Los representativos de Puerto Rico exigieron de la Monarquía española la abolición de la esclavitud, con indemnización o sin ella. El gobierno español se allanó a esa llamada de nuestra civilización cristiana y para transformar al esclavo en hombre libre, fundó la aldea rural, en sitio salubre y fértil, donde el hogar suyo gozaría de independencia económica y moral.
La esclavitud como régimen social queda implantada automáticamente cuando se priva al pueblo de la oportunidad para poseer en pleno dominio tierras donde fincar su hogar con independencia económica, inmune, como el castillo del patricio, a toda intervención del poder.
La invasión yanqui encontró a nuestra nación desparramada por fértiles valles en aldeas fundadas en sitios saludables, y bien organizadas para todos los servicios públicos, sociales y religiosos.
Al invasor no le convenía nuestra moneda, y forzó el cambio de ella por la suya con una pérdida de un cuarenta por ciento para nosotros y ofreciendo papel por nuestro oro, que trasladó a sus arcas, donde contribuye con su valor a la riqueza norteamericana. El papel que se forzó sobre la nación hoy ha depreciado casi en un cincuenta por ciento por el proceso de rápida decadencia del crédito norteamericano.
La economía yanqui rueda pendiente abajo, y el gobierno de Estados Unidos de Norte América lucha ahora por la estabilización de su moneda al valor depreciado que actualmente tiene. Nadie sabe, a juzgar por la opinión de los economistas más conocidos de Norte América, si será posible la estabilización al presente nivel o si habrá que seguir cuesta abajo hasta encontrar un descanso que aguante la pesada carga económica de aquella nación.
Basta lo observado para ver cómo la intervención yanqui ha destruído el capital líquido portorriqueño, colocando a la nación a merced de la usura bancaria norteamericana.
El régimen tiene una virtud, que es francamente explotador, y, así vemos como el mismo banco que en New York presta al cuatro por ciento, en Puerto Rico lo hace al nueve. Para legitimar esa usura, se mantiene como ley el préstamo al doce por ciento anual.
Es claro que no se puede conseguir dinero barato para empresa alguna portorriqueña. La industria para existir, tiene que ser a base de miserables salarios para el trabajador.
El gobierno de Estados Unidos de Norte América envió una comisión científica para inventariar nuestra riqueza nacional y precisar lo que debía reservar para sus nacionales y lo que tenía que destruir al quedar en manos portorriqueñas. Determinó la selección la demanda del mercado norteamericano. Esta se limitaba al consumo de tabaco y azúcar. El poder interventor resolvió entonces fomentar la producción exclusiva de tabaco y azúcar, levantó las corporaciones para ese fin, y empezó inmediatamente la demolición de toda otra riqueza, café, productos alimenticios, árboles frutales, bosques, etc., estimulando la espontánea destrucción de la agricultura, la riqueza centenaria nacional, por medio de sus métodos de propaganda, que impulsara a los terratenientes a sembrar tabaco en la altura y azúcar en la bajura, cultivos que requieren la destrucción total de todo otro plantío. La corporación yanqui pasó a ser el único banco de un agricultor reducido a completa esclavitud, porque se había privado hasta de la subsistencia más elemental, si se le negaba el crédito correspondiente.
La corporación refaccionaria fijaría también el precio del tabaco y del azúcar y así arruinó a sus colonos, que pasaron a ser mayordomos o peones en las fincas donde fueron dueños, o políticos de oficio adictos al mismo régimen interventor que los había arruinado.
Para acelerar el proceso de suplantación, el poder exoneró de contribuciones a sus intereses e hizo cargar con todo el peso fiscal al terrateniente nativo y al obrero con la contribución de consumo.
Estimuló los empréstitos y la carga pública a tal punto que actualmente el peso muerto fiscal sobre la nación es de treinta millones de dólares anuales, como totalidad de gastos insulares, municipales y amortización de la deuda pública, de los cuales el obrero paga veinte millones, vellón a vellón en contribuciones de consumo.
La nación carente de ingresos, para afrontar tamaña carga, ha ido liquidando sus capitales por la vía forzosa.
El latifundismo yanqui ha copado. Sesenta y cuatro mil te- rratenientes, que representan no menos de medio millón con sus familiares, han ingresado en las filas del proletariado.
En este concurso de obreros, han entrado la mujer, por necesidad terrible, y reducida por sistema la producción nacional a tabaco y azúcar, la competencia natural para encontrar trabajo ha sido tan encarnizada como la lucha por los puestos públicos llevando el salario a ser el más bajo del mundo.
La corporación refaccionaria dió estímulo a sus colonos para comprar las pequeñas parcelas donde vivían las clases de modestia económica, facilitándoles dinero para la maniobra, pero el colono no vió que para adquirir el dinero, hipotecaba todos sus bienes con una suma que le sería imposible pagar, porque el enemigo le regulaba a su antojo el precio del tabaco y del azúcar.
Se estimuló al nativo a creerse latifundista también, para una vez engordado, cortarle la cabeza.
El resultado ha sido que más de la mitad de los valores azucareros son yanquis en pleno dominio, o el resto está hipotecado a bancos yanquis también. Cierto es que andan por ahí algunos portorriqueños que se llaman azucareros, y que para mayor ironía hacen de portavoces de la esclavitud azucarera. Los yanquis que padecen de arrogancia estúpida no se confunden con las apariencias, y en la asociación de azucareros aparecen ocupando un papel secundario.
Dios quiera que la independencia se pueda proclamar antes de que los mandatarios portorriqueños del “trust” azucarero lo pierdan todo.
Las aldeas rurales fundadas en sitios saludables y tierras fértiles han desaparecido; el latifundio azucarero ha barrido con ellas como temible huracán arrojando a la población sobre las zonas urbanas, aumentando la competencia en el trabajo y con ello el desempleo, a tal punto que tenemos la más alta cifra de desempleados forzosos en el mundo o sea un setenta por ciento.
Arruinada la agricultura, quedamos a merced del mercado yanqui.
Puerto Rico es una plaza sitiada, y a sus moradores se les abastece con lo que quieren sus enemigos, a precio y calidad de su exclusiva conveniencia.
Existe un Departamento de Agricultura, pero que ninguna agricultura fomenta.
Para justificar lo que cuesta al contribuyente sostenerlo para que haga las investigaciones que le ordenen los azucareros, se entretiene en preparar para ser buenos peones a los hijos de los que no tienen tierras que cultivar, en las escuelas especiales que se llaman Unidades Rurales.
La corporación azucarera ha cerrado todos los puertos de la nación con la excepción de San Juan y Mayagüez.
Mayagüez sigue abierto merced a la industria explotadora de la aguja.
Ponce, el primer puerto de Puerto Rico antes de la invasión es hoy un montón de ruinas.
Con el cierre de los puertos ha terminado el servicio de cabotaje, y toda actividad marítima de importancia.
La nación no tiene ni entrada ni salida.
La corporación azucarera arruinó al comercio. Tiene sus almacenes distribuídos científicamente en sus colonias. Vende de todo. Lo importa en sus propios barcos. No paga ninguna de las contribuciones que soporta el comercio.
No paga en dinero para obligar al peón a comprar en sus tiendas. Recoge en esa forma el dinero que paga en jornales, haciendo un fabuloso negocio. Al terminar la semana al peón le sobra, a lo más una peseta que es lo único que puede gastar en un establecimiento cercano. Queda inmovilizado en el batey porque no tiene con qué hacer el viaje más corto.
El batey es un sitio malsano generalmente. El agregado tiene que ser un perfecto esclavo, dócil, y obediente a la voluntad patronal o lo ponen en la carretera, con su mujer y sus hijos en cualquier momento. Como no rigen las leyes para los azucareros, ni siquiera se respetan las disposiciones sobre la ley del deshaucio, la ley es la violencia. El gobierno entero, desde el Gobernador para abajo, está a disposición de la voluntad azucarera. No existe para el trabajador ninguna clase de garantías si vive en el batey. Tiene casi siete meses de invernazo sin entrada alguna.
Ganaban los trabajadores en esta industria, la más dura que puede imaginarse, en la zafra pasada un promedio de ochenta y cinco centavos diarios.
El gobierno firmó un convenio con los azucareros rebajando los salarios. Así lo ha confesado la misma Central Aguirre en una hoja suelta.
El gobierno y los azucareros constituyen una sola persona. El gobierno ha pactado consigo mismo y quiere imponerle a los trabajadores las condiciones que convengan a la industria azucarera. Ha movilizado a la Policía para intimidar a los huelguistas. En Guayama hay más de doscientos policías. Las carretas y trenes de caña pasan resguardados por la fuerza pública, porque mucho se teme a la huelga.
El gobierno es de rompehuelgas. La huelga que estaba difunta por la voluntad de los exlíderes oficiosos del obrerismo, hoy revi- vida, ha tenido éxito inmediato porque para estimular a los rompehuelgas les pagan un veinte por ciento más de lo que se dispone en el convenio oficial.
No obstante, la huelga está en pie en el sur y en oriente bajo la dirección de la Asociación de Trabajadores de Puerto Rico, que va sumando en su seno a todos los obreros de la nación en un movimiento salvador para el proletario y para la patria.
¿Qué piden los huelguistas? Algo muy modesto. Que no se trabaje doce horas diarias en ninguna parte; que se tome en cuenta que el costo de la vida ha aumentado duplicándose el precio de muchos productos de primera necesidad, pero el trabajador con resignación inexplicable se limita a exigir un cuarenta por ciento de aumento; que se le pague en dinero; que se cumpla la ley.
Cuando se dice que un trabajador ganaba ochenta centavos, en realidad se fija un salario de cuarenta y cinco centavos al tomar en cuenta la baja del poder adquisitivo del dólar.
El gobierno quiere imponer estas condiciones esclavizantes a los trabajadores que representan el noventa por ciento de la po- blación. Esta es la esclavitud azucarera impuesta a viva fuerza. Toca a nosotros abolirla.
San Juan, 18 de enero de 1934.