Por P. Albizu Campos
Más de 20 municipios se han definido pro Convención Constituyente inmediata de la República.
En solemne asamblea conjunta de todos los partidos políticos en Aguas Buenas, hace tres semanas, celebrada en el Ayuntamiento de la patriótica ciudad, bajo la presidencia de su Alcalde, Don Rafael González, se definió la voluntad nacional pro Convención Constitucional inmediata de la República.
Después de esa impresionante definición patriótica, se han celebrado actos imponentes en igual sentido en unos 20 municipios de Puerto Rico.
Además a diario vemos la espontánea manifestación pública en todos los municipios de la Nación.
Es indiscutible que la voluntad nacional exige la celebración inmediata de la Convención Constituyente de la República.
¿Qué factores están retardando el glorioso momento de la organización de la República a través del único medio existente, o sea la Convención Constituyente?
La lucha de partidos.
Nos referimos, por supuesto, a los partidos gubernamentales que han venido cooperando con el presente régimen.
Estos partidos persisten, después del reconocimiento formal que ha hecho el Poder Ejecutivo de Estados Unidos de la independencia de Puerto Rico, en continuar en la lucha estéril que han sostenido durante todo el régimen norteamericano y cuyo resultado no ha sido otra cosa que la ruina nacional.
El liderato de estos partidos no acaba de entender el cambio definitivo que ha sufrido el estatuto de Puerto Rico frente a Estados Unidos.
Hasta el momento en que el Gabinete de Estados Unidos bajo la presidencia de Mr. Roosevelt, reconoció el derecho de Puerto Rico a ser una nación libre, soberana e independiente, nuestra patria sufría una intervención militar bajo el imperio norteamericano y en esa situación la organización de partidos de cooperación con la voluntad de Estados Unidos, suministraba la maquinaria colonial para el desarrollo de la política intervencionista.
El Nacionalismo rehusó, como dogma de su acción, servir a esos fines y con el sacrificio de sus mujeres y de sus hombres, con la muerte de héroes y mártires, pudo obligar al imperio norteamericano a reconocer que la voluntad nacional de Puerto Rico era inconmovible que nuestra nación no se sometería nunca ni toleraría jamás la continuación del presente régimen; que Puerto Rico era una nación libre, soberana e independiente; y que era el deber de Estados Unidos, reconocer nuestro derecho en el concierto de las naciones libres, soberanas e independientes.
A nuestro reclamo ha respondido la opinión mundial, y muy especialmente la opinión unánime de las naciones de nuestra raza, donde Estados Unidos tiene intereses vitalísimos que pueden fijar su destino en la historia.
El presente Poder Ejecutivo norteamericano ha visto esos hechos con sentido objetivo y en busca de una solución permanente de las relaciones de Estados Unidos con la América Latina, ha resuelto reconocer el derecho de Puerto Rico a la independencia como una necesidad nacional.
Ya en el año 1906, el eminente dominicano, Exmo. Sr. Dr. Américo Lugo, en la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, levantó en nombre de la gran nación dominicana, la siguiente resolución: “Que en aras del bienestar de todas las Américas, Estados Unidos reconociera la independencia inmediata de Puerto Rico.”
La alta significación de dicha resolución se descubre cuando nos damos cuenta que en esa fecha no existía en Puerto Rico un movimiento abiertamente nacionalista, aunque el sentimiento pro independencia fué siempre lo que guió a la mayoría de la población.
La trascendental resolución quedó sobre la mesa porque no había reclamo definitivo de Puerto Rico.
La delegación norteamericana pudo arguir, con visos de razón, de que la voluntad nacional portorriqueña jamás se había pronunciado en contra de la intervención norteamericana en nuestra patria.
También es de recordar que la delegación norteamericana no se atrevió a combatir la proposición en su fondo y admitió decididamente el principio que envolvía dicha resolución, de que para el bienestar general de las Américas, no podían existir imperios en este hemisferio y naciones sojuzgadas en el mismo; y que Puerto Rico había que reconocerlo como una nación definida y por ese solo hecho con derecho a figurar en el concierto de las naciones libres de la Tierra.
Fieles a la verdad histórica, consignamos también que la delegación norteamericana no se pronunció en ninguna forma hostil contra ese reclamo legítimo que la excelsa delegación dominicana hacía, sin recibir ni siquiera una insinuación de ningún organismo o partido político existente en Puerto Rico.
Es decir, que el principio que envuelve el reconocimiento de naciones en su derecho a la independencia no es de la exclusividad de las naciones intervenidas reclamarlo para sí, sino que es reclamable por todas las naciones afectadas por la negación de ese derecho.
La América Latina ha visto en el caso de Puerto Rico la prueba absoluta del peligro que representa para su independencia el imperio de Estados Unidos. Especialmente ha caído esa realidad con rudeza terrible contra nuestras naciones hermanas del Caribe: Cuba, Haití y la República Dominicana.
Después del 1906, habíamos de contemplar la ocupación militar de Haití y de la República Dominicana y de otras naciones Centro Americanas. Por supuesto, continuaba la intervención formal en Cuba como régimen permanente nacional.
No estaba solo, pues el Dr. Américo Lugo, el eminente jurista dominicano, ni la sabia delegación que presidía, de la heroína nación creadora de libertadores, cuando, sin el consentimiento, sin la petición de nadie en Puerto Rico, reclamó formalmente ante la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro en 1906, como una cuestión vital al bienestar general de las Américas, que Estados Unidos reconociera la independencia de Puerto Rico.
En junio próximo probablemente se reunirá en Buenos Aires, en la Capital argentina otra Convención Panamericana, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos para establecer un régimen de paz permanente en las Américas.
La América Latina y el mundo entero sabe que Estados Unidos ha mantenido un estado de guerra contra Puerto Rico durante 38 años, estado de guerra que el Nacionalismo ha desenmascarado ante la opinión mundial y ante la opinión nacional portorriqueña, en tal forma que la repulsa nuestra está secundada por la repulsa de todas las naciones libres, y muy especialmente las naciones de nuestra raza.
Es una certeza que la delegación norteamericana a dicha Conferencia será interrogada por las delegaciones latinoamericanas sobre la situación de Puerto Rico bajo ese estado de intervención militar que ha culminado en el asesinato de héroes y mártires y en el encarcelamiento de patriotas.
Estados Unidos, consultando sus intereses vitales mundiales, y en previsión de ese momento decisivo para su historia, y para poder investir sus plenipotenciarios con su autoridad moral para que puedan ser portavoces de un ideario de paz internacional, ha declarado por voz de su Poder Ejecutivo que reconoce el derecho de Puerto Rico a constituirse en nación libre, soberana e independiente.
Sin esa declaración previa la delegación norteamericana al Congreso futuro de Buenos Aires no tendría entrada moral a dicho acto. Sus plenipotenciarios aparecerían manchados con los hechos que han traído la repulsa de la conciencia nacional y de la conciencia internacional, hechos realizados en Puerto Rico.
Estados Unidos, con ese reconocimiento de su Poder Ejecutivo de nuestro derecho de independencia, se coloca en una posición moral que hemos de reconocer francamente.
Toca a Puerto Rico dar prueba de su capacidad nacional para hacer respetar pacíficamente sus intereses y garantizar su existencia como nación soberana.
No podemos permitir que en Buenos Aires la delegación norteamericana pueda decir con visos de razón, que hemos sido indiferentes al reconocimiento de nuestro derecho a la independencia que ha impartido el Poder Ejecutivo de nuestra patria.
Para evitar eso hay un solo camino, y es la organización del poder legítimo de Puerto Rico. La organización inmediata de ese poder.
La nación entera, hemos señalado, se pronuncia en la necesidad perentoria de la celebración inmediata de la Convención Constituyente, que es el único medio que existe para la organización del poder legítimo de la patria.
Acabamos de señalar que la lucha de partidos; y de partidos coloniales, pretende mantenerse después del reconocimiento de la independencia de la patria.
Tal absurdo es imposible concebir, pero es un hecho real y positivo.
Es la única circunstancia dilatoria para la organización de la Convención Constituyente de la República.
Los dirigentes de esos partidos quieren perpetuar, ya en la República, los odios, los egoísmos inherentes de una política de esclavitud colonial.
Hemos de insistir con los directores de responsabilidad de esos organismos que no hay derecho a tal atentado contra la existencia de la nación.
Es de necesidad meridiana, es de necesidad perentoria, una tregua inmediata en la lucha de partidos que no tienen razón de existir en la República, y ya que nada han hecho en bien de la nación durante toda su existencia, deben cumplir con el deber de ayudar a la organización de su poder legítimo.
Sus directores y sus afiliados tienen su lugar de honor en la Convención Constituyente del poder legítimo de la patria, porque los honores inherentes a las ejecutorias patrióticas, la nación no los escatima ni tarda en conferirlos.
A la Convención Constituyente hay que ir con esa alteza de miras.
Todo frente unido pro Convención Constituyente, forzosamente tiene que combatir toda dilación para el advenimiento de la convocatoria de la Convención Constituyente; tiene que destruir la falacia inherente a prejuicios engendrados por odios inconfesables de que continúe una lucha electoral, cuyo resultado es la inutilidad plena para todos los que intervienen en ella y en grave perjuicio para los intereses nacionales.
Y en este caso se trata nada menos que de nuestra existencia como nación soberana e independiente.
Nadie tiene derecho, bajo ningún pretexto, a dilatar por un segundo, la constitución del poder legítimo de Puerto Rico.
La lucha electoral es inútil y perjudicial y es el deber de todo buen portorriqueño suprimirla inmediatamente, porque esa es la base de la reconciliación nacional.
Vayamos a la tregua de Dios; suspendamos las luchas de partidos, porque no hay necesidad de ellas y porque ponen en peligro el bien más preciado de la patria, su independencia.