En la edición de La Democracia de fecha 28 de octubre de 1935, y que circuló la noche antes, amenaza el Coronel Riggs, jefe de la policía al servicio del gobierno interventor yanqui a la nación puertorriqueña con una declaración de guerra. Dice el Coronel que habrá ¡guerra, guerra y guerra! Es preciso hacer notar que el periódico La Democracia es el órgano oficial del Partido Liberal, partido de gobierno y actualmente fanático defensor del imperialismo norteamericano y de la administración del presidente de Estados Unidos, Mr. Roosevelt. Ningún otro periódico ha reproducido esa interesante trilogía del Coronel Riggs: ¡guerra, guerra y guerra! Acto de guerra fue la invasión del ejército de Estados Unidos el 25 de julio de 1898; acto de guerra constituye la intervención militar que sufre Puerto Rico desde esa fecha nefasta; actos de guerra son todos los actos perpetrados por el poder interventor yanqui en Puerto Rico durante los treinta y seis años que lleva la intervención norteamericana. La guerra ha sido hecha en nombre de la Libertad, de la Igualdad, de la Fraternidad, de la Santa Biblia, y paradójicamente también en nombre del orden y de la Paz. La nación ha recibido los golpes de la guerra con la resistencia pasiva de su superior cultura y de su civilización cristiana que han impedido su anexión al imperio invasor. El poder interventor ha recurrido a las medidas extremas de la guerra. Se ha valido de todas las armas prohibidas por la civilización para hacer la guerra entre pueblos civilizados. La meta de esa guerra para el enemigo no ha sido otra que el exterminio total de todos los puertorriqueños.
En enero de 1932 como aportación nuestra en defensa de naciones incautas o confiadas en la buena fe de Estados Unidos de Norteamérica, dirigimos a Su Santidad El Papa, a la Liga de Naciones y a todas las naciones civilizadas la siguiente circular:
PARTIDO NACIONALISTA DE PUERTO RICO JUNTA NACIONAL Secretaría de Relaciones Exteriores Apartado 420 San Juan, Puerto Rico Teléfono 2083 San Juan, P.R. Enero de 1932
Señor: En cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Don Pedro Albizu Campos, tiene el honor el que suscribe de informar a el grave asunto que motiva esa comunicación. So capa de ayudar a nuestro pueblo a resolver los problemas de salud pública, hace algún tiempo se estableció en el Hospital Presbiteriano de San Juan de Puerto Rico un cuerpo médico norteamericano del Instituto Rockefeller, institución estadounidense que trabaja en estrecha cooperación con el gobierno de su país, Estados Unidos de Norte América. Aparentemente dedicado a curar enfermos víctimas de anemia y de malaria, en realidad, viene desarrollando un plan para exterminar nuestro pueblo inoculando a los pacientes que hayan tenido la desgracia de caer bajo su dirección, el virus de las enfermedades incurables como el cáncer. En la fecha de la invasión norteamericana, hace ya treinta y tres años, constituíamos una comunidad fuerte y sana. La riqueza estaba bien dividida. Había trabajo y abundancia. El país producía casi todo lo que necesitaba. No existía deuda pública prácticamente. El gobierno general y los ayuntamientos contaban con substanciales reservas en metálico para afrontar cualquiera crisis. Éramos un país rico de hecho y de nombre, y era la alegría el patrimonio común de todos los puertorriqueños y de los extranjeros que con nosotros convivían. Estos hechos constaban en los informes oficiales de los primeros jefes de la ocupación militar norteamericana. El poder invasor forzó el desplazamiento de los puertorriqueños por sus propios nacionales norteamericanos. Más de cincuenta mil terratenientes nativos han desaparecido y actualmente cuatro empresas norteamericanas poseen más del sesenta por ciento de la riqueza total del país. Queda en poder de los naturales escasamente un veinte por ciento del patrimonio nacional. El sistema implantado es sencillo: toda la carga pública recae sobre los naturales; los norteamericanos y sus empresas están prácticamente exentos de toda contribución pública y gozan del monopolio de las franquicias. Estados Unidos impuso a Puerto Rico sus aranceles y prácticamente destruyó nuestro comercio exterior con otras naciones. Este es su sexto mercado en el mundo, que promedia aproximadamente doscientos millones de dólares. En virtud de ese monopolio comercial imponen los norteamericanos las condiciones de compra de nuestros productos y las condiciones de venta de sus productos. El monopolio mercantil está secundado por el monopolio financiero. No existe prácticamente crédito para los puertorriqueños. Estados Unidos ha hipotecado el país a sus propios intereses financieros. La intervención militar destruyó la agricultura. Convirtió al país en una enorme plantación azucarera obligándole a comprar en el mercado más caro del mundo, o sea el mercado norteamericano, que nos impone mercaderías no aceptables en ninguna otra parte, a condición y precios autorizados por el monopolio que disfruta en nuestro país. Dependemos de los alimentos que nos venden los norteamericanos. Ellos lanzan sobre nuestro mercado muchos productos que no son propios para consumo humano y que son la fuente de graves enfermedades. No existe reglamento de sanidad que prohiba la importación de alimentos de esa calidad y las epidemias aumentan. El último jefe de la ocupación militar acaba de informar a su gobierno que más del sesenta por ciento de la población se haya en desempleo crónico, sin medios de vida alguno; que el promedio de salarios en la industria principal, o sea la industria azucarera, es de ciento ochenta dólares al año. Quiere decir esto que el sesenta por ciento de la población está condenada a perecer de hambre.
Reproducimos a continuación la carta de uno de los médicos del Instituto Rockefeller en Puerto Rico, hallada entre los documentos abandonados en el Hospital Presbiteriano al retirarse precipitadamente de sus funciones:
Hospital Presbiteriano San Juan, P.R. Querido Ferdie: Mientras más pienso sobre el nombramiento de Larry Smith más disgustado me pongo. ¿Has oído alguna razón que lo justifique? Es ciertamente raro que a un hombre divorciado por completo del grupo de Boston, despedido por Wallach, y hasta donde yo sepa absolutamente vacío de una reputación científica pueda dársele el puesto. Hay algo equivocado en alguna parte, probablemente en nuestro punto de vista.
La situación en Boston ya está determinada. Parker y Nye manejarán el laboratorio juntos y Kenneth o Mac Mahon será ayudante; el jefe se quedará. Hasta donde puedo ver las oportunidades para yo conseguir un puesto en los diez años venideros son absolutamente ningunas. Uno ciertamente no se siente estimulado para hacer esfuerzos científicos cuando eso es más bien una desventaja que una ayuda para progresar. Yo puedo conseguir aquí un magnífico puesto y me siento tentado para aceptarlo. Sería eso ideal excepto para los puertorriqueños. Ellos son, fuera de duda, la raza de hombres más sucia, más holgazana, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado la tierra. Enferma habitar la misma isla con ellos. Son aún inferiores a los italianos. Lo que la Isla necesita no es trabajo de sanidad pública sino una ola de marca o algo para exterminar totalmente la población. Podría ser entonces habitable. Yo he hecho lo mejor posible para acelerar el proceso de exterminio, matando a 8 y transplantando cáncer a varios más. Esto último no ha producido muertes todavía. Aquí no juega papel alguno aquello de considerar el bienestar de los pacientes. De hecho todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desgraciados sujetos.
Déjame saber si oyes alguna otra noticia.
Sinceramente, DUSTY.
El poder interventor norteamericano en Puerto Rico ante la inmensa protesta nacional contra semejantes crímenes abrió una investigación por medio de uno de sus funcionarios denominado “Attorney General” que nombró un fiscal especial que dilucidara la verdad de lo ocurrido. Este funcionario afirmó que era una rara coincidencia que ocho pacientes del doctor Rhoads hubieran muerto y que ocho fueran las víctimas señaladas por él en su carta. Al doctor Rhoads le ofreció el imperio la escapada en aeroplano y la inmunidad absoluta contra todo proceso en Estados Unidos. La meta de exterminio absoluto de todos los puertorriqueños sigue siendo la meta definitiva del imperialismo norteamericano en Puerto Rico. En nombre de la prosperidad de millones que nunca llegarán se hace norma de vida la mendicidad. En nombre de la sanidad se implanta el neomalthusianismo que elimine a la prole, y se difunden las epidemias que maten a los que han visto la luz del día. El Nacionalismo ha asumido su deber histórico de parar definitivamente ese ataque contra la existencia misma de la nación. Ha organizado y movilizado las fuerzas vitales de Puerto Rico para enfrentarse con el enemigo. La nación ha pasado de la resistencia pasiva al contraataque. La conmoción nacional que ha producido los asesinatos perpetrados por la policía yanqui bajo el Comando del Coronel Riggs del Ejército de Estados Unidos y el interés mundial que ha despertado ese brutal atentado contra la vida de un pueblo, merece el más severo análisis. Para ello nos vemos obligados a exponer las verdaderas causas que han impulsado al gobierno yanqui a actuar en su forma tradicional donde quiera que han tropezado con naciones indefensas. A principios del mes de agosto de este año recibió la suprema dirección del Nacionalismo confidencias de los centros del propio poder enemigo, y las cuales revelaban el propósito firme del gobierno yanqui de hacer asesinar con cualquier pretexto a los directores del Partido Nacionalista de Puerto Rico y por supuesto a su presidente. La táctica a seguir era el soborno de elementos en el seno del Partido Nacionalista que gozaran de la confianza de nuestra suprema dirección. El gobierno interventor habrá de apoyar por todos los medios incluyendo la publicidad una campaña contra nuestra suprema dirección con el fin de debilitar la resistencia moral nacionalista y así desarrollar una necesaria indiferencia nacional en el momento de la realización del asesinato.
Don Ramón S. Pagán fue uno de los hombres que corroboró la existencia de ese plan que venía dirigido por la policía secreta yanqui en Puerto Rico. No escapaba a la sagacidad del gobierno yanqui en Puerto Rico que nuestra dirección suprema tenía conocimiento de sus criminales propósitos y sabían sus funcionarios en Puerto Rico que era de conocimiento general en el seno del Partido Nacionalista dicho plan debido a la minuciosa investigación llevada a cabo por esta Junta Nacional y comunicada a todos sus organismos filiales en la nación y en el extranjero. Esperábamos para comunicar a los puertorriqueños que no militaran en las filas del Nacionalismo adquirir mayor documentación de manos de los propios funcionarios yanquis en Puerto Rico. Los crímenes perpetrados en Río Piedras el día 24 de octubre de 1935 han precipitado los acontecimientos. ¿Cuál fue el pretexto que obtuvo la policía yanqui denominada insular, para asesinar en su propio carro cerrado a don Ramón S. Pagán y a sus compañeros don Eduardo Rodríguez Vega y don Pedro Quiñones? Para mayor claridad reproducimos el parte expedido por el Ayudante General de la policía: “Río Piedras, oct. 25, A las 11:00 A.M. de ayer, mientras la policía conducía arrestado a Ramón S. Pagán, conductor del automóvil número 6268 y líder nacionalista, porque se había negado a dar las generales a la policía, hizo disparos contra el Lance Corporal Jorge Pérez hiriéndolo en el brazo derecho originándose un tiroteo entre paisanos que ocupaban dicho automóvil y la policía, de lo que resultaron muertos Ramón S. Pagán, Pedro Quiñones de los del carro y heridos Dionisio Pearson y Eduardo Rodríguez. Juan Muñoz Jiménez, persona que no intervenía en el tiroteo, también resultó muerto por un balazo. Cuando los muertos y los heridos eran conducidos hacia el Hospital Municipal, dos bombas fueron lanzadas contra el automóvil del Gobierno Insular guiado por el policía Jacobo Cebollero, destrozándole la parte izquierda. En esos momentos, otro líder nacionalista, José Santiago, sostuvo lucha a tiros con el policía Angel Samuel Bonilla, utilizando una pistola de reglamento, calibre 45. Santiago murió. Otro viandante Félix Cruz, recibió un balazo durante el tiroteo. Fueron arrestados por portar armas, Juan Sánchez Padín, Silvano Rivera González y José Maldonado Ruiz, quienes resultaron ser líderes nacionalistas también. Ocupáronse además, dos bombas sin disparar, esto es, cargadas para hacerlas explotar. Refuerzos policíacos fueron enviados desde San Juan. Los fiscales Romaní y Quiñonez y el Juez Municipal local procedieron a la investigación de los hechos. Las autoridades de la Universidad de Puerto Rico suspendieron las clases hasta nuevo aviso. Se estableció vigilancia policíaca especial en la Universidad y en la población de Río Piedras. Eduardo Rodríguez, uno de los paisanos heridos ayer en Río Piedras, murió a las seis de la tarde en el Hospital Municipal. Por orden del Jefe de la Policía,
J. JUDICE Jefe Auxiliar y Ayudante”.
Ese parte dice que Don Ramón S. Pagán fue arrestado “por haberse negado a dar las generales”. El Jefe de la Policía de Río Piedras afirma que él había dado órdenes para que se arrestara a Don Ramón S. Pagán con cualquier pretexto. He aquí la reseña que hizo dicho jefe para el diario El Mundo: “Beniamino descubre el automóvil que le describieron” El Jefe Beniamino siguió sólo manejando su automóvil cuando al pasar por la calle Norte vio detenido en su derecha el automóvil que le habían descrito los dos detectives y en el cual le dijeron se había montado un individuo a quien persiguieron. Era un automóvil pequeño marca Willys-77, tipo sedán y con tablillas 6268. Dentro había cuatro individuos, dos en el asiento delantero y dos en el asiento trasero. Beniamino nos cuenta que siguió su marcha disimuladamente, como si no hubiera visto nada pero se dirigió hacia el sitio en donde había dejado al Cabo Pérez y al guardia Colón, a quienes mandó a montar en su automóvil.
Detengan ese automóvil
Contó el Jefe a los policías que había visto el automóvil que le describieron los detectives en la Calle Norte y que ellos debían detener el vehículo con cualquier pretexto”. (El Mundo, octubre 25 de 1935, página 4).
Había que “detener el vehículo con cualquier pretexto” y había que matar a sus ocupantes con cualquier pretexto. El ayudante del jefe de la policía insular y el jefe de ese cuerpo en Río Piedras afirman que don Ramón S. Pagán inició el tiroteo disparando e hiriendo al cabo de la policía que se había subido con otros policías sobre los estribos del automóvil. Los testigos presenciales declaran todo lo contrario. La policía acribilló a tiros a mansalva a Don Ramón S. Pagán y a sus amigos. A él y a ellos le dispararon a boca de jarro. Sus rostros aparecían quemados por la pólvora incrustada de proyectiles disparados a cortísima distancia. El automóvil presenta pruebas de que los disparos se hicieron por el costado a boca de jarro. Las descargas que el pelotón de la policía hizo contra don Ramón S. Pagán y sus compañeros fueron casi todas hechas por detrás del automóvil. El vehículo tiene no menos de diez y ocho perforaciones hechas por proyectiles con orificio de entrada por la parte trasera. El automóvil no presenta un solo disparo recibido de frente. Los policías parapetados en los costados y en la parte trasera del automóvil disparaban sin cesar contra sus ocupantes indefensos gritando: “¡no los dejen salir vivos, no los dejen salir vivos!”. Vamos a reproducir la versión de estos hechos tal como aparece en la sección inglesa de El Imparcial, edición del viernes 25 de octubre de 1935. Esta sección está a cargo del periodista norteamericano, Mr. Holliday, a quien no se puede esperar prejuicio alguno contra el gobierno de su patria, Estados Unidos de Norte América: “When Chief Beniamino arrived, however, he ordered Corporal Pérez, of the Insular Police, to stop the car. As the car approached, coming slowly down the street, Pérez leaped in the front of it, halled it and demanded to see the driver’s license. Pagán who was driving, was unable to produce one. Pérez jumped on the running board ordered Pagán to drive to the police station.” Pérez fire brings on gun battle: “As the car procceded down Braumbaugh Street, between Arzuaga and De Diego streets, Pérez thought that Pagán was acting suspicious. Nervous as a cat, faced with five men who he was certain were armed, Pérez apparently lost his head, shot Pagán through the breast. Pagán drawing his own automatic 45, shot Pérez thorugh the abdomen. Another shot from Pérez wounded Eduardo Rodríguez.”
Police Gather:
“Pérez fell to the paving unconcious. Pagán apparently died within few seconds. The three unwounded occupants of the car removed Rodríguez who was seriously wounded, left him lying in the street while they attemped to get the car moving again. The motor had stalled when Pagán slumped over the wheel, Pérez bullet through his breast.”
“Hearing the shots, Chief of Police Beniamino called other policeman to his assistance, hastened to the scene. The Nationalist were just getting the car started again when Beniamino and his aides closed in, aided by other police attracted to scene by the sound of the shots.”
Nationalist put up fight Cornered, the remaining men whipped out their weapons, began firing at the police, who took refuge behind three trunks and the police car poured a veritable stream of bullets in the direction of the cornered Nationalists”.
He aquí la traducción:
“Sin embargo, cuando el Jefe Beniamino llegó, dio órdenes al cabo Pérez, de la policía insular para que detuviera el carro. Cuando el carro se acercaba despacio calle abajo, Pérez saltó al frente de él, lo detuvo y exigió que el conductor le presentara su licencia. Pagán, que era quien guiaba, no pudo hacerlo. Pérez saltó sobre el estribo y ordenó a Pagán que guiara hacia el cuartel de la policía”.
Pérez inicia la batalla a tiros “Mientras el carro avanzaba por la calle Braumbaugh, entre las calles Arzuaga y De Diego, Pérez creyó que Pagán actuaba en forma sospechosa. Pérez nervioso como un gato frente a cinco hombres, quienes estaba él seguro se hallaban armados, aparentemente perdió el juicio y le disparó a Pagán atravesándole el pecho. Pagán sacó su automática 45, y le disparó a Pérez en el vientre. Otro tiro de Pérez hirió a Eduardo Rodríguez”.
La Policía se concentra
“Pérez cayó inconsciente al pavimento. Pagán aparentemente murió pocos segundos después. Los tres ocupantes del carro que no habían sido heridos sacaron a Rodríguez, que había sido gravemente herido y lo recostaron en la calle, mientras trataban de echar a andar el carro. El motor se paró cuando Pagán cayó sobre el guía debido al balazo que recibió en el pecho cuando Pérez le disparó”. “Al oir los disparos, el jefe de la policía Beniamino llamó a otros policías para que lo ayudaran. Estos corrieron al sitio de los acontecimientos. Los nacionalistas acababan de echar a andar el automóvil otra vez, cuando Beniamino y sus ayudantes lo cercaron, reforzados por otros policías atraídos al sitio de los hechos por los disparos”.
Los Nacionalistas dan una batalla
Arrinconados, los que quedaban sacaron sus armas, empezaron a disparar a la policía, que se refugió detrás de los troncos de árboles y del carro de la policía”.
“La policía descargó un verdadero río de balas en la dirección de los arrinconados nacionalistas”.
Consumado el asesinato de don Ramón S. Pagán y de sus compañeros, había que inventar un pretexto para justificar este vandalismo de la policía al servicio yanqui. Se ha querido dar a entender que había que perpetrar ese asesinato porque se temía que don Ramón S. Pagán y sus amigos fueran a entorpecer cierta asamblea de estudiantes que se habría de celebrar en el salón de actos de la Universidad el mismo día.
A confesión de los jefes de la policía, ese cuerpo carece de instrucción y de conocimientos para evitar la comisión de un delito.
Tiene un sólo recurso a su disposición en ese caso: asesinar al presunto autor antes de que pueda cometer el supuesto delito. Si va acompañado, asesinar también a sus acompañantes. Si hay personas inocentes en los alrededores, asesinarlos también. Que se perturba la paz pública, ¡bah! lo que le interesa a la policía es asesinar a un presunto autor de un delito hipotético.
Ese criterio lo recibe de su jefe yanqui. La apología jurídica de ese criterio la hace nada menos que el fiscal general del régimen yanqui en Puerto Rico.
Eso es una monstruosidad, pero es la realidad bárbara y sanguinaria que pretende imponerse a la nación puertorriqueña para sembrar el terror, y con el terror, la sumisión absoluta a las pretensiones del imperio yanqui.
Esa monstruosidad no será tolerada. La Nación se levantará en armas para rechazarla y disolverla.
Pero, veamos los hechos. En el momento que la policía yanqui detuvo a don Ramón S. Pagán y a sus amigos, no se celebraba ninguna asamblea de estudiantes en la Universidad. Cuando él y sus compañeros fueron asesinados, se encontraban a más de un kilómetro de los terrenos de la Universidad, y caminando en dirección opuesta al sitio en que se halla la Universidad. Su carro iba hacia el sur por la calle Braumbaugh. Cada segundo se alejaba más de la Universidad. En ese trayecto vino el arresto con cualquier pretexto, como dijo el jefe de la policía, y a don Ramón S. Pagán se le ordenó que guiara hacia el cuartel de la policía, que quedaba más al sur todavía. La policía confiesa que él cumplió esa orden. Es más permitió que se montaran policías en ambos estribos del vehículo, a pesar de ser este un pequeño sedán de cinco pasajeros. Detrás venía una escolta de la policía en un carro del gobierno yanqui armada con carabinas.
En primer lugar es contrario a las leyes del propio régimen yanqui conducir a nadie arrestado a un cuartel de policía. Cuando una persona comete un delito es deber de la policía formular la correspondiente denuncia y conducir al acusado ante un juez o ante un fiscal para dar al acusado la oportunidad de prestar fianza. Si el acusado no puede prestar fianza se le conducirá a la cárcel, pero nunca a un cuartel de policía.
Cuando se pretende conducir a un acusado a un cuartel de policía lo único que se pretende es torturar el acusado para extraerle confesiones. Si muere en la tortura, no habrá testigos del asesinato. Los fiscales del régimen se encargarán de exonerar a la policía si recibe la correspondiente orden superior yanqui.
No obstante, don Ramón S. Pagán, se allanó a ser conducido al cuartel. Como no ofreció oportunidad alguna a la policía para armar camorra, lo acribillaron a él y a sus compañeros sin mayor demora. Había que cumplir una orden superior. Todo estaba preparado por los funcionarios correspondientes del régimen yanqui.
Cualquiera que hubiese sido el pretexto para arrestar a don Ramón S. Pagán era imposible inventar uno para arrestar a sus amigos. Era claro que al régimen yanqui convenía que no hubiera un sobreviviente que contara lo ocurrido. Había que suprimir la prueba y los asesinaron a sangre fría. Ellos tenían derecho a bajarse del automóvil, pero la policía gritaba, “¡no los dejen salir vivos! ¡no los dejen salir vivos!”.
Este monstruoso crimen se perpetró en el sitio más céntrico de la ciudad universitaria, cerca de la iglesia. La policía hirió a un gran número de transeuntes y mató a don Juan Muñoz Jiménez. Así lo confiesa el policía Alejandro Castillo, placa número 16. En La Democracia, edición del veinticinco de octubre de 1935, página ocho, aparece la siguiente información: “Lo que nos refiere el Policía Alejandro Castillo” “El policía insular Alejandro Castillo, placa 16, fue testigo ocular de los sucesos. Nos cuenta que estaba cerca del Cuartel de la Policía cuando oyó las detonaciones. Corrió al sitio de los sucesos y encontró al cabo Jorge Pérez herido debajo de un automóvil. Lo recogió y se dirigió con él rumbo al Hospital Municipal. Nos informa el policía Castillo que cuando las balas de los promotores de la tragedia iban dirigidas a él, la policía para evitar que él fuera alcanzado por los proyectiles disparó contra sus contrincantes, con tan mala suerte que sus balas cayeron en el cuerpo del ciudadano don Juan Muñoz Jiménez, quien bajaba de una guagua de la White Star Line, muriendo la víctima en el acto. De esa manera la vida del policía Castillo fue salvada, perdiéndose la del señor Muñoz”. Unos minutos más tarde salían los niños de la escuela. Da horror pensar la carnicería que hubieran hecho estos policías salvajes. El valiente hombre don José Santiago, que fue la única persona que pudo improvisar una defensa, y que sólo se batió a tiros contra más de sesenta policías, cuando se le acabaron las balas se rindió, levantando las manos en alto. Entonces la policía lo acribilló a balazos. Una brigada de “gangsters” de Chicago hubiera tenido más valor y más nobleza frente a un héroe como Santiago que estos esbirros nacidos en nuestra tierra. El jíbaro más infeliz no asesina a su enemigo cuando lo desarma. La policía afirma que tenía confidencias que la obligaban a actuar en esa forma monstruosa. Esas confidencias no han podido ser otra cosa que instrucciones específicas para asesinar a don Ramón S. Pagán y a los héroes que lo acompañaban. Desde que don Ramón S. Pagán clarificó para esta Junta Nacionalista y para todas las Juntas de la nación los planes que tenía la policía secreta yanqui en Puerto Rico para hacer asesinar a todos los directores del Nacionalismo, empezando si fuera posible por nuestro Presidente, se le aconsejó mantenerse en reserva porque sabíamos que el régimen yanqui iba a hacer todo lo posible para hacerlo asesinar como lo ha hecho.
De ahí la horrenda hazaña que acusa un plan deliberado y frío cumplido al pie de la letra por hombres pagados con el dinero extraído de los bolsillos de nuestro esquilmado pueblo. No podía permitir el enemigo que nadie sobreviviera a tan espantosa salvajada.
Hemos señalado que en el momento de su arresto don Ramón S. Pagán y sus compañeros se hallaban a más de un kilómetro de la entrada de la Universidad y que se dirigía hacia el sur alejándose de dicho centro de instrucción; que no se celebraba ninguna asamblea de estudiantes en ese momento en la Universidad.
Añadiremos que el salón de actos estaba cerrado en el momento que se perpetraba tan horrendo crimen.
Por tanto, es un escarnio insinuar una justificación de estos crímenes pretextando de que se trataba con ello de impedir una supuesta interrupción de una hipotética asamblea de estudiantes.
La policía no se ha molestado siquiera en decir que le hubiera llamado la atención al señor Pagán y a sus acompañantes que se temía que ellos anduvieran por Río Piedras para interrumpir la supuesta asamblea de estudiantes y de que no debían hacer eso.
Una policía que no hubiera estado bajo las instrucciones que tenía el grupo escogido para perpetrar estos asesinatos con toda seguridad se hubiera acercado al señor Pagán y a sus compañeros si era que había fundamento para abrigar temores de una interrupción de la asamblea y hubiera aconsejado a los presuntos autores de que se abstuvieran de cometer un delito. Don Ramón S. Pagán y sus compañeros eran hombres de responsabilidad y de refinamiento y con seguridad se hubieran retirado.
Abrigamos la certeza moral de que en ese día con el pretexto de una supuesta asamblea de estudiantes que no se celebraba la policía escogida para este acto de “gangsters” hubiera asesinado a Pagán y a sus compañeros en cualquier sitio de Puerto Rico que los hubiera encontrado, pues se ve a todas luces que esas eran sus instrucciones y que el régimen les había dado la seguridad de impunidad en la perpetración de dichos crímenes tal como ha ocurrido.
Esta Junta Nacional ha tiempo tenía información de fuentes confidenciales dentro del régimen yanqui de que se nombraría un fiscal general nacido en Puerto Rico para que cargara con la responsabilidad en caso de asesinato de los directores del Nacionalismo y de su presidente, como en el caso del doctor Rhoads que citamos al principio de esta exposición. La prensa acaba de anunciar que el fiscal ha exonerado de toda responsabilidad a la policía por estos asesinatos y que el informe de dicho funcionario se mantendrá en secreto. Anuncia el fiscal que el único sobreviviente de los ocupantes del automóvil de don Ramón S. Pagán, don Dionisio Pearson, está acusado por asesinato, atentado a la vida, portar armas, infracción a la Ley de Explosivos, etc., etc. Es decir, sobre don Dionisio Pearson se han acumulado todos los delitos posibles dentro del Código Penal. Parece que el fiscal desea la resurrección de las víctimas asesinadas por la policía para acusarlas por asesinato, homicidio voluntario, etc., etc. El fiscal no puede justificar el asesinato con el socorrido recurso de pretender hacer cargar a las víctimas con armas y explosivos del ejército yanqui. Dudamos que exista bajo el régimen más despótico y bárbaro de la tierra un escenario de la justicia como el que existe bajo el régimen yanqui en Puerto Rico. Dentro de ese régimen de intervención norteamericana cualquier fiscal puede dar garantía de impunidad en caso de la comisión de cualquier delito por un agente del gobierno norteamericano. Puede hacerlo en la forma más descarada porque las leyes que el régimen ha impuesto así lo autoriza. Los fiscales son tenientes que actúan bajo instrucciones de un funcionario llamado “Attorney General” de El Pueblo de Puerto Rico. Lo nombra para su cargo el propio presidente de Estados Unidos con el consentimiento del senado de Estados Unidos y está bajo la dirección del “Attorney General” de Estados Unidos que es un verdadero procurador general de aquella nación. Este funcionario insular tiene que ser una persona dispuesta a cumplir las instrucciones que le comunique su jefe, el “Attorney General” de Estados Unidos. Preguntarán asombrados los extranjeros que no conocen el régimen de intervención norteamericano en Puerto Rico, ¿cómo es posible que un fiscal pueda exonerar sin incurrir en responsabilidad jurídica alguna, a cualquier individuo que cometa un asesinato u otro crimen, si es que así lo exige la voluntad del imperio yanqui en Puerto Rico?
Es que en Puerto Rico impera un despotismo extranjero que se ha cubierto con el manto de la hipocresía pero siempre que sea necesario actuar descaradamente no titubea en hacerlo. Por supuesto, donde impera un régimen de fuerza no pueden existir fiscales verdaderos. Un fiscal es un funcionario que velará por las garantías personales y colectivas dentro de un régimen de derecho.
En un despotismo los llamados fiscales son meros acusadores, agentes del poder despótico cuya triste misión es encarcelar, hacer matar a los ciudadanos y despojarlos de su propiedad. La intervención militar de Estados Unidos en Puerto Rico ha merecido una definición precisa jurídica. La que le dio el Juez Morton de la Corte de Circuito de Boston en el caso de don Luis F. Velázquez. He aquí las palabras de dicho magistrado: “Existe una sola soberanía en Puerto Rico, la de Estados Unidos. Para los fines de gobierno propio en asuntos locales, Estados Unidos ha puesto por ley un gobierno local, El Pueblo de Puerto Rico. Pero el gobierno insular en ningún sentido es un estado independiente; es la criatura del Congreso y puede ser abolido o cambiado según plazca al Congreso. Las leyes que haga derivan su sanción de la autoridad de Estados Unidos”.
Para mayor claridad, este ente denominado El Pueblo de Puerto Rico es una corporación yanqui establecida para demoler a la nación puertorriqueña en nombre del sagrado nombre de Puerto Rico.
No es la única corporación que Estados Unidos ha establecido para esos fines. Existe la AAA (Agricultural Adjustment Act), la NIRA (National Emergency Industrial Recovery Act), la FERA (Federal Emergency Relief Administration), la PRRA (Puerto Rico Reconstruction Administration) y otras entidades que actúan directamente sobre el ciudadano en Puerto Rico privándolo de su propiedad y de su libertad sin proceso de ley.
Además en el seno de este ente, El Pueblo de Puerto Rico, existen funcionarios como el Comisionado de Instrucción que tiene poderes zaristas para imponer el sistema de instrucción en Puerto Rico que le venga a él en gana y para determinar cómo se han de invertir los fondos dedicados a la instrucción pública. No es responsable a nadie en Puerto Rico. Lo nombra el presidente de Estados Unidos y es un funcionario a merced de la voluntad ejecutiva norteamericana.
En el mismo estatuto personal está un funcionario llamado auditor cuya obligación es velar que las contribuciones que recaude este ente, El Pueblo de Puerto Rico, se dediquen a desarrollar la política imperial norteamericana, o sea, dinamitar la existencia de la nación puertorriqueña.
La misma posición ocupa el funcionario denominado “Attorney General”. Su posición en cierto modo es más triste porque está obligado a dar visos de legalidad a lo que es sencillamente piratería internacional y asesinato. Por supuesto, si el ocupante es un hombre nacido en Puerto Rico sirve de cortina a los propósitos nefastos del imperio yanqui, así sucedió cuando el doctor Rhoads del Instituto Rockefeller asesinó a ocho puertorriqueños según su propia confesión y el fiscal que intervino lo exoneró de toda responsabilidad.
Así se ha repetido con el asesinato de los líderes nacionalistas en Río Piedras, al fiscal que ha intervenido lo único que se le ha ocurrido es exonerar de toda responsabilidad a los asesinos, funcionarios al servicio yanqui.
Repetimos que el nombramiento de un hombre nacido en Puerto Rico para el cargo de “Attorney General” ha obedecido en gran parte al propósito del imperio yanqui de proveerse de un escudo nativo que lo escude en su política de asesinato del liderato nacionalista, política que se ha desnudado brutalmente en Río Piedras.
Este ente, El Pueblo de Puerto Rico, ha dejado de ser la principal entidad norteamericana dentro del régimen de intervención yanqui. Sigue existiendo solamente para los fines de perseguir criminalmente a los nacionalistas de Puerto Rico y para despojarlos de sus bienes cumpliendo con aquel dogma de imperio que a los ciudadanos de los países sojuzgados se les encarcelará, se les matará y se les despojará de sus bienes en nombre de su propia patria esclavizada.
Para otros fines administrativos ya se ha implantado una entidad superior al ente este, El Pueblo de Puerto Rico. Se denomina PRRA (Puerto Rico Reconstruction Administration) que está bajo la dirección del jefe del negociado de asuntos insulares del gobierno de Estados Unidos ante el cual es responsable directamente el gobernador interventor en Puerto Rico. El despotismo yanki apela a la política de “gangster” pretendiendo repetir en Puerto Rico el caso de Sandino. La nación entera ha condenado estos asesinatos y está firme en su resolución de que no se han de repetir. Como corolario a dichos crímenes se ha encarcelado a distintas personas sin fianza. A otros se les ha allanado sus hogares en el momento mismo en que asistian a los funerales de las víctimas. Todo en violación de las supuestas leyes del presente régimen. Como se ha pretendido insinuar que don Ramón S. Pagán y sus valientes compañeros posiblemente habrían de interrumpir una asamblea que habrían de celebrar los estudiantes de la Universidad, hemos de aclarar los pormenores de ese burdo pretexto para un asesinato. En el momento en que don Ramón S. Pagán y sus compañeros fueron arrestados estaban a más de un kilómetro de la Universidad caminando hacia el sur, o sea, alejándose de dicho centro de instrucción. Para regresar a la Universidad necesitaban cruzar la plaza de Río Piedras y todo el centro de la ciudad en dirección norte. Cuando se les arrestó estaba cerrado el salón de actos de la Universidad. Por supuesto, no se celebraba ninguna asamblea en ese momento. Tan pronto se supo en la Universidad que don Ramón S. Pagán y sus compañeros habían sido asesinados en la plaza de Río Piedras se abrió inmediatamente el salón de actos de la Universidad y se convocó al estudiantado para la asamblea de marras. Es lógico pensar que el comienzo de la asamblea había de estar sincronizado con un acto de terrorismo que perpetrara la policía al servicio yanki. El propósito claro del poder interventor era intimidar a los estudiantes nacionalistas de la Universidad y al estudiantado en general para que dejasen la asamblea al libre arbitrio de los cuatro o cinco estudiantes al servicio del gobierno yanki que habrían de aprobar un proyecto de resolución declarando “Enemigo Número 1” a nuestro Presidente. Es de dominio público que el sentimiento nacionalista prevalece en toda la juventud. Todos los cancilleres de la Universidad, inclusive Chardón, han luchado por todos los medios para destruir el Nacionalismo en el seno de la Universidad. Se ha recurrido al soborno; se ha apelado a la violencia, aplicando la expulsión de lo más brillante de la Universidad sin preocuparse de dar explicación alguna, ya que la administración universitaria actúa por instrucciones del propio gobierno yanki.
Toda esa política de violencia y de despotismo lo que ha hecho es acentuar el espíritu nacionalista en el seno de la Universidad y ha aumentado el fervor del estudiantado por la causa de la independencia de Puerto Rico.
El día 10 de octubre, a invitación del Círculo Cervantes de la Universidad, nuestro Presidente dictó una conferencia en el paraninfo sobre la gloriosa efeméride de La Raza.
El acto resultó imponente. Recibió nuestro Presidente un solemne homenaje del estudiantado y de los catedráticos presentes al empezar y al terminar su conferencia.
Llamó la atención al estudiantado sobre los propósitos de la escuela imperante yanki, o sea, crear traidores, cobardes y afeminados que sirven de buenos instrumentos al imperio norteamericano.
Les señaló a los estudiantes su deber frente a esa escuela desmoralizadora de ser patriotas, valientes y viriles.
A esta invocación de su dignidad de puertorriqueños se puso de pie todo el estudiantado.
Diez días después, por radio desde Maunabo, repitió nuestro Presidente esos mismos conceptos para toda la juventud de Puerto Rico.
La inmensa multitud reunida el domingo, día 20 de octubre en Maunabo, con motivo de la transmisión por radio, tributó a nuestro Presidente una ovasión al terminar para estimularlo en su labor patriótica.
Como prueba de la acogida unánime de su discurso basta señalar que los tres presidentes de los tres partidos políticos representados en Maunabo, o sea, Liberal, Unión Republicana y Socialista, acompañados de vocales de sus respectivos comités políticos, se personaron en el hogar donde se hospedaba nuestro Presidente para felicitarlo por su discurso y ofrecerle su solidaridad patriótica.
Esa felicitación fue una de las tantas que recibió nuestro Presidente de todas partes de la nación con el mismo motivo.