Albizu Campos comenta proceso contra nacionalistas
Es un proceso en que se quiere que los acusados faciliten la prueba que necesita el Fiscal, lo cual es demostrativo de que no hay ninguna prueba. En otras palabras, es un proceso insólito en el que se pretende exigir a los acusados que sumi- nistren la prueba para su propia condena, lo cual es contrario a todo principio de ley.
El Mundo, 31 de marzo de 1936, p. 1 y 2.
El Secretario General nacionalista en la cárcel
Por P. Albizu Campos No creemos que el caso del Secretario General del Nacio- nalismo y Director de La Palabra, don Juan Antonio Corretjer requiera comentarios.
La situación es demasiado clara. Se le pedía que presen- tara las actas y libros de la Junta Nacional cuando el Gobierno de Estados Unidos ya había saqueado con su policía la oficina central del nacionalismo en el día memorable del 23 de febrero de 1936, cuando la policía insular, obedeciendo órde- nes superiores, penetró en el domicilio de la Secretaría Gene- ral en Cristo 19, San Juan, sin ninguna orden de allanamiento y con instrucciones de matar a quienes se encontraran en dicho sitio, designio que casi cumplimentaron en la persona de don Buenaventura Rodríguez; destrozaron los archivos y saquearon la oficina, llevándose consigo toda la documenta- ción que le habían ordenado los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.
Ante el Gran Jurado nos preguntó el fiscal por nuestra correspondencia y le contestamos que el gobierno de Estados Unidos tenía fotocopias de nuestra correspondencia, pues era cosa sabida por nosotros que toda nuestra correspondencia era violada.
Pretendía el señor fiscal que le identificáramos ciertas notas sobre ciertos supuestos discursos nuestros por radio y le hicimos recordar que él podía adquirir en La Fortaleza los discos de esos discursos por radio pues el Gobierno de Estados Unidos nos prestaba ese servicio inconmensurable.
El Mundo, 3 de abril de 1936, p. 4.
Juan Antonio Corretjer, Secretario General del Partido Nacionalista, encarcelado en la Cárcel La Princesa por orden de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico (Corte Federal) que lo sentenció a cumplir un año de prisión por desacato al negarse a entregar las actas del Partido Nacionalista. 2 de abril de 1936.