También, como parte de la alta política a seguir, tiene que tomar en cuenta, muy seriamente, a pesar de la fuerza invasora que pueda respaldarla, la opinión de la nación sometida, que no puede perder fe en la administración de justicia.
Comprendemos que es difícil para un portorriqueño ocupar un cargo en la judicatura si medita en la responsabilidad que contrae al aceptar el cargo.
Terrible dilema lo asalta; cómo respaldar incondicionalmente al régimen y al mismo tiempo ser leal con su patria de origen.
Por eso, aquellos compatriotas que no han comulgado con el plan de absorción norteamericana y, que han deseado ver a su país libre de extrañas intervenciones, han renunciado a sus cargos judiciales para dedicarse a defender la causa de la Independencia; igualmente, muchos anexionistas en la misma situación, han presentado su renuncia antes de lanzarse a predicar la estadidad, respetando así la opinión del país, que espera de sus ciudadanos, que, ante la dificultad de administrar justicia en un régimen irresponsable, no deben crearse escollos para el ejercicio de ese ministerio por la propaganda política de los jueces o funcionarios judiciales durante el ejercicio de sus cargos.
Este principio se ha impuesto y ningún transgresor ha escapado a la desautorización pública por su inconsulta actuación contraria al mismo. En general, la judicatura que este régimen imperial nos ha impuesto se ha adherido a este principio de elevada ética a pesar de la grave presión oficial que sobre ella se ha ejercido.
Este reconocimiento público se lo debemos todos, pese a las absurdas y antipatrióticas actuaciones de algunos jueces y funcionarios judiciales.
Estimábamos al señor Emilio Del Toro como hombre de suficiente ecuanimidad y carácter, quien, a pesar de sus ideas anexionistas, no sería jamás la persona que pretendería romper con esta severa norma.
Pero, a la reconvención general por su infortunado discurso de julio cuatro, ha contestado con un reto lleno de soberbia a la nación portorriqueña.
He aquí sus palabras: “Para exponer mis ideas no han sido ni serán obstáculos mis cargos judiciales”.
Espera con fervor “la completa libertad que disfrutaremos en no lejano día, cuando la estrella de Borinquen brille esplendorosa en la constelación americana como el símbolo de un estado más en el seno de la unión”.
Es imposible superar este canto a la anexión.
Mal que mal, queda admitido en su último discurso, rectificando a sus palabras de julio cuatro que es “limitada la libertad actual que disfrutamos”.
Muy limitada por cierto, señor del Toro. No es libertad, es tolerancia imperial.
Pero a renglón seguido, pretende justificar, nada menos que la intención del régimen vigente, alegando que ha de ser magnífica porque aquí se haya implantado el recurso de hábeas corpus y se sostienen escuelas.
Consideremos con frialdad esta afirmación. La escuela, lo mismo se establece para construir como para destruir. He ahí el por qué del grave conflicto entre las diferentes escuelas, conflicto histórico y contemporáneo. Los imperios en todos los tiempos y en todas partes plantan y siembran escuelas para desorientar, primero, y después demoler las nacionalidades sujetas a su fuerza. Ese es nuestro caso. El recurso de hábeas corpus, como todo otro recurso o disposición de la voluntad que impera en este país, es revocable en cualquier momento si así se le antoja al Congreso de Estados Unidos y puede ser suspendido por el Gobernador de la colonia o el Presidente de Estados Unidos, sin siquiera consultar al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué clase de garantía colectiva constituye eso? Ahora bien, el señor del Toro se dispone, a juzgar por sus propias palabras y sin la más leve preocupación a continuar su propaganda anexionista desde su poltrona de juez. El nacionalismo recoge su reto. No dará un paso sin que tropiece con la oposición más seria a su trayectoria nefasta para el país. ¿A dónde piensa llevar el señor del Toro a la judicatura con su ejemplo? Debe una contestación a la patria donde nació, aunque ésta, por ahora, se halle inerme para exigirle responsabilidades.
DE FRENTE A LA LUCHA. EL NACIONALISMO ES ACCION INMEDIATA
San Juan de Puerto Rico a 26 de julio de 1930
Lcdo. Luis Vergne Ortiz, San Juan de Puerto Rico.
Mi querido amigo:
¡Una orientación! Claman los políticos del convencionalismo. ¿Para qué una orientación? ¿Para triunfar en las elecciones? Se persigue esa única finalidad. Para el patriota no hay dudas ni titubeos. ¿La orientación? ¡A la Independencia! Sin transigir con el sometimiento. Sin tolerar la negación de la Patria. ¡Nada más intolerante que la verdad! Nada más intolerable que la negación de la personalidad patria. Su negación apareja todos sus males: derrumbe de su cultura; tutelaje político extraño y por la fuerza; explotación económica y miseria. Intransigencia ante las pretensiones de un poder exótico, que nos agarrota. Intransigencia ante los esbirros nativos que trafican con su propia personalidad. Aceptarían la esclavitud de buen grado si esta los mantuviera gordos. ¡Es Ud. uno de los “locos” por el Ideal de Independencia! Se requiere esa decisión terminante del carácter para redimir a Puerto Rico. Entraña el espíritu de sacrificio heroico. Nos debemos a nosotros pero también a la posteridad. Levantemos a nuestro pueblo de esa condición miserable de mendigo a que sus explotadores lo han reducido. De fente a la lucha: El Nacionalismo es acción inmediata. No tolera ni transige con la dominación de un poder extranjero.
Suyo en la Causa, P. ALBIZU CAMPOS
PEDRO ALBIZU CAMPOS INDEPENDENCIA ECONOMICA
EL NUEVO ARANCEL NORTEAMERICANO I Para colocar sus mercaderías en Puerto Rico, el Departamento de Comercio de Estados Unidos mantiene un negociado propio en esta capital. En cada ciudad importante de aquel país se sostiene un negociado por el mismo Departamento, pero con un propósito enteramente distinto: es para enseñar a los comerciantes e industriales norteamericanos cómo vender sus mercancías en naciones extranjeras. El negociado existente en San Juan jamás se ha dedicado a ilustrar a nuestro languideciente comercio, ya casi en quiebra debido a la competencia norteamericana, como pueda intervenir en la competencia internacional en la colocación de productos de Puerto Rico. Para el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Puerto Rico es nación extranjera. Este negociado suministra los datos necesarios al comercio norteamericano para destruir nuestro propio comercio y la competencia internacional. No ha mucho el jefe de este negociado declaró públicamente que el 90 por ciento del comercio exterior de Puerto Rico era con Estados Unidos y el 10 por ciento con otras naciones extranjeras; y que este 10 por ciento había que eliminarlo para que el comercio extranjero de Puerto Rico fuese exclusivamente con Estados Unidos. Todos sabemos las dificultades con que tropieza el importador de mercadería no procedente de Estados Unidos. Los trámites cada vez se hacen más difíciles. Cuando no es el Departamento de Agricultura o el de Sanidad el que inutiliza la mercadería, se exige cualquier requisito inesperado, pero viene la consecuente dilación en la entrega, en grave perjuicio del importador y, éste, gradualmente tiene que recurrir al mercado norteamericano para suplir las necesidades de la demanda nacional. Y todo esto a pesar de regir en Puerto Rico el arancel norteamericano. Pero ese 10 por ciento del comercio exterior que desea
absorber también Estados Unidos, no ha podido ser eliminado y ahora se ha aprobado el nuevo arancel que grava fuertemente casi todas las mercancías extranjeras de procedencia no norteamericana y necesaria para el consumo nuestro.
El primer efecto de la nueva ley arancelaria impuesta a nosotros ha sido elevar el precio de esas mercaderías por la diferencia resultante entre los tipos del viejo y del nuevo arancel.
Por supuesto, dificultada la importación de procedencia no norteamericana, por esta barrera insuperable, y con toda la máquina administrativa aduanera para contener cualquier posible entrada de procedencia no yanqui, en breve se satisfará el deseo de Estados Unidos de haber absorbido el 100 por ciento de nuestro comercio exterior.
Este es el efecto del cabotaje libre. Cualquiera creería que Puerto Rico habría de derivar algún beneficio. Pasa todo lo contrario.
El comercio y la industria de Estados Unidos tienen un monopolio absoluto del mercado de Puerto Rico. Monopolio que existe en virtud de la ley arancelaria impuesta al país, y también, porque la nación portorriqueña carece de poderes para defenderse de él. El poder político de Estados Unidos se utiliza en nuestra tierra para acaparar nuestra riqueza ya sea ésta agraria, industrial o comercial.
El resultado es el siguiente: el vendedor norteamericano impone precio especial para Puerto Rico, que es casi siempre el 10 por ciento, el 15 por ciento y hasta el 20 por ciento a veces, más alto del que rige para las mismas mercaderías en Estados Unidos, y hasta dos veces más alto que el establecido para esa mercadería destinada a otras naciones. Por ese sólo concepto, Puerto Rico paga un tributo anual a Estados Unidos cuyo promedio no baja de $10,000.00, sin tomar en cuenta que la mercadería que se lanza sobre el mercado de Puerto Rico es de segunda o tercera clase, o sea pacotilla.
Un arquitecto notable nos llamó la atención de que en Puerto Rico no se podía construir un edificio sin pedir los materiales directamente a Estados Unidos, porque de allí no venía al comercio nuestro mercancía de primera clase. Puerto Rico se considera lo que se denomina en la jerga comercial norteamericana junk marcket, o sea, mercado de pacotilla.
Si tomamos en cuenta que un 50 por ciento de esa mercadería no sería disponible en Estados Unidos ni en ningún mercado extranjero, y considerando que nuestra importanción rara vez desciende a $80,000,000 puede verse claramente la fabulosa ganancia y explotación que de nuestro comercio deriva la nación invasora.
Este es el alto tributo que pagamos por su ocupación militar.
Se ha hablado por los que no conocen las cuestiones arancelarias sobre los beneficios que Puerto Rico puede adquirir al colocar sus propios productos en el mercado norteamericano. Y, hablemos del azúcar.
Cuatro grandes centrales azucareras norteamericanas poseen más de la mitad de las tierras más feraces del país. Los beneficios que del azúcar pudieran derivarse son casi totalmente para el capital norteamericano. El dinero que eso representa jamás llega a Puerto Rico.
Las ganancias de estas empresas son extraordinarias porque además de la bonificación arancelaria de que gozan tienen el privilegio de pagar al fisco aquellas cantidades que a ellas convengan. El poder público jamás se ha atrevido a intervenir ni siquiera para determinar los bienes raíces que poseen, y los que declaran se los tasan a su gusto, y les cobran las contribuciones que buenamente quieran pagar porque el Procurador General o el Tesorero de la Colonia jamás se han atrevido a apremiarlas por la vía de remate en pública subasta. A estas horas nadie sabe los millones y millones que deben estas empresas al fisco.
En cuanto a los colonos, si el precio del azúcar es bajo, por supuesto están arruinados; y si el precio del azúcar es alto, se encuentran con que la cantidad de sucrosa en el jugo de la caña de sus fincas ha disminuido por efecto de un milagro desconocido.
Para evitar este fraude contra los colonos, a la legislatura de la colonia se le ocurrió nombrar a un químico sin ayudantes para que inspeccione todos los laboratorios de estos pulpos! ¡Ya sabemos lo que hará este pobre hombre! Hay algunos intereses nativos y de nacionalidad no norteamericana que poseen bienes dedicados al cultivo de la caña y factorías para la elaboración de azúcar. Estos se benefician del cabotaje libre. Constituyen, sin embargo, una pequeña minoría atacada por el fisco constantemente y asediada por los pulpos norteamericanos azucareros o bancarios que luchan por quedarse con sus fincas. La lucha, evidentemente, es muy desigual. Es innecesario hablar de sus consecuencias.
Pero este grupo representa los intereses nativos y no norteamericanos más desorientado en cuanto a la bondad del cabotaje libre. Se oponen tenazmente a un cambio de situación política, ya sea a la constitución de la República o a la conversión de Puerto Rico en una provincia norteamericana, “estado”, porque cualquiera de estas soluciones políticas terminaría con el régimen irresponsable imperante, y se unen a los intereses invasores, bajo banderillas atractivas como la autonomía para mantener el statu quo.
Son esos los intereses que dominan todos los partidos políticos de Puerto Rico, a excepción del Partido Nacionalista.
En cuanto al tabaco, todos saben que la mayor parte del capital invertido en esa riqueza es norteamericano. Quedan algunos terratenientes nativos, pero los compradores norteamericanos mantienen una perpetua conjura contra ellos para fijarle el precio de su producto. Así el valor de un quintal de tabaco en manos de un productor portorriqueño es menos de la cantidad que paga ese quintal a la aduana por derecho de importación. Es decir, que el producto en manos nuestras no vale nada.
Y si a esto añadimos que los tabacaleros nuestros y otros terratenientes nativos han caído en las garras del Banco Federal Agrícola que hoy los amenaza con ejecutarle sus fincas inmediatamente porque no pueden pagar los intereses y capital de amortización debido a la crisis creada por este sistema de explotación durante treinta años,
verá el país claramente que los intereses nativos tendrán que someterse incondicionalmente a las condiciones que les imponga el comprador yanqui. La industria frutera está en condiciones parecidas. El 60 por ciento del capital invertido es norteamericano: son los invasores los que se benefician del arancel, La industria más importante del país después del azúcar es actualmente los trabajos de tejidos y costuras hechos a mano. El capital, en su mayor parte, es también norteamericano, único beneficiado del cabotaje libre. Son nuestras mujeres las explotadas por esa industria. En honor a la Legislatura Colonial hay que decir que aprobó una ley de salario mínimo, que beneficiaba, directamente, a todos los obreros, hombres y mujeres, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos la declaró nula por ser anticonstitucional. Nuestras mujeres obreras como los hombres están sujetos a la misma vil explotación de este capital invasor, sin que haya poder político alguno para contrarrestar esa explotación. Es decir, que, ni por concepto de salario, deriva Puerto Rico, ningún beneficio del cabotaje libre. Es nuestra masa obrera otra gran mina que ha encontrado el yanqui a su paso. El llamado Partido Socialista del país, jamás se ha ocupado de este problema, cuya solución depende del status político, pero en lugar de defender a las masas obreras se ha hecho solidario abiertamente con el régimen colonial, predicando y defendiendo la “solidaridad permanente” entre Puerto Rico y Estados Unidos. Como esta industria de la aguja no ha podido concentrarse en pocas manos todavía, algunos portorriqueños se benefician del cabotaje libre. ¿Cómo anularlos?, es la pregunta que se ha formulado el Gobierno de la colonia. Con el aparente laudable propósito de fijar la identificación de los productos portorriqueños en Estados Unidos, el gobierno colonial ha hecho aprobar una ley de marca de fábrica. Todo producto nativo tendrá que llevar la marca que designe el gobierno para que su origen no se pueda poner en duda, y ese origen sea establecido sólo por esa marca. Vemos aquí la centralización en manos yanquis de esta industria. Esta medida en manos de un gobierno de buena fe serviría para levantar nuestra industria, pero en manos de un gobierno de mala fe como el que existe en Puerto Rico, se le negará la garantía oficial a quien no sea gracioso a ese gobierno o a los intereses que ese gobierno quiere imponer en nuestro país. Queda claro que, al absorber Estados Unidos todo nuestro comercio exterior, cesarán las importaciones de otras naciones extranjeras y desaparecerán totalmente las entradas de aduanas que hoy montan a la respetable suma de casi tres millones de dólares. A los autonomistas de buena fe le llamamos la atención sobre esta consecuencia del cabotaje libre entre Estados Unidos y Puerto Rico, que traería, por consecuencia,, la pérdida de entradas fiscales importantes, como resultaría si Puerto Rico fuese anexado como
provincia norteamericana, “estado”, sufriendo así todos los perjuicios de ese status político, sin ninguno de los beneficios que, constitucionalmente le acompañan. En nuestro próximo artículo analizaremos los propósitos que informan la ley creando el Negociado de Industria y Comercio. En resumen, con el cabotaje libre, y un arancel que excluye toda competencia extranjera, queda nuestra riqueza agraria, industrial y comercial a merced del poder económico más fuerte del mundo, que, además de su fuerza intrínseca financiera, se ha retenido en sus manos todos los poderes políticos en nuestro país, que, seguirá inerme a esta invasión a menos que haya una reacción de intenso nacionalismo que pueda sofrenarlo.
AUTONOMIA ARANCELARIA 1 Los intereses dominantes, en su mayoría norteamericanos, se oponen a la definición del status político del país y defienden por todos los medios el sistema de gobierno irresponsable que impera, alegando varios pretextos, pero en el fondo la oposición de este poder invisible se reduce a razones de carácter económico. Si el país lo funden en una provincia norteamericana, “estado”, cesa el dominio absoluto que hoy tienen de los organismos y funcionarios coloniales. La provincia norteamericana “estado”, tendría poder legal, en teoría jurídica abstracta para suprimir el absentismo y el latifundismo, y podría terminar con el abuso de imponer la carga fiscal sobre los nativos y pequeños propietarios, para obligarlos a vender sus fincas o ceder sus negocios a intereses invasores norteamericanos, que gozan del privilegio de pagar al fisco lo que a ellos convenga y cuando les convenga. Asumimos que ese poder es abstracto porque conocemos la fuerza de la plutocracia norteamericana y cómo explota a sus propios conciudadanos en el continente. El que quiera ver cuadros de miseria que se traslade a Nueva York, a Boston o a cualquiera otra urbe norteamericana. Nada puede esperar nuestra clase obrera del “estado”, que no sea la continuación de la presente explotación. Las dificultades políticas para extinguir a Puerto Rico en provincia norteamericana “estado”, son insuperables, tanto desde el punto de vista norteamericano como desde el nuestro. No nos interesa lo que opinen los norteamericanos sobre la solución “estado”. Es privilegio de ellos determinar quién puede formar parte de la familia yanqui. En cuanto a nosotros, baste decir que los portorriqueños no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho inalienable a constituirnos en una Patria libre, en ningún tiempo ni por motivo alguno. Fundir nuestra nacionalidad en la unidad norteamericana, sea ésta última, buena o mala, no es cosa que pueda considerarse seriamente por los que tienen un concepto claro de lo que es la nacionalidad. Su existencia define nuestra vida espiritual orientada espontáneamente hacia la civilización superior a que pertenecemos, y es la única garantía del bienestar material de nuestro pueblo. Sólo la República nuestra puede sentir las necesidades patrias, y remediarlas con el interés superior de hacerse digna de ocupar puesto de avanzada en la civilización contemporánea. Estos intereses conocen bien la imposibilidad de la conversión de nuestra patria en provincia norteamericana, “estado”. Se oponen a la propaganda que a eso conduce anticipando el posible mal de perder el
monopolio del poder político y material reinante, porque toda discusión del status político forzosamente lleva a desnudar los privilegios y atropellos existentes, y eso es restarle sueño a los que se enriquecen a base de la explotación sistemática de nuestras riquezas naturales y humanas. Por más engreído que se sienta un monopolio, aunque le respalde la fuerza norteamericana que actualmente garantiza la explotación de nuestra patria, pierde toda tranquilidad al recibir el internazo de la crítica analítica, especialmente cuando el sistema que le protege casi lo ha puesto en la posesión de la totalidad de la riqueza portorriqueña.
Y ese análisis es inevitable al discutir el status político. Es significativo que los directores del movimiento pro-provincia norteamericana, “estado”, se han lanzado a desacreditar su propio programa, propagando la falsa afirmación de que la provincia “estado”, no se podría sostener económicamente, apelando a la sordidez de los que tienen algo que perder. Por supuesto, el nacionalismo repudia esta solución política que considera suicida, pero amparado siempre en la verdad, no puede dejar de rechazar un argumento sin base alguna, y que sirve solamente para aumentar la desorientación que inhabilite al país para salir del coloniaje irresponsable, que es la verdadera finalidad que persiguen los que tal especie lanzan. Es de esperarse que esos intereses dominantes combatan la Independencia Nacional. En este caso la intención de mantener el coloniaje se hace absolutamente manifiesta. El país del cual extraen enormes riquezas anualmente lo presentan pobre y digno de la caridad norteamericana, que, dicho sea de paso, nunca ha desembarcado en nuestra tierra. Aparece embrollado sin posibilidad de redimirse. Se pretende hacerlo depender en lo económico exclusivamente del mercado norteamericano, y como corolario, señalan que cesaría el cabotaje libre al imponer aranceles propios provocando así la reciprocidad norteamericana, lo que determinaría la ruina del país. Hemos acusado al gobierno de la colonia de estar tolerando la ocultación de bienes en posesión de las grandes empresas norteamericanas, de tasarles sus bienes a tipos bajos, y de permitirles que paguen las contribuciones que ellas quieran y cuando les sea conveniente a sus intereses.
La proporción entre el volumen del comercio de un país y el valor total de su propiedad varía muy poco de nación a nación. El comercio exterior total de Estados Unidos, exportaciones e importaciones, asciende a la suma global de diez mil millones de dólares y la propiedad total monta a trescientos ochenta mil millones de dólares. La proporción es de uno a treinta y ocho (1:38). El comercio exterior de Puerto Rico da un total de ciento setenta y cinco millones y la tasación de la propiedad sube solamente a unos trescientos cincuenta millones. La proporción de uno a dos (1:2) ¡Y a veces ha ascendido de dos a tres!