…cubana: el Club Atenas de la Habana, compuesto casi en su totalidad de hombres cultísimos que son mulatos, negros o mestizos, y del brillante Grupo Minorista, casi integrado en su totalidad por elementos blancos.
Planteado este grave problema por nosotros francamente en la ciudad de Cienfuegos, en la noche del siete de diciembre del 1927, al clausurar la velada en homenaje a los mártires de la independencia cubana, aniversario de la muerte de Maceo, y a invitación de la sociedad cultural Minerva y de las autoridades de aquel importantísimo municipio, pudimos servir, por el amor que a la causa de la Independencia Patria que en aquel momento representábamos, de núcleo de la organización que habría de abordar con valentía, sabiduría y patriotismo, este grave problema que por sí sólo era suficiente para dar parálisis a toda actividad nacional cubana.
En la Habana tuvimos el inmerecido honor de un homenaje colectivo en la tierra del apóstol Martí, al cual concurrieron las figuras más brillantes de la intelectualidad contemporanea cubana, sin distinción de raza.
Esta política perversa había llevado a los gobiernos cubanos a preferir a elementos extranjeros, siempre que estos fueran blancos y a postergar a los elementos básicos de la nacionalidad por el sólo hecho de llevar sangre africana en sus venas.
Como no puede existir patria ni grande ni chica con semejante cáncer en la entraña, el nacionalismo cubano actual, que forzosamente es integral y no puede entender de otra cosa que no sea la unidad nacional, fundada en los principios de igualdad y fraternidad de los elementos étnicos que la integran, ya está empeñado en esta obra de renovación para revivir en carne viviente, los vínculos de amor que unieron en vida a Martí y a Maceo y que todavía los une en la eternidad.
Cuba forzosamente pasó a ser beligerante contra Alemania en la guerra mundial. Tenía que seguir el curso de su “protector”, Estados Unidos. Tal es la suerte de todo protectorado cuando el imperio se enfrenta con poderosos enemigos.
Las consecuencias de esa participación pueden ser fatales para el protectorado si el imperio que mantiene hegemonía sobre él sufre una derrota. Y si la victoria sonrie al “protector”, el protectorado nunca saca nada beneficioso para sí de esa contienda.
En lo económico, Cuba tuvo que hacer grandes sacrificios, mayores en proporción a su riqueza que los que hizo Estados Unidos. Cuando los norteamericanos imponían sus precios exorbitantes a sus mismos aliados para arrancarles la última peseta, velaron de que Cuba limitara el precio de uno de los productos más necesarios, y que constituyen la base económica cubana, o sea el azúcar, a ocho dólares quintal. La ganancia que Cuba hubiera podido hacer si hubiera estado libre de protectorado, hubiera sido fabulosa. Hay que tomar en cuenta, que, mientras los yanquis solicitaban para sí y para los aliados ese privilegio, nada en compensación se ofrecía a Cuba. La mercadería norteamericana necesaria para el consumo cubano llegó a precios exorbitantes debido a la gran demanda internacional que produjo la guerra en el mercado norteamericano. No es de olvidarse que la producción europea para exportación había disminuído enormemente, quedando muchas naciones del Nuevo Mundo, a merced de las exigencias del comercio norteamericano en ciertas mercaderías necesarias para su consumo. Así Cuba no pudo capitalizar el valor de su producción durante la crisis bélica a pesar de que el azúcar y sus demás productos eran imprescindibles para los beligerantes. Por su sacrificio en la guerra mundial, sin embargo, encontró Cuba su defensa contra el imperio norteamericano. Ratificó el tratado de Versalles cuando había sido repudiado por el Senado de Estados Unidos. Ingresó en la Liga de las Naciones frente a la oposición norteamericana. La posición internacional de la gran Antilla se reforzó. Cuba asestó un golpe maestro en la enmienda Platt. Su interpretación no podía ser ya según el capricho de los invasores. Nuestra hermana Antilla, como miembro de la Liga de las Naciones, puede actualmente mover esa poderosa institución mundial, por propio derecho, si Estados Unidos pretendiera lesionar sus intereses vitales, más allá de lo que prescribe el tratado que rige las relaciones entre las dos naciones. Interesadas las naciones que componen la gran Liga en contrarrestar la hegemonía norteamericana sobre Cuba, no han escatimado a ésta las posiciones que pudiese darle prestigio universal. Cuba ha correspondido a esa confianza nombrando para su representación en Ginebra y ante el Tribunal de La Haya a hombres doctos que, cumpliendo con el deber impuesto, han servido a la causa del patriotismo, ya sirviendo como jueces o árbitros en situaciones delicadas de la vida mundial, o presidiendo la Asamblea misma de la Liga de las Naciones. Prestigio adquirido es prestigio ensanchado. Así Cuba, del reconocimiento de su grandeza otorgado en Ginebra, pasó a ser la favorita de sus hermanas de América para que la Habana fuese la sede de los congresos Pan-americanos. Y mayor sería actualmente su ascendencia en el Nuevo Mundo si no fuera por los errores de yancofilia que hasta última hora estuvo exhibiendo el presente mandatario de la República. La posición adquirida, ha servido a Cuba para rescatar de las garras yanquis la Isla de Pinos después de larga lucha en que se creyó que la gran Antilla perdería sobre aquella preciosa Isla la soberanía a que tenía derecho. Cuba ha seguido negociando tratados comerciales con diferentes potencias, para su propia conveniencia, sin temer a las ingerencias norteamericanas. La opinión política yanqui, no ha mucho, se sintió alarmada ante las perspectivas de un consorcio internacional azucarero presidido por Cuba, que desgraciadamente no ha podido entrar en vigor, debido a la influencia negativa de los intereses holandeses. Cuando Estados Unidos interpretó el tratado postal en forma que lesionaba los intereses cubanos, la República hermana no titubeó en rehusar renovarlo, a menos que no se tomasen en consideración sus legítimos intereses económicos para gozar de la reciprocidad mercantil con Estados Unidos. Acaba de entrar en vigor el nuevo arreglo sobre bultos postales que permite colocar por conducto del correo, entre otras productos, cigarros, elaborados en Cuba. La influencia en la economía nacional de este nuevo acuerdo se ha hecho sentir inmediatamente con la confianza restablecida en las industrias afectadas. Al elevar Estados Unidos su arancel últimamente en la forma que ya hemos analizado y que le quita a Cuba todo el beneficio que pudiese reportar la bonificación recíproca arancelaria del veinte por ciento, la gran Antilla ha iniciado el programa de la nacionalización de sus riquezas. El capital norteamericano mismo dentro de sus fronteras, para su propia conservación, tendrá que seguir las normas que afiancen la solidez económica y política del país donde se han formado. El egoísmo del capital extranjero y sus ambiciones imperialistas disminuyen con la terminación del cabotaje libre. Colocar a la exportación nativa en las mismas circunstancias que la exportación de cualquier otro origen en el mercado norteamericano, obliga al capital yanqui, a contribuir como se ha dicho a la transformación de la economía cubana. Se prueba una vez más que para mantener la colonia económica se requiere el coloniaje político en cualquiera de sus formas: ya sea la anexión por la fuerza o el protectorado. Pero cuando el protectorado vuelve por los fueros de sus derechos políticos e internacionales de hecho termina con la ingerencia imperial en el orden político y por consecuencia en el orden económico. No en vano, el presente Ejecutivo cubano ha declarado que la enmienda Platt es un trasto viejo. Por supuesto, para llegar a esa posición envidiable se requiere estatuto internacional, o sea, tener el reconocimiento de la República Libre, Soberana e Independiente.
NACIONALIZACIÓN DE LA RIQUEZA EXTRANJERA
El cabotaje libre conviene solamente a la nación super-industrializada. Mientras dure esa superioridad de organización económica, se advoca el libre cambio. Esa superioridad le da dominio del mercado exterior, que se reduce a la exportación de productos manufacturados y de restringido número de materias primas super abundantes dentro de la nación. El grueso de las materias primas necesarias para la vida fabril, forzosamente las importa, que son procedentes de todas las regiones y climas, libres de derecho. Lo mismo se hace con los productos alimenticios.
La importación se limita a las materias primas y a los productos alimenticios, y a muy raras manufacturas que consumen solamente las clases más adineradas. Solamente ese último grupo de productos elaborados que constituyen un lujo, son gravados por el arancel. El resto de la importanción que forma la gran parte de los productos extranjeros entra al país libre de derecho.
Por supuesto, esta norma no se impone por bondad a los productos extranjeros sino, porque a los mismos intereses fabriles conviene la importación de materias primas libres de derecho, porque eso asegura su bajo costo, lo que representa ganancia sustancial. Y cuando los productos alimenticios ingresan libremente, el costo de vida para el obrero es más bajo y se le puede reducir su salario considerablemente sin provocar su rebeldía, en forma de huelgas, o en cualquier otro modo más enérgico de acción contra el capital que lo explota.
Cuando otras naciones organizan igualmente en el campo industrial, en las mismas especialidades fabriles, superándolas en ciertos aspectos importantes, obliga a la nacionalidad a variar su teoría del libre cambio. Tal es el caso de Inglaterra. Super-industrialización en comparación con las demás naciones del globo, le dió grandes ventajas. Limitada su importación a materias primas, a productos alimenticios, en las condiciones que hemos señalado, y a mercadería fabricada de excepcional calidad fabril, pudo mantener hasta recientemente una gran ascendencia en el mercado exterior con la exportación enorme de productos fabriles y de la materia prima super-abundante en su territorio como es el carbón de piedra, que fué sustituible no ha mucho, en la industria, por la fuerza hidroeléctrica y el petróleo.
La manufactura extranjera se ha hecho sentir inmediatamente en los mercados de consumo exterior, disminuyendo así la demanda de productos ingleses. Pero eso no es todo, sino que, en el mismo mercado inglés, muchas manufacturas extranjeras han penetrado produciendo grave competencia a las mismas especialidades británicas.
El resultado inevitable ha sido la presente grave crisis económica industrial porque atraviesa actualmente Inglaterra y que la obliga a cambios radicales en su política de libre cambio. Las repercusiones políticas y sociales de la crisis actual ha llevado al poder al Partido Laborista, sin que hasta ahora se haya encontrado las soluciones adecuadas para sortear las dificultades creadas fundamentalmente por la competencia fabril internacional. Estados Unidos, debido a la paralización parcial de la producción europea, adquirió grandes ventajas en ciertos mercados del exterior. Economistas equivocados norteamericanos creyeron que la ascendencia comercial de su país se debía a la superioridad de su organización económica.
Siempre los aranceles norteamericanos fueron muy altos para proteger la industria nativa contra la competencia externa. Pero a pesar de los altos tipos arancelarios, terminada la guerra europea, se hizo sentir la competencia extranjera dentro de sus propias fronteras arancelarias y empezaron a perder las ventajas que en los mercados extranjeros tenían. He ahí la clave de la miseria en Estados Unidos entre los obreros. Más de ocho millones se encuentran sin empleo actualmente. En la ciudad de Nueva York solamente hay más de un millón que no encuentran trabajo. Son pasto del hambre, la miseria y las enfermedades. El gobierno central, ante la impotencia manifiesta de todos los municipios, de los estados, provincias, ha tenido que intervenir haciendo una gruesa erogación, que ha resultado absolutamente insuficiente.
La clase media que se había arriesgado a los juegos de bolsa se vió arruinada por la súbita baja de los valores. Y como pasa en todo país organizado dentro del sistema plutocrático, ese estado de miseria general beneficia solamente a un reducido número de intereses que han acaparado las fuentes básicas de la riqueza: bienes inmuebles, comunicaciones, frentes marítimos, plantas industriales, minas, etc. A pesar de las declaraciones oficiales que la propaganda yancofila ha mantenido ante el mundo, el obrero norteamericano siempre ha estado sujeto a la explotación de estos grandes intereses, pero su pasividad natural lo había mantenido tolerando la vida miserable y espantosa de los “slums”, o sea, los barrios urbanos como los que existen en Nueva York donde la masa humana se encuentra hacinada en edificios sin luz eléctrica y que por su disposición, en pleno día, no entra la luz solar nada más que en las habitaciones con frente a la calle y la parte trasera de los apartamientos y los zaguanes y pasillos tienen que estar alumbrados con gas día y noche.
No se les pone alumbrado eléctrico porque cuesta más que el alumbrado de gas. En estas pésimas condiciones sanitarias, y tomando en cuenta el clima frío durante el invierno, estos barrios constituyen centros de constantes epidemias y de toda clase de enfermedades. La tuberculosis allí hace estragos. Los grandes intereses se niegan en absoluto a reformar las condiciones sanitarias que causan la muerte de miles y miles anualmente y ningún poder oficial puede alterar esa situación. Para aplacar los resentimientos populares, ya que casi dos tercios de la población de la ciudad de Nueva York, vive en esas condiciones, la filantropía norteamericana hace las simulaciones que todos conocemos por el bienestar público, pero los mismos “filantropos” que explotan a ese pueblo, se encargan de velar que las condiciones descritas no cambien. Y esa política, se mantiene, porque es la norma necesaria para reducir a la impotencia a la clase obrera para imponerle condiciones de vida y de salario, que las haga sumisas y dóciles al manejo de los grandes intereses. Este es el cuadro fidedigno de la vida urbana norteamericana que puede observar todo viajero no dedicado a la frivolidad sino interesado en los estudios fundamentales de la vida colectiva. En cada ciudad norteamericana existe una verdadera frontera de la miseria. Justa puesta están las zonas de los adinerados y de los infelices. Cuando vayáis a Nueva York, cruzad hacia el este la Quinta Avenida, asiento de la opulencia, para entrar en la zona del hambre, las enfermedades, el crimen y la muerte donde viven forzosamente más del setenta por ciento de la población de la gran urbe. La pasividad obrera ante esta enorme crisis del desempleo producido, como hemos dicho, por la competencia internacional y que se acenturará con las represalias arancelarias que vienen imponiendo las demás naciones a Estados Unidos en contestación a su último arancel, parece que ha llegado a su término. Fuertes corrientes subterráneas de revolución social se hacen sentir y la nación que se creía tan fuerte en lo material la vemos tan pobre como cualquiera otra sin poder dar pan, ni albergue, ni trabajo a tantos millones de sus ciudadanos. El caso de Inglaterra y de Estados Unidos ha demostrado que el libre cambio no es posible sin grave prejuicio de la economía nacional y sin poner en peligro la estructura social y política de la nación misma. Si esta es la situación que se les crea a estos poderes a pesar de la enormidad de sus recursos naturales y de su organización financiera, desearíamos saber cómo una persona que haya meditado un poco sobre estos problemas pueda creer por un sólo momento que el cabotaje libre pueda beneficiar a una nación sujeta al imperio extranjero, completamente atada, y sin poderes políticos de ninguna naturaleza, sometida a un régimen absolutamente irresponsable, sin que sea posible comparar sus recursos con los de la nación ocupante, pueda sobrevivir económicamente y en lo social y político dentro de la muralla infranqueable arancelaria del imperio ocupante. Tal es el caso de Puerto Rico frente a Estados Unidos. Hemos demostrado cómo el cabotaje libre lo que hace es fomentar la codicia del capital norteamericano hacia nuestras riquezas naturales y, cómo un sistema deliberado y dirigido por el gobierno de Washington se ha venido desplazando a los nativos en la posesión de sus bienes y sustituyéndolos por intereses invasores. Hemos visto también que la lucha por la autonomía política o por la Independencia absoluta ha tenido siempre por base la Independencia económica que no es posible sin la Independencia arancelaria y la terminación del cabotaje libre. Cuando una nación se enfrenta a otra gozando ambas de su Independencia política, el capital dominante en cada una de ellas que desea penetrar en la otra tiene que nacionalizarse donde reside. Hemos presentado el caso de Cuba. Estudiaremos la actualidad económica de Estados Unidos que obliga a su plutocracia invasora a nacionalizarse en países competidores de Norte América y cómo los mismos capitales norteamericanos, velando sólo por sus propios intereses e importándoles muy poco el bienestar de sus propios conciudadanos, se adaptan a la política de naciones rivales cuando éstas tienen el poder político suficiente para liquidarlos dentro de sus fronteras si no se constituyen en guardianes de su propio bienestar económico, político y social.
En el 1914 era todavía Estados Unidos nación tributaria. Grandes intereses tenía que pagar al capital extranjero invertido dentro de sus fronteras, especialmente a nacionales franceses, ingleses y alemanes. La guerra europea brindó a los norteamericanos la oportunidad para nacionalizar la riqueza extranjera que los dominaba. No fué posible a los aliados afrontar los pagos por mercaderías yanquis necesarias para la lucha frente al Imperio alemán y rápidamente sus valores fueron pasando a manos bancarias norteamericanas. Esta liquidación terminó en la conversión de Estados Unidos de nación deudora, en nación acreedora de todas las potencias aliadas por una suma que no baja de once mil millones de dólares. Aunque parezca paradójico, la incomunicación de Alemania con el exterior, debido al bloque Aliado, defendió sus intereses externos, porque no pudiendo hacer compras no tenía que hacer pagos y la liquidación de sus intereses extranjeros tuvo que llevarse a cabo por la violencia. Así se explica la declaración de guerra de varias naciones contra Alemania, y también la ley confiscatoria de bienes alemanes del Congreso de Estados Unidos que sometió a pública subasta a todos los intereses alemanes, dentro de sus fronteras. Para determinar su cuantía, basta decir, que sometidas a condiciones tan desfavorables, arrojaron un haber total de más de dos mil millones de dólares, sin tomar en cuenta el valor de su flota mercante confiscada como presa de guerra. Al filmarse el armisticio, Estados Unidos había quedado acreedora de toda Europa y en una posición ascendente, estimada definitivamente predominante por economistas errados.
De ahí surgió la ilusión de contínua prosperidad norteamericana. El supuesto milagro de los altos salarios y gran producción. Para su propia defensa, las naciones deudoras, empezaron inmediatamente a reconquistar su mercado exterior dándole la batalla a la exportación norteamericana. Al mismo tiempo restringían y siguen restringiendo la importación de productos norteamericanos. Las naciones que fueron neutrales durante la guerra, como España, tuvieron que adoptar las mismas tácticas de los aliados norteamericanos convertidos en tributarios económicos de Estados Unidos. El esfuerzo concertado por las naciones más fuertes contra la breve hegemonía económica de Estados Unidos, se hizo sentir inmediatamente en la economía norteamericana, que ha terminado en el presente desastre doloroso porque atraviesa actualmente la nación yanqui, sin que pueda predecirse a estas horas la posibilidad de una mejora cercana de su tragedia económica. El capital norteamericano, al llegar a su apogeo, y al encontrar barreras arancelarias restrictivas de la importanción norteamericana, se colocó directamente dentro de las fronteras de los Estados Unidos competidores, invirtiendo gruesas sumas de dinero en plantas industriales.
En el Senado de Estados Unidos, al estudiar actualmente la grave crisis del desempleo en su país, se han dado cuenta de que esta situación depende en parte considerable de la expansión de su propio capital. Son las propias fábricas norteamericanas instaladas en territorio extranjero protegidas por aranceles nacionalistas, las que hacen imposible la entrada dentro de esos territorios de productos norteamericanos. Y la cadena es fácil de formar: disminución en la exportación norteamericana, cierre de fábricas, obreros sin empleo por millones, inquietud social ante la miseria y el hambre, y el temor a la revolución. Ya hemos señalado la ruina de la clase media norteamericana debido a las especulaciones de la bolsa. Con el descenso de los valores, se ha hecho una liquidación nacional en Estados Unidos de los capitalistas más débiles, aumentando en grueso la clase proletaria, y restringiendo el número de la plutocracia concentrando el capital en una forma peligrosa para el equilibrio social.
El capitalismo extranjero ha podido reingresar dentro de las fronteras norteamericanas debido a esa misma baja. Hemos leído con gran interés la nueva penetración del capital inglés especialmente en la industria petrolera, hecho significativo, tanto desde un punto de vista económico como político-internacional. Esta situación no hubiera sido posible imponérsela a Estados Unidos, si sus competidores grandes y chicos no hubieran tenido independencia política. Cuando se goza de la plena soberanía y se sabe ejercer los poderes que esa privilegiada situación concede, el capital extranjero, si quiere continuar dentro de las fronteras nacionales, tiene que marchar al unisono con los intereses nacionales, aunque estos estén en conflicto con la nacionalidad de su propio origen. Tal es el resumen de la situación que acabamos de analizar. ¿Puede Puerto Rico nacionalizar la riqueza extranjera actualmente? Imposible. Explicaremos.
La nación no puede existir sin la posesión de toda su riqueza material. La agricultura, la industria, el comercio, las comunicaciones, franquicias y toda forma de riqueza tiene que estar en manos nativas para poder asegurar la vida de la nacionalidad. Las compañías de seguro, las instituciones bancarias, y todo organismo dedicado a la movilización de la riqueza, forzoso es que pertenezcan a intereses nacionales.
Si para adquirir independencia económica, dentro del coloniaje, hay que imponer la independencia política, por las armas, si fuere necesario, cuando la nación goza de su plena soberanía, para garantizar su existencia como estado independiente, tiene que nacionalizar su riqueza y no permitir que elementos extranjeros se adueñen de ella.
La vida moderna, a pesar de las relaciones internacionales económicas no ha podido alterar fundamentalmente este dogma que garantiza la existencia misma de la nacionalidad. Ni el intercambio comercial ni el flujo y reflujo de las emigraciones han podido imponer un criterio distinto a los estadistas dirigentes de naciones libres o sometidas a imperios.
Cuando la nación tiene poca población y gran extensión territorial y cuantiosas riquezas materiales, es natural que estimule la inmigración extranjera. Pueden venir hombres o capitalistas extranjeros.
La posesión de bienes raíces, el otorgamiento de franquicias de cualquier naturaleza, se condiciona siempre, cuando de un extranjero se trata, de que éste, antes de recibir tal derecho, o se haga ciudadanos nativo previamente, o formule las declaraciones de rigor ante tribunal competente de que tan pronto llene los requisitos de residencia, renunciará inmediatamente a su ciudadanía de origen.
Cuando se otorgan estos privilegios a personas jurídicas o naturales extranjeras, porque así los intereses nacionales lo demanden, siempre se sientan las condiciones, de que la concesión, dentro de plazo fijo, forzosamente vuelva a manos nativas.
Este apego a los intereses materiales de la nacionalidad lo impone la necesidad misma de la existencia física de sus ciudadanos. El principio es inalterable. Es indiscutible. La vida misma del país así lo demanda.
Por supuesto, para la comprensión de este dogma de economía politica se requiere la comprensión de lo que es la nacionalidad. No sólo es la unidad étnica, cultural y religiosa de la sociedad humana, sino también la comunidad de sus intereses materiales sobre un territorio determinado, en el cual sus propios hijos sean dueños y señores.
Cuando la nacionalidad se vuelve invasora, niega este derecho a los habitantes del país que ocupa por la fuerza dentro de su teoría de conquista. Su expansión política lleva como motor su expansión económica, o sea, aumentar la riqueza en manos de sus propios ciudadanos y así poder ensanchar la base material de su existencia como potencia.
A converso, la nacionalidad atacada, tiene que establecer inmediatamente la defensa de sus intereses materiales, que es lo único que se trata de adquirir con la conquista militar y naval de los imperios. Las invasiones por razones de desinterés no han existido nunca en la historia humana. Cuando la nacionalidad se siente poderosa adquiere las pretensiones de hegemonía, primero sobre sus vecinos inmediatos, después sobre el continente donde está emplazada, y finalmente, para colmo de su locura, pretende dominar al mundo. La adquisición de los bienes materiales de los países al alcance de su poder militar le parece, no ya una conveniencia, sino una imperiosa necesidad. Sin ese dominio se cree imposible la existencia del imperio. Por supuesto, todo imperio fundado en la fuerza como única justificación tiene que caer en esos absurdos que le cuesta finalmente su propia existencia. Las restricciones contra el extranjero en la adquisición de bienes raíces y franquicias vitales se imponen para evitar que sirvan de puente dentro de la nacionalidad a la invasión del imperio que representan. En nuestra América ibérica, donde después de la guerra de la independencia, no se consideró a la Madre Patria más como imperio sino como fuente de la existencia misma de nuestras nacionalidades, estas limitaciones no se impusieron a sus súbditos. Pero el principio quedó en pié. Hubo siempre la seguridad de que la Colonia española se convertirá en parte integrante de la misma nacionalidad. El ejemplo llevó a algunas de nuestras repúblicas a hacer idénticas concesiones a otros ciudadanos de origen no ibérico. La experiencia ha sido de que éstos no son asimilables. Se muestran gregarios, enconchados, agresivos y absorbentes, que no han titubeado en colaborar con sus respectivos gobiernos en poner en peligro la existencia misma de la república. Tal es la dura experiencia continental recibida de la conducta de estos elementos, especialmente de las colonias norteamericanas. La historia de la Guerra Hispanoamericana debiera ser ya de todos conocida. A fines del siglo diecinueve ya el capital norteamericano había salido de sus fronteras. Tomó asiento en Cuba. Interesó a su gobierno en la adquisición de las Antillas, no ya para fines estratégicos exclusivamente sino por la riqueza enorme contenida en el precioso archipiélago. Se fraguó la guerra. Puerto Rico cayó bajo el imperio norteamericano. Lo primero que hizo el invasor fué examinar detenidamente con sus peritos nuestra riqueza material, agraria, minera, industrial, comercial y bancaria. A todo echó mano inmediatamente. Como medio compadecidos de nuestra condición indefensa, aprobaron una resolución conjunta en su Congreso prohibiendo que ninguna corporación dedicada a la agricultura poseyera más de quinientos acres. Pero esta consideración pronto dejó de preocuparles y en treinta y dos años han acaparado más del ochenta por ciento de la riqueza inmueble de todo el país. El resto será suyo también en breve plazo si no se interpone una resistencia colectiva a su avance. Lo mismo ha sucedido con las demás fuentes de riqueza: comercio, bancos, industrias, comunicaciones, etc. Ante la ilusión de que la bandera norteamericana era símbolo metálico, los portorriqueños se dispusieron a darle toda la facilidad a los invasores para que adquirieran ese enorme poder económico dentro de nuestro país. Se olvidaron de que en el 98 éramos dueños de nuestra propia riqueza. Estaba en nuestras manos casi totalmente. Esa era la base de la vieja felicidad colectiva que se ha extinguido. Era forzoso una política agresiva ante esa penetración para ofrecerle toda resistencia posible. Los filipinos, quienes han pasado por nuestra propia experiencia, establecieron la norma que nosotros abandonamos. Y ya que se encontraban inermes militarmente frente a los yanquis se resistieron a prestarles ninguna cooperación en el campo económico. No ha mucho una gran empresa automovilística yanquí pretendió adquirir grandes porciones de terreno para sembrar caucho. Antes de formular su petición a la Asamblea Legislativa Filipina regaron su propaganda vulgar de que iban a salvar a los filipinos, a fomentar su bienestar, a enriquecerlos. Pero los filipinos que no son ni traídores ni tontos, se negaron a las pretensiones de este pulpo. Y Quezón, el noble patricio tagalo, terminó con la ilusión de la necesidad de darle entrada al capital invasor con estas palabras lapidarias: “Cada dólar norteamericano que se invierta en Filipinas es un clavo que se remacha sobre el ataúd de la Independencia”. Nuestros directores, imprevisores, abandonados, inconscientes de la responsabilidad patria, y algunos de ellos verdaderos traidores, sembraron por todas partes la falsa teoría de la cooperación con el capital invasor, política que nos ha llevado a la ruina total. No podemos ante esta tragedia cruzarnos de brazos. El país tiene que reconquistar sus bienes materiales. Ni Estados Unidos ni sus ciudadanos tienen derecho a desposeer a los portorriqueños de la riqueza nativa. Esto es nuestro, y si de ello se nos ha despojado, es nuestro derecho y nuestro deber reconquistarlo inmediatamente. Analizaremos la inutilidad del presente régimen político para llegar a esa salvadora finalidad.
Desde el mismo momento de la invasión norteamericana, se sentaron las bases legales para nuestro despojo colectivo. En el Acta Foraker, decreto del Congreso de Estados Unidos, por el cual se pretendió regir los destinos de esta nacionalidad hasta el año 1917, se reconoció un cuerpo político denominado El Pueblo de Puerto Rico, integrado por nativos de ciudadanía propia y de norteamericanos. La pretensión de asimilar a los norteamericanos residentes al cuerpo político nuestro llevaba consigo la intención de concederles, no ya la igualdad de derechos para adquirir toda clase de bienes en nuestro país sino, también, reconocerles el privilegio para hacerse dueños totalmente de todo lo de valor existente. Esta disposición fué interpretada por los anexionistas como un deseo de buena fe por parte del gobierno norteamericano de hacernos una sub-división federal llamada Estado. Para ello, aparentemente, se sentaban las bases de igualdad jurídica entre los invasores y los ciudadanos de Puerto Rico. Y hemos dicho aparentemente, porque en realidad lo que sucedió fué concederles a los norteamericanos el privilegio de dominarlo todo. Hubiera reciprocidad si la maquinaria administrativa no hubiera estado dominada como hasta ahora lo ha estado por el gobierno de Estados Unidos, que se retiene todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, tal como pasa siempre en un gobierno irresponsable como el que existe en Puerto Rico. Los residentes norteamericanos y los no residentes, por medio de personas jurídicas, corporaciones, han sido sistemáticamente privilegiados para que pudieran adquirir a expensas nuestras todos nuestros bienes y desplazarnos definitivamente en la posesión de las riquezas nacionales. No es extraordinario el caso. Es la repetición de la vulgaridad que señala la experiencia colonial. El monopolio del poder político es para establecer el monopolio del poder económico. Hubiera habido igualdad entre los invasores y nosotros, si Estados Unidos nos hubiera concedido el monopolio del poder político en unos de sus “estados”, provincia, donde hubiéramos podido, por medio de ese poder, desplazar a los norteamericanos residentes en la posesión de toda clase de bienes. Y para que la igualdad fuera perfecta, la provincia cedida para ese propósito hubiera tenido que ser tan rica como nuestro país. Donde no existen poderes políticos como pasa dentro del coloniaje que aquí impera, no es posible la nacionalización de la riqueza extranjera, porque para ello se necesita gozar de soberanía en el sentido estricto del término: legislativa, ejecutiva y judicial. Se requieren las leyes que favorecen a los intereses nativos y prohiban la entrada de intereses invasores o dificulten la permanencia de intereses extranjeros ya establecidos; el Ejecutivo tiene que dedicarse al cumplimiento estricto de estas leyes con el celo patriótico que las informa, rodeándose de personal dispuesto a hacer respetar los derechos del país; y finalmente, los tribunales tienen que interpretar estas disposiciones legales con ese espíritu de conservación nacional y no pueden abrir brecha en sentencia alguna que favorezca la continuación de intereses invasores o mayor penetración de los ya establecidos. Solamente la República independiente puede resolver estos problemas. Los incondicionales que pretenden negar el coloniaje existente no se atreven dar explicación alguna al despojo total que de su riqueza ha sufrido el pueblo de Puerto Rico durante esta ocupación militar norteamericana que todavía dura. Se amparan para justificar ese atropello inaudito, no en un principio jurídico alguno, sino en un fatalismo económico, que, según ellos, obliga a las nacionalidades débiles a entregar sus bienes materiales al poder que las somete por la fuerza. Tan pronto un hombre se refugia en el fatalismo es porque ha dejado de pensar. Un estudiante cualquiera de economía elemental sabe que existen poderosas naciones que tienen en sus fronteras a Estados pequeños, que, gozando de su independencia política, son competidores temibles en la lucha económica. Basta ojear la situación europea. Bélgica, Holanda, Dinamarca, limitándonos a citar solamente tres de las muchas naciones pequeñas de Europa, son rivales económicos de los grandes poderes como Francia, Inglaterra y Alemania. El secreto es su independencia política. A última hora, se ha querido negar el coloniaje impuesto a nuestro país, alegando que, habiendo el Congreso de Estados Unidos impuesto su ciudadanía a los portorriqueños, por ese solo hecho no cabe decir que existe aquí el coloniaje. Señalemos que este argumento admite implícitamente la existencia del coloniaje yanqui desde la fecha de la invasión en el 1898 hasta el año 1917, cuando se pretendió imponer a los portorriqueños colectivamente la ciudadanía norteamericana. ¡Los incondicionales admiten que hemos sido víctimas de un coloniaje yanqui por lo menos durante diez y nueve años! Por supuesto no admitimos la validez de esa imposición de ciudadanía porque a Puerto Rico no lo obliga el Tratado de París firmado entre España y Estados Unidos, y forzosamente, tampoco obliga a nuestra nacionalidad ningún acto posterior a dicho tratado, llevado aquí por el invasor, y mucho menos, una pretensa ley que imponiéndonos su ciudadanía tiene la osadía de negarnos nuestra ciudadanía natural y nuestra personalidad nacional. Ya un norteamericano residente en Puerto Rico, el señor Walter Mck Jones ha declarado públicamente las razones que tuvo el gobierno de Estados Unidos para aprobar esa ley de la ciudadanía. Razones de guerra. Era el año 1917. Todavía Alemania era un imperio muy respetable. Hasta esa fecha, como no éramos ciudadanos de Estados Unidos, nuestra personalidad estaba formalmente reconocida por el mismo invasor y la ocupación militar se mantenía con toda su rigurosa formalidad jurídica.
Si bien durante esos primeros diez y nueve años de ocupación militar se dedicaron los invasores al despojo económico nuestro, el coloniaje no había sido formalizado en cuanto a las personas naturales. El imperio se extiende concediendo su ciudadanía a los individuos y negando reconocimiento a la nacionalidad que ellos forman. Y el imperio se contrae cuando se impone el reconocimiento de la nación invadida por él y cuando se anula por ese mismo reconocimiento la ciudadanía que extendió a los naturales de la nación que estuvo oprimiendo.
Los jamaiquinos son súbditos ingleses pero Jamaica es una colonia británica, una factoría azucarera. Escogemos el caso de Jamaica porque tiene un área territorial mayor que la nuestra y allí impera el mismo régimen político y económico existente entre nosotros. Es el espejo en el cual podemos mirarnos.
Existen allí cuerpos administrativos y legislativos que son estrictamente mandatarios del imperio. Exactamente pasa entre nosotros. Pero no existe reconocimiento de la nacionalidad jamaiquina.
La extensión de la ciudadanía por un imperio a los naturales de una nación invadida por él es con el propósito deliberado de atomizar su resistencia colectiva. Así se disuelve formalmente la nacionalidad. El imperio en lugar de tener de frente a un país constituído con organismos gubernativos exclusivamente responsable a los gobernados, y que pueda ofrecerle resistencia a su política, tiene a una masa de “ciudadanos” suyos, dispuestos a cooperar con su política para destruir la nacionalidad que esos mismos naturales constituyen.
Carentes de personalidad colectiva, estos “ciudadanos” jamás pueden hacer reclamo al imperio que no sea individual, y ya sabemos que el individuo frente al imperio es absolutamente impotente.
La ciudadanía imperial ha sido atractiva siempre a algunos de los naturales del país invadido, por aquello del apotegma político que dice: que a los hombres no interesa tanto la libertad como formar parte de un ejército vencedor, aunque sean esclavos en ese mismo ejército.
Tal es la historia de todos los imperios pretéritos y contemporáneos. Su expansión se debe a la atomización de las nacionalidades que ocupen militarmente concediendo su ciudadanía imperial a los naturales; y su destrucción es forzosa cuando los naturales repudian esa ciudadanía imperial y vuelven por los fueros de su ciudadanía natural, que no es valedera sin establecer la independencia política de la nacionalidad que ellos forman.
Tal es la experiencia de Puerto Rico bajo el imperio de Estados Unidos. Este coloniaje que ha arrasado con todos nuestros valores.
La ciudadanía imperial se impone a los naturales de una nación sometida, solamente con el propósito de disolver a la nacionalidad víctima de la fuerza y para consolidar el régimen militar a que se le somete. Después de aprobada el Acta Jones por el Congreso de Estados Unidos que consignó los poderes de la legislatura territorial sobre la gestión de la riqueza y su desarrollo cultural y político, tuvo que favorecer la posesión de bienes en manos de residentes de buena fe, y la legislatura territorial acusa una política uniforme de hacer onerosa la posesión de bienes en poder de los no domiciliados. Esta norma se hacía forzosa para defenderse contra sus propios conciudadanos norteamericanos residentes fuera del territorio, aunque pretendieran adquirir bienes, ya como personas naturales o por medio de organizaciones corporativas. No pudiendo prohibir de plano esta adquisición de bienes por parte de los no residentes, la iniciativa se limitaba a aligerar la carga contributiva para los residentes. El sistema desarrollado surtía a la larga los efectos que se deseaban.
Esa es la lucha de los norteamericanos contra sus propios hermanos continentales.
El Congreso norteamericano tenía, en cada territorio continental, en virtud de la constitución de su país, los derechos legislativos que aquí pretende ejercer por la fuerza. Como la iniciativa territorial implicaba un fomento nacional, y como los poseedores residentes eran sus propios conciudadanos, el Congreso estimuló esa iniciativa mientras requería gran heroísmo poblar los territorios. Creada la riqueza territorial, surgió en el Congreso imperial la fuerza de los poderes económicos centralistas, que desde Wall Street y los grandes centros financieros del Este, pretendían explotar a sus propios conciudadanos que vivían bajo un régimen territorial irresponsable a merced de los poderes centrales.
Se estableció la lucha entre los pulpos imperiales que querían dominar el congreso y los territorios sujetos a la voluntad de ese mismo congreso. La población territorial se dió cuenta de que para salir parcialmente de esos poderes absorbentes, tenía que recurrir a convertirse en provincia nacional, “estado”. El proceso requirió la violencia como necesidad de defensa. Nadie se desprende de un monopolio voluntariamente.
Y para ilustración, vamos a usar el caso del territorio de Arkansas. La legislatura territorial pidió al congreso nacional la aprobación de un “Enabling Act”, o sea una ley que le permitiese celebrar la convención constituyente para trasformar el territorio en provincia, “estado”. La solicitud fué denegada por el congreso.
Los poderes territoriales por su propia voluntad, celebraron la convención constituyente para ese propósito y eligieron sus representantes y senadores al congreso nacional. Apelaron a la violencia contra toda autoridad federal dentro del territorio que no quisiera reconocer la voluntad territorial.
Ante la crisis política planteada, el congreso, entonces, tuvo que facilitar los trámites para el reconocimiento de Arkansas como provincia “estado”.
Esta ha sido la lucha agria de hermano contra hermano, de la misma nacionalidad. Los que creen que van a conseguir la conversión de Puerto Rico en provincia norteamericana, “estado”, por medio de la adulación y del sometimiento, están muy equivocados. Para llegar a esa finalidad, aunque suicida, los defensores de la estadidad tienen que dedicarse desde ahora mismo en la forma más agria y violenta a combatir todos los intereses norteamericanos establecidos en Puerto Rico. Esos intereses no han de renunciar a su condición privilegiada actual y no permitirán ponerla en peligro alguno por ningún cambio político. Toda cooperación con ellos refuerza su presente monopolio y estabiliza el régimen irresponsable que impera.
Toda supresión de su influencia destruye su interés en el país y facilita, por supuesto, los cambios políticos necesarios. Cuando el territorio continental pasó a provincia “estado”, encontró que la voluntad territorial había sido burlada por nuevas combinaciones financieras de los intereses que dominan a aquel país. Oportunamente analizaremos este aspecto del imperialismo interno yanqui.
Aunque para los fines de nuestra explotación, ellos son carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, la realidad es otra, somos enemigos enfrentados a ellos con todas las desventajas que implica la disparidad de fuerzas en la actualidad.
Como aquí no había nada que fomentar, y ellos, los invasores, encontraron una nación hecha, mucho más adelantada que la gran mayoría de sus provincias “estados” y comparable favorablemente con cualquiera de sus “estados” más avanzados no se estimuló la iniciativa legislativa colonial para fomentar la riqueza nativa, sino que se inició violentamente el proceso de desposesión nativa.
Admitido que no existe poder legislativo dentro de ese régimen colonial, se nos ha preguntado si el cuerpo que legisla para Puerto Rico, o sea el Congreso de Estados Unidos, no podría ser movido a decretar las leyes necesarias para que los puertorriqueños retrotraigan a su poder los bienes que han pasado a los invasores. Se ha indicado que en ese congreso tenemos una representación establecida por la voluntad del mismo, esto es, un comisionado residente, que pudiera influir en sus deliberaciones.
En primer lugar, es pueril asumir, que ese congreso norteamericano, que desde la fecha de la invasión hasta ahora ha impuesto su voluntad legislativa en nuestro país, organizando el sistema de desplazamiento del nativo por el invasor, y afianzando el régimen de explotación imperante, tenga interés alguno en destruir su propia obra con la cual se ha enriquecido, la nación norteamericana.
El congreso de Estados Unidos tiene una intención definitiva y preconcebida: mantener el régimen actual para beneficio exclusivo de los invasores.
Cuando nuestro país está adormecido, el congreso yanqui no se preocupa. El régimen explotador funciona entonces maravillosamente. Pingües beneficios deriva la industria y el comercio norteamericanos de este mercado nuestro que ocupa el sexto lugar en las relaciones mercantiles internacionales de Estados Unidos, ascendente a la gran suma de doscientos millones de dólares anuales. Monopolio mercantil que retiene sin preocupación alguna, porque no es posible ninguna competencia internacional debido a la muralla arancelaria.
Muy distinta es la situación del comercio y la industria norteamericana en cualquier otro mercado del mundo. Allí tropieza con agria competencia internacional. El nativo, como vendedor o como comprador, tiene mercados para escoger y hay que ofrecerle condiciones ventajosas para asegurar una operación comercial con él. Para comprender esto, es preciso visitar a cualquier país suramericano donde la competencia internacional es agria y sistemática.
El Congreso de Estados Unidos no va a alterar un estado de cosas que el mismo ha creado para beneficio exclusivo del poder imperial. La presencia del comisionado residente de Puerto Rico en la Cámara baja de ese Congreso, en nada ha influído para alterar estos hechos. En primer lugar, el comisionado no tiene ningún poder representativo en el congreso de Estados Unidos porque no puede votar sobre ninguna cuestión ante dicho organismo. No puede votar sobre ninguna cuestión que afecte a Puerto Rico mismo. No existe representación legislativa cuando no se puede intervenir en la legislación con el voto.
Pero se dice que tiene voz. Es bueno que nuestro país sepa que para que su comisionado pueda dirigirse a la cámara de representantes norteamericana, necesita adquirir previamente el consentimiento unánime de todos los representantes. Y este consentimiento se le otorga cuando convenga exclusivamente a los intereses de Estados Unidos, como es natural. Para eso se ha establecido la regla. Y el consentimiento se otorga por un período de tiempo que rara vez alcanza a QUINCE MINUTOS.
Por esas razones, ningún comisionado ha estado en condiciones de poder abordar en su fondo el problema de su Patria ante aquel cuerpo representativo del imperio norteamericano.
Se le ha permitido hablar diez o doce minutos sobre cosas de menor cuantía, como las que se han presentado recientemente ante el Congreso, tales como la extensión de la ley de instrucción vocacional, que sirven sólo para desorientar a nuestro país.
Por supuesto, se le permite hablar para impulsar cualquier legislación que convenga a los intereses de Estados Unidos. Actualmente se considera en petit comité un proyecto de ley para que Puerto Rico tenga dos comisionados residentes. Ninguno de los dos tendrá voto y estarán en las mismas condiciones, en cuanto al uso de la palabra, como si fuera un solo Comisionado. Se trata de aumentar el número de sordomudos que representen a Puerto Rico.
Este escarnio de nuestro derecho no ha sido considerado en su debida forma. Se trata de burlar una vez más la opinión pública del país como viene siendo burlada por la representación ficticia de un solo comisionado de acuerdo con la ley vigente.
La medida se ha presentado como un acto liberal. Todo es una farsa. Habría liberalidad si al presente comisionado se le diese voz y voto en el congreso de Estados Unidos en igualdad de condiciones con sus supuestos colegas representativos. Habría liberalidad si se propusiera la elección de dos comisionados con voz y voto, con los mismos privilegios y derechos de sus compañeros. Tiene cualquier congresista yanqui el poder imperial de votar y legislar sobre cualquier cuestión que afecte a Puerto Rico contra la voluntad de la nación portorriqueña. Este atropello de nuestro derecho colectivo no ha sido atacado con suficiente acritud todavía. ¿Pero cómo va el congreso de Estados Unidos a permitir el sacrilegio, de acuerdo con su propia opinión, de que un solo portorriqueño pueda tener voto ni voz en ningún asunto que afecte a Estados Unidos aunque éste ataque directamente a su propio país, Puerto Rico? Tal es la ley de embudo de todo imperio. Nuestra nación está indignada con esta nueva burla de sus derechos más sagrados. Ese mismo proyecto, se ha dicho, que los dos comisionados serán nombrados por el gobernador de la colonia. Es preferible que así sea. Nuestro pueblo no debe seguir pasando por la verguenza de ostentar una representación ficticia y que le ha valido solamente para desorientarle. El gobierno invasor necesita dominar de un modo más directo la selección del comisionado. Necesita trasladar al mismo capitolio a un esbirro más, bien escogido y seleccionado, que distraiga a los representantes norteamericanos en sus horas de ocio, con loas a su régimen en Puerto Rico. Vea el país que esta cadena de restricciones y de centralización del poder en manos del gobernador colonial obedece a un plan definitivo. Nunca habrá de tener Puerto Rico bajo el imperio norteamericano un gobierno responsable. Quiere el imperio a “representativos” nuestros que lo secunden en su obra demoledora; a “representativos” nativos que contribuyan a la desmoralización de nuestra juventud sometida a un régimen de caridad pública para su alimentación cuando se condena a sus padres a morir de hambre por falta de oportunidad para ganarse la vida, dentro de un régimen que fomenta el desempleo para abaratar la mano de obra. Todo esto es cínico, porque, mientras por esas medidas desmoralizadoras se pretende provocar la gratitud de nuestro generoso pueblo sigue intocado el régimen latifundiario explotador, y el acaparamiento de todas nuestras riquezas que constituye las causas fundamentales de esta tragedia.