. El juez A.R. de Jesús ocupó la presidencia para reanudar la vista del juicio de Pearson pero el licenciado Concepción de Gracia pidió que fuera suspendido hasta las dos de la tarde en vista de que, según información y creencia, el abogado principal se hallaba arrestado en la Corte Federal así como también algunos de los testigos de la defensa. El licenciado Concepción de Gracia puso en conocimiento del tribunal, que había recibido en esos momentos información que creía cierta en el sentido de que los hogares de varios nacionalistas habían sido allanados por agentes federales conocidos por “G-Men”.
El juez A.R. de Jesús “en vista de la situación por que atraviesa la defensa,” según dijo, accedió a la petición formu- lada suspendiendo el juicio hasta las dos de la tarde a la vez que dió excusas a los señores jurados por las “coincidencias desgraciadas” que estaban surgiendo en la vista del caso y que obligaban muy a su pesar a la dilación del mismo.
El fiscal Marcelino Romani ni combatió ni se avino a la moción de suspensión, limitándose solamente a decir que su resolución descansaba en los poderes discrecionales de la Corte.
EN LA CORTE FEDERAL:
Cuando nuestro redactor llegó a la Corte Federal se le hizo un poco difícil llegar hasta la oficina del comisionado, licenciado Juliá, en la que se encontraba arrestado el señor Albizu Campos. Por los alrededores de la Corte, en los pasi- llos, en la primera explanada de la escalera que conduce al segundo piso en que está la Corte y a lo largo del pasillo que conducía a la oficina del marshal, señor Draughon, había varios policías apostados al comando de los jefes José Pérez Segarra y Emmanuelli. La primera pareja de guardias nos interceptó el paso pero al decirles nuestra misión nos dejó pasar, en la explanada de la escalera fuimos objeto de un minucioso registro y todavía al entrar por el pasillo un agente nos tocó el bolsillo derecho de la chaqueta en la que llevába- mos una libreta doblada y que hacía un poco de bulto, creyén- dose sin duda que era material prohibido el que cargábamos con nosotros.
En una reducida oficina estaba sentado a un extremo de una mesa el señor Albizu Campos, en frente de él el fiscal Cecil A. Snyder, de la Corte Federal, a su lado el fiscal especial señor Jorge Ortiz Toro, y en el otro extremo de la mesa, presidiendo, el comisionado federal licenciado Ramón C. Juliá. Por los alrededores de la mesa estaban parados varios amigos del señor Albizu Campos, sus compañeros abogados, dos o tres oficiales del tribunal y algunos agentes de la ley que se mostraban interesados en oir las palabras que en aquel recinto pronunciaban las partes. El señor Juliá explicó pri- mero cuál era el objeto de la vista, diciendo que era para que los acusados prestaran una fianza provisional por la acusación que se les hacía y citarlos para una nueva vista que tendría lugar el día 19 de marzo ante el propio comisionado, señor Juliá, en la que las partes (acusados y fiscales) tendrían la oportunidad de presentar la prueba que tuvieran. Después de unas ligeras manifestaciones de los señores Albizu Campos y Snyder el señor Juliá resolvió fijar una fianza de diez mil dólares a cada uno de los acusados. Considerando el jefe del nacionalismo portorriqueño que la sesión que se estaba cele- brando era una “sesión histórica” que habría de tener “trascendencia internacional por sus consecuencias” pidió que se llamara un taquígrafo para tomar las declaraciones que se hicieran en aquel momento.
Una joven, taquígrafa de la fiscalía, actuó como tal y se reprodujo nuevamente el breve juicio oral.
El señor Albizu Campos anunció entonces que él, ade- más de acusado, quería aparecer en récord como abogado de todos los demás acusados junto con los letrados Rafael Ortiz Pacheco, Gilberto Concepción de Gracia, Pedro Pimentel, Federico E. Virella, J.M. Toro Nazario y Julio Pinto Gandía, defensores de Dionisio Pearson. Los licenciados Cayetano Coll y Cuchi, Benicio Sánchez Castaño y Juan Valdejulli Rodrí- guez, que estaban presentes, se ofrecieron también para figu- rar en la defensa de los siete acusados. El nombre del licenciado Leopoldo Tormes García fué asimismo incluído en el récord.
Como primera cuestión para el récord, el señor Juliá preguntó al señor Albizu Campos si él a su nombre y a nombre del resto de los acusados, alegaba ser inocente o se declaraba culpable.
-“No culpable”- respondió el señor Albizu Campos.
HABLAN SNYDER Y ALBIZU CAMPOS
Señalada una fianza de diez mil dólares a cada uno de los acusados el fiscal Snyder argumentó en favor de la decisión del comisionado señor Juliá al así acordarlo, declarando que “la fianza impuesta era proporcionada a la seriedad del delito que se les imputaba a los acusados”.
“Para nosotros”, declaró el señor Albizu Campos, “la cuantía de la fianza impuesta no tiene importancia. Somos de opinión que la alegada gravedad de la acusación que se nos hace no debe servir de base para la fijación de la fianza, sino la certeza moral que se tenga de nuestra comparecencia ante este tribunal en la fecha y hora que se tenga a bien señalar. Nosotros somos hombres de honor, hombres sin miedo y hombres que saben dar la cara a cualquier situación y hacerse cargo de la responsabilidad de sus actos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Este es un caso histórico, único en la historia de las relaciones de Puerto Rico con Estados Uni- dos. El Gobierno de Estados Unidos a través de su Departa- mento de Justicia está tratando de traer por medio de este pro- ceso, ante este tribunal, a los hombres que presentan la oposi- ción en Puerto Rico contra el régimen norteamericano.”
El fiscal Snyder al oir estas palabras se sonríe y hace un gesto negativo con la cabeza, pero el señor Albizu Campos, gravemente prosigue:
“En vista de ese hecho, estos hombres, incluyendo al presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que es uno de los acusados, a la vez que abogado de los otros acusados, desean declarar que durante más de una semana han estado recibiendo información absolutamente confidencial y de fuen- tes inexpugnables reveladoras de que era el propósito deci- dido del Gobierno de Estados Unidos ordenar estos arrestos bajo cualquier pretexto y con el deliberado propósito de pro- vocar un desorden público en el que la sangre se derrame y sean matados estos acusados”.
El fiscal Snyder se opone a que se hagan constar en el récord esas palabras, pero el señor Albizu Campos le inte- rrumpe diciéndole: “Dejeme terminar y luego usted hace las declaraciones que desee.”
-“Muy bien, siga”- le contesta el Fiscal.
Prosigue el señor Albizu Campos: “Con esa información en nuestro poder y antes de que ninguna autoridad oficial de esta corte ordenara nuestro arresto, este acusado voluntaria- mente se personó ante este tribunal el día 4 de marzo a las ocho de la mañana y preguntó al fiscal, señor Snyder, si tenía contra él alguna orden de arresto; el fiscal nos dijo que no, que no poseía ni tenía orden alguna de arresto contra mí; visité entonces la oficina del marshal señor Draughon de quien requerí la misma información, pero el señor Draughon, al igual que el fiscal Snyder, también me declaró que en su poder no existía orden alguna de arresto contra mí; en la oficina del señor Snyder se encontraba en ese momento su auxiliar el fiscal Jorge Ortiz Toro, acompañándome el licenciado Rafael Ortiz Pacheco; el fiscal y yo sostuvimos una conversación en tonos muy cordiales sobre cuestiones vitales relacionadas con Estados Unidos y Puerto Rico y fué en el curso de esta conversación que le hice saber de los informes que teníamos al efecto de que agentes federales intentaban matarnos a la primera oportunidad; el fiscal me aseguró de la manera más formal que no existía ese intento de parte de los agentes federales y que cualquier garantía personal que yo pidiera él estaba en condiciones de dármela hasta donde se lo permitie- ran los poderes de la corte. Y para irme le dije al fiscal que si se llegaban a dictar esas órdenes de arresto para ejecutarlas no habrían de encontrar dificultad alguna de nuestra parte; el señor Draughon, a quien también impuse del intento de los agentes federales me dijo que me olvidara de eso pues él me aseguraba que nada de eso llegaría a hacerse.
“Fué en ese momento que los hice saber que sobre ellos descargaba yo toda la responsabilidad de un derramamiento de sangre y que la muerte de cualquier miembro del Partido Nacionalista lo más probable era que provocara una revolu- ción cuya responsabilidad colocaba en las autoridades de esta Corte.
“Le dije también al señor Draughon que yo estaba en condiciones de comparecer ante esta Corte a la primera lla- mada telefónica que se me diera o al primer mensaje telegrá- fico que se me enviara en ese sentido sin importarme la gravedad de la acusación que pudiera imputárseme y que yo podía de la misma manera responder de los demás acusados porque estaba seguro de que ninguno de nuestros hombres rehusaría asumir la responsabilidad de sus actos. Los nacio- nalistas nunca rehuyen la responsabilidad de sus actos. Para el mejor cumplimiento de los deberes de sus oficiales, les ofrecí que todos los medios les serían facilitados por nosotros, por- que la cuestión que hay envuelta en todo este proceso no es una cuestión personal contra ninguno de los oficiales de esta Corte, sino que había envuelta una cuestión de carácter inter- nacional. En cumplimiento de ese convenio fué que esta mañana, encontrándome yo en la Corte de Distrito de San Juan, donde, como es sabido, se está celebrando el proceso penal más importante que se ha registrado en la historia de nuestro pueblo, recibí una llamada telefónica para que viniera inmediatamente a la Corte, y acompañado de mi secretario particular, el señor Juarbe, he hecho acto de presencia ante las autoridades del tribunal”.
El señor Albizu Campos hizo un alto en su testimonio para señalar a varios de sus compañeros arrestados que esta- ban a su lado, los señores Juan Antonio Corretjer, Luis F. Velázquez, Clemente Soto Vélez y Erasmo Velázquez, diciendo de ellos que también habían venido voluntariamente a la Corte.
PALABRAS DEL SEÑOR CORRETJER:
El director de “La Palabra”, señor Juan Antonio Corret- jer, mientras prestaba la fianza de diez mil dólares que le fué impuesta, nos hizo las siguientes declaraciones: “Es inútil querer detener el nacionalismo revolucionario. Nosotros vamos a la independencia”.
LO QUE DICE COLL Y CUCHI:
El licenciado Cayetano Coll y Cuchí, quien figura como uno de los abogados de los siete acusados nacionalistas, se expresó así: “Esta es una política completamente equivocada que le hará mucho daño a Estados Unidos y mucho beneficio a Puerto Rico. Es mi creencia que si atropellan a los naciona- listas, el sentimiento íntegro del país estará del lado de los atropellados”.
HABLA BENITEZ FLORES:
El licenciado Manuel Benítez Flores, miembro de la Junta Central Liberal, nos hizo el comentario siguiente: “Nin- gún acto en Puerto Rico ha tenido jamás una significación más intensa ni una repercusión más amplia en América, especialmente en este momento en que se anuncia por el presidente Roosevelt la política de buen vecino”.
AL SALIR DE LA CORTE:
Cerca de la una de la tarde salió el señor Albizu Campos de la Corte Federal acompañado de los otros acusados y los amigos que acudieron a ofrecerle sus servicios y cooperación. Cuando la muchedumbre alcanzó a verle en la puerta de salida prorrumpió en aclamaciones y vitores a Albizu Campos y a la independencia. El jefe del nacionalismo echó a caminar a pie con dirección al Hotel Palace, en donde está hospedado provi- sionalmente mientras dure la celebración del juicio de Pear- son. Cuando se levanta la sesión por la tarde el señor Albizu Campos sale inmediatamente para su hogar en Aguas Buenas. Cuando llegó al Hotel Palace, en vista de que las gentes que le seguían deseaban que él explicara lo sucedídole en el tribunal, desde el vestíbulo de la puerta de entrada dirigió brevemente la palabra al público narrando todo el curso que había venido siguiendo su proceso ante la Corte Federal y de sus demás compañeros.
A UN REPORTER DE “EL MUNDO”:
“Este arresto significa la derrota del imperio de Estados Unidos en Puerto Rico”, dijo el señor Albizu Campos a un re- pórter de este diario que solicitó de él un comentario sobre la situación del momento. Y agregó: “Se ha confirmado el arresto, falta por confirmar el asesinato. Si éste se perpetra, vendrá inmediatamente la revolución”.
OTRO ABOGADO A SU SERVICIO:
Como a eso de las dos y quince de la tarde, el licenciado Ernesto Ramos Antonini, “floor” líder de la minoría liberal en la Cámara de Representantes, se entrevistó con el señor Albizu Campos en el Hotel Palace para ofrecerle sus servicios profesionales en la defensa de su causa y de la causa de los otros nacionalistas arrestados ayer por supuesta conspiración contra el Gobierno de Estados Unidos. El señor Albizu Cam- pos aceptó cordialmente el ofrecimiento de cooperación que le hiciera el señor Ramos Antonini.
ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA EL HOGAR DE ALBIZU CAMPOS
Cuando el señor Albizu Campos llegaba a la Corte Fede- ral en la mañana de ayer acompañado entre otros abogados y amigos, del licenciado Rafael Ortiz Pacheco, fué notificado de que en Caguas se estaban registrando los hogares de varios nacionalistas y que ya se había practicado un registro en la residencia del señor Erasmo Velázquez, secretario de la Junta Municipal Nacionalista de dicha población. Le habían llegado informes también en el sentido de que su hogar en Aguas Buenas habría de ser allanado, y en vista de esta situación instruyó al licenciado Ortiz Pacheco que saliera lo más rápida- mente posible para Aguas Buenas. El señor Ortiz Pacheco, al regresar por la tarde, informó a un compañero nuestro que el jefe Castilla, en unión del deputy marshal Bird, de la Corte Federal, habían ido a la casa del señor Albizu Campos con la orden de allanamiento, pero que no pudieron ejecutarla por- que su señora esposa, la doctora Laura Meneses de Albizu, luego de examinar la orden, notó que había un error en el nombre de la calle, pues parece que la orden señalaba la casa a ser registrada como en la calle “Huertas Abajo”, y la residen- cia en el pueblo del señor Albizu Campos está en la calle “Carmen”. Para que los agentes de la ley se percataran de que en realidad la orden estaba defectuosa en ese extremo, un grupo de nacionalistas que estaba por los alrededores de la residencia, llevó a éstos hasta la esquina para que vieran allí el rótulo en que aparecía escrito el verdadero nombre de la calle. El señor Ortiz Pacheco nos manifestó también que la señora Albizu Campos llamó la atención a los agentes de la ley indicándoles que tuvieran cuidado con lo que intentaban hacer, no fuera a resultar que el régimen que representaban los castigara por realizar un registro ilegal.
De acuerdo con la información que asimismo nos dió el señor Ortiz Pacheco, los agentes federales trataron de allanar la residencia de don Juan Caballero Flores, situada en el mismo barrio “Mulas”, donde vivía en el campo últimamente el señor Albizu Campos, pero por otro error en el nombre del barrio no pudieron llevar adelante el registro.
“¡SERENOS Y ALERTAS!”:
Un nutrido grupo de nacionalistas acompañó al señor Albizu Campos por la calle San José hasta el Hotel Palace cuando terminó ayer la sesión de la tarde del juicio de Dionisio Pearson.
Al entrar al hotel, el señor Albizu Campos, dirigiéndose a sus seguidores, les dijo: “¡Serenos y alertas!” Casi todos le- vantaron sus manos en señal de saludo y algunos quisieron aplaudir, pero el señor Albizu Campos cortó el intento diciendo: “No, no hay aplausos”.
La muchedumbre se dispersó y poco después el señor Albizu Campos salió en automóvil hacia su hogar acompa- ñado de su secretario particular, el joven Juarbe, y de su compañero de profesión, licenciado Rafael Ortiz Pacheco.
William H. MONTALVO, Redactor.