Albizu Campos comenta el proceso contra el liderato nacionalista
Sin duda el fiscal Snyder sigue las instrucciones de su Gobierno.
El ha dicho que continuará el proceso contra el liderato nacionalista porque no ha recibido instrucciones en contrario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no obstante la presentación del proyecto Tydings.
Después del reconocimiento de la Independencia de Puerto Rico que ha hecho el poder ejecutivo de Estados Unidos aparece a todo el mundo como improcedente la continuación de este proceso que fue iniciado como parte de un plan terrorista para intimidar a la nación.
El reconocimiento del derecho de Puerto Rico a la Independencia en la forma que hemos señalado por los poderes norteamericanos es una rectificación formal de esa política.
Si la rectificación ha sido sincera procede que el Gobierno de Estados Unidos ordene el archivo y sobreseimiento de dicho proceso. Una resolución en ese sentido servirá de prueba de la buena fe norteamericana hacia Puerto Rico en la Nueva Política que ha anunciado el Gobierno de Estados Unidos.
Reconocer el derecho de Puerto Rico a ser libre, soberano e independiente, y continuar persiguiendo a los portavoces de la independencia Patria precisamente por su ideario político es un contrasentido que requiere una explicación por parte del Gobierno de Estados Unidos.
El Mundo, 29 de abril de 1936, p. 1 y 2.
Antes de calificar esa situación, esperemos unos días más para determinar la actitud de Estados Unidos en este caso. Podremos saber entonces con precisión las verdaderas intenciones que determinan la Nueva Política.
Periodistas norteamericanos entrevistan a Albizu Campos
Una comisión de periodistas norteamericanos, en representación de varios sindicatos de publicidad de Estados Unidos, visitó al señor Albizu Campos en el Hotel Palace en solicitud de datos y de su opinión sobre la situación económica que tendría que afrontar Puerto Rico al convertirse en República soberana e independiente.
Los periodistas norteamericanos dieron por sentado como hecho realizado la independencia de Puerto Rico. Interpretaron en toda su importancia la declaración del Poder Ejecutivo norteamericano que reconoce el derecho a la independencia de Puerto Rico y que dicha declaración es un reconocimiento formal de dicho gobierno.
Puerto Rico para ellos ha entrado ya en el concierto de la vida internacional.
Como periodistas norteamericanos, deseosos de dar a conocer al público de su país la situación de Puerto Rico, especialmente en el campo económico, que parece ser el que más les preocupa, interrogaron al señor Albizu Campos sobre el proyecto Tydings y la reacción económica que produciría en Puerto Rico su aprobación.
El señor Albizu Campos les contestó que ni el proyecto Tydings ni ningún otro proyecto del Congreso de Estados Unidos obliga a Puerto Rico; que no es necesario discutir el contenido de dicho proyecto porque desvía la mente pública de la cuestión vital, que es el hecho consumado a la independencia de Puerto Rico por el Poder Ejecutivo norteamericano
El Mundo, 2 de mayo de 1936, p. 1 y 12, y La Palabra, 4 de mayo de 1936, p. 1.
bajo la presidencia de Mr. Roosevelt; que ese reconocimiento es irrevocable y que en tal virtud no tardarán todos los gobiernos de los países libres en reconocer la independencia de Puerto Rico tan pronto se organice un gobierno legítimo de Puerto Rico.
Continuó el señor Albizu Campos explicando que en el supuesto que se presentara en el Congreso de Estados Unidos y se aprobara la ley más generosa para Puerto Rico, tal ley podría influir en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Puerto Rico solamente en virtud de un tratado entre Estados Unidos y Puerto Rico, debidamente ratificado por ambos poderes en conformidad con las disposiciones aplicables de sus respectivas constituciones.
Siendo tal proyecto bueno, o tal ley buena, sus disposiciones serían incorporadas en dicho tratado, pero solamente en virtud de un tratado negociable en dicha forma podrían tener valor las disposiciones de esa ley.
Como parte de dicho tratado, Estados Unidos no podría alterar por ninguna legislación posterior de carácter unilateral, los derechos que hubiera adquirido Puerto Rico en virtud de ese tratado, que para enmendarlo, siempre sería forzoso la concurrencia de ambas potencias.
Si se presenta en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que perjudique los intereses de Puerto Rico, en nada nos afecta, porque para regir las disposiciones de esa ley en Puerto Rico, se requiere que se incorporen sus disposiciones en un tratado negociado entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Por supuesto, los plenipotenciarios de Puerto Rico no van a aceptar ninguna pretensión de Estados Unidos que lesione a sus intereses nacionales; y en caso de que nuestros plenipotenciarios fuesen sorprendidos por la inserción de una cláusula en el proyecto de tratado entre Estados Unidos y Puerto Rico que perjudicara los intereses nuestros, para eso, para corregir ese mal y remediarlo definitivamente, estaría la acción definitiva del Parlamento de Puerto Rico, que se negaría a ratificar un tratado en perjuicio de nuestra nacionalidad.
Los periodistas norteamericanos insistieron con el señor Albizu Campos que explicara más extenso la necesidad de la Convención Constituyente de Puerto Rico, a lo que replicó lo siguiente: Que para liquidar las relaciones presentes entre Estados Unidos y Puerto Rico y colocarlas en el plano internacional de mutuo reconocimiento de soberanía y de independencia, Estados Unidos mismo tenía que estimular la Convención Constituyente inmediata de Puerto Rico, pues éste es el único medio que tiene una nación intervenida para crear los poderes públicos legítimos que pueda representarla y sin los cuales no es posible tratar con ellos. Volvió a repetirles los precedentes de la Convención Constituyente cubana y el tratado Hughes-Peinado en la República Dominicana que son casos idénticos al de Puerto Rico y precisamente originados bajo el mismo imperio norteamericano.
En ambos casos Estados Unidos tuvo que ver con beneplácito la organización de los poderes legítimos nacionales de Cuba y de la República Dominicana para poder tratar con dichas naciones y regular sus relaciones con ellas de poder a poder, en pie de igualdad jurídica.
Desde el punto de vista de Puerto Rico, es más forzosa la celebración inmediata de la Convención Constituyente, pues el reconocimiento que ha hecho el Poder Ejecutivo del derecho de Puerto Rico a la independencia, no deja de ser un reto a nuestra capacidad política y a nuestro patriotismo.
Si el enemigo iza bandera blanca, es nuestro deber izar bandera blanca; si ofrece parlamentar, deben concurrir inmediatamente nuestros parlamentarios a tratar con él de igual a igual.
A estas horas ha debido estar funcionando la Convención Constituyente en Puerto Rico y en estos momentos debiera estar en Washington una embajada de Puerto Rico y, además, en estos instantes han debido estar solicitando reconocimiento de la independencia de Puerto Rico plenipotenciarios nuestros acreditados ante todas las naciones libres del orbe.
Concurrencia al mitin celebrado por el Partido Nacionalista en la Plaza de Armas de San Juan el 16 de abril de 1936 en conmemoración del natalicio de José de Diego.
Tal demostración ya hubiera atraído sobre Puerto Rico en gesto decisivo, la solución definitiva de su diferendo con Estados Unidos.
La opinión de Estados Unidos y de todos los países y de todas las naciones estaría perfectamente conmovida y debidamente ilustrada sobre nuestra posición nacional en estos instantes.
Los periodistas norteamericanos asintieron a que tal procedimiento sería efectivo para terminar un estado de incertidumbre peligrosa para ambas naciones.
A la pregunta de uno de los periodistas norteamericanos de que si Puerto Rico aceptaría una buena ley de independencia aprobada por el Congreso de Estados Unidos, el señor Albizu Campos volvió a insistir de que la mejor ley que pudiera aprobar el Congreso de Estados Unidos para Puerto Rico era un acto unilateral del gobierno de Estados Unidos y que dicha ley era revocable por el mismo Congreso de Estados Unidos en cualquier momento; que Puerto Rico no podría colocar su derecho a la independencia en la posición de un precario a merced de la voluntad norteamericana.
Se le pidió al señor Albizu Campos una explicación del por qué Puerto Rico no debía aceptar el Plebiscito.
“En primer lugar”, replicó Albizu Campos, “es que el Plebiscito es una fórmula legislativa que se usa para consultar la voluntad de los habitantes que ocupan una taja de terreno entre dos naciones soberanas cuando la población de las dos soberanas se ha mezclado en tal forma que no es posible trazar un límite territorial que las divida; que el Plebiscito nunca es para consultar la voluntad nacional de una nación debidamente constituída para preguntarle si quiere ser libre, pues esa consulta es una ofensa gratuita inferida a la nación y además es una pauta insidiosa para dividirla, pues pone a discusión nada menos que su existencia como nación soberana, libre e independiente; y eso no es permisible en ningún momento”.
“Permitir a un poder extranjero que mantiene bajo sus fuerzas armadas la ocupación militar de la nación que haga esa
consulta, es darle una oportunidad de una intervención permanente en la vida nacional de Puerto Rico; pues la mera consulta podría traer hasta una guerra civil en Puerto Rico y además alienta a los enemigos de la independencia de Puerto Rico, que so capa de ley, se organicen para destruir la independencia de la Patria.
“Tal consulta es un torpedo que se lanza en el mismo corazón de la nacionalidad”.
“Los efectos sin que dicho proyecto de Plebiscito se haya convertido en ley en el Congreso de Estados Unidos, los estamos palpando ya”.
“Los espíritus timoratos, los intereses creados enemigos de la independencia, los especuladores con la vida nacional, amenazan con su mera presencia en una acción plebiscitaria la existencia de la nación como poder soberano, e independiente”.
El señor Albizu Campos volvió a repetirles que para Puerto Rico el Tratado de París es nulo y sin valor y que todo acto del Congreso y el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico es nulo y que por tanto ninguna ley de consulta plebiscitaria tiene valor alguno para Puerto Rico.
“Ese proyecto plebiscitario puede ser motivo de una enorme vergüenza para la nación de Puerto Rico, pues aunque es indiscutible que el más del 90 por ciento de los puertorriqueños se pronunciarían en cualquier momento a favor de la independencia de su Patria, no deja de ser una verguenza nacional que se permita por nosotros la expresión de la traición o de la esclavitud o de los intereses sórdidos, es un espectáculo bochornoso de declarar que prefiere a la independencia de su Patria la ocupación militar del territorio nacional por fuerzas extranjeras”.
“Además, ya reconocido por el Poder Ejecutivo del gobierno de Estados Unidos el derecho de Puerto Rico a su independencia, lo que sensatamente procede hacer es una liquidación inmediata de la presentę ocupación militar norteamericana y que se firme entre Puerto Rico y Estados Unidos
los tratados correspondientes que convengan a ambos poderes”.
Los señores periodistas norteamericanos preguntaron cómo Puerto Rico habría de afrontar la colocación de sus productos en el exterior y especialmente en Estados Unidos, una vez constituído el gobierno de la República. Varios manifestaron su punto de vista de posible daño a la economía nacional de Puerto Rico con la constitución de la República.
En contestación el señor Albizu Campos explicó que en la fecha de la invasión norteamericana, Puerto Rico era una nación acreedora, que el gobierno general de Puerto Rico y el gobierno de todos los Ayuntamientos de Puerto Rico tenían un surplus en oro en sus arcas; que la riqueza estaba dividida equitativamente; que los pobres de Puerto Rico en el año 1898 eran personas que tenían 8 o 10 cuerdas de terreno y doscientos o trescientos pesos guardados en las medias de sus esposas; que Puerto Rico sostenía entonces comercio internacional con todos los poderes marítimos del mundo, incluyendo Estados Unidos; y que debido a eso a Puerto Rico se traía mercancía de la mejor calidad, tanto de Estados Unidos como de Europa, a los precios más bajos, pues era un mercado de intensa competencia mundial; que en todos los puertos de Puerto Rico se podían ver buques de todas las banderas de las grandes naciones comerciales; que todos los productos de Puerto Rico tenían acceso a todos los grandes mercados del mundo.
Recomendó el señor Albizu Campos a los periodistas norteamericanos que leyeran el primer informe del Gobernador Allen, que fué el primer gobernador bajo el Acta Foraker y en el cual este mandatario norteamericano hizo reconocimiento de la inmensa riqueza de Puerto Rico y dijo que no debía ser motivo de preocupación los daños inmensos causados por el ciclón de San Ciriaco de 1899, porque era tal la riqueza del país, y su solvencia económica, que la recuperación inmediata no se haría esperar y no necesitará ayuda de ninguna naturaleza.
“Bajo la ocupación militar norteamericana han desaparecido más de 60,000 terratenientes; no tenemos mercado para ninguno de nuestros productos agrícolas, lo que ha arruinado totalmente la agricultura; fuera de la industria azucarera no hay industria de importancia al país; el comercio está en ruinas y sin crédito; la banca está en poder de los norteamericanos.
Sobre ese desastre económico bastaría leer el informe del gobernador Teodoro Roosevelt, hijo, en que sintetizó la ocupación norteamericana con los siguientes datos significativos: de 600,000 pacientes de uncinariasis, 37,000 tuberculosos declarados, la más alta mortalidad en la tierra, etc., etc., el 76 por ciento de la población adulta en forzoso desempleo, etc., etc. Creemos que ese cuadro de miseria y de ruina y de muerte, no puede ser superado por la mentalidad más macabra y es que es una realidad terrible”.
“¡Qué es lo que va a perder Puerto Rico entonces, qué valores económicos va a perder Puerto Rico entonces al declarar su independencia?”
“Por supuesto, ninguno. Al contrario, va a recuperarlos todos. Actualmente están todos los municipios hipotecados, el gobierno insular hipotecado, todos los bienes particulares, hipotecados; y si esos bienes se pusieran en pública subasta, ningún puertorriqueño podría adquirirlos porque no tiene dinero, tendrían que pasar a ser propiedad de intereses norteamericanos. Puerto Rico no tiene mercados, ni en Estados Unidos ni en ningún país extranjero, para sus productos.
Al oir ésto, le interrumpió un periodista a preguntarle: “¿y el mercado de azúcar en Estados Unidos?” Entonces el señor Albizu Campos hizo la siguiente explicación: Estudiemos en primer lugar la situación de nuestros agricultores porque el azúcar no es un producto agrícola, es un producto industrial y más tarde consideraremos ese aspecto de la cuestión económica.
“Estados Unidos produce todos los productos agrícolas que produce Puerto Rico, de buena calidad, con la excepción del café. Estados Unidos tiene una superproducción agrícola. Tan pronto cubre el agricultor americano la necesidad de su mercado arroja a cualquier precio el surplus de su cosecha en el mercado internacional, produciendo una desmoralización en los precios de los productos agrícolas.
“Para contrarrestar esa avalancha de la producción norteamericana, las grandes naciones como Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, han descubierto que no eran suficientes los más altos aranceles; y la entrada de los productos agrícolas norteamericanos los han limitado a cuotas muy reducidas para impedir así la ruina de la riqueza agrícola de esas grandes naciones. Siendo Puerto Rico libre, para poder defender su riqueza agrícola de la avalancha de la producción norteamericana tendría que aprobar leyes parecidas a las que rigen en Francia, Alemania, Inglaterra e Italia para regular la entrada de productos norteamericanos.
“Ahora bien, como la producción agrícola norteamericana entra sin ninguna restricción en el mercado de Puerto Rico, y en el supuesto que no hubiere política ninguna norteamericana, para arruinar a nuestros agricultores y con la más santa de las intenciones económicas por parte de Estados Unidos, la superproducción norteamericana en la agricultura por sí sola es imposible de resistir.
“Por ejemplo, en Aguas Buenas un agricultor puede producir harina de maíz del país a 4 centavos libra pero cuando la tiene lista para el mercado se encuentra con que el arrimado de su finca no se la compra, y la razón de ese extraño hecho es que en la tienda del barrio el arrimado de su finca puede comprar harina de maíz norteamericana a 1 1/2 centavos la libra.
“Y este ejemplo es aplicable a todos los productos agrícolas.
“En cuanto al café, cuya calidad la regula la topografía y que forzosamente es limitada, no puede tener la protección de
los aranceles norteamericanos, porque la nación norteamericana no va a gravar a sus consumidores con un arancel de importación sobre el café que necesita en grandes cantidades, con el objeto de proteger a nuestros cafeteros.
No debe de ser motivo de oposición para nosotros esta práctica norteamericana de admitir el café que necesitan libre de derecho porque ellos hacen bien en actuar siempre en defensa de los intereses nacionales y con eso nos dan un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros.
“Si Puerto Rico produce toronjas, chinas o piñas o cualquier otro producto agrícola, pues, en California, en los estados del suroeste y en la Florida, hay una superproducción y el productor puertorriqueño, lo único que le es seguro es la ruina.
“Si el productor puertorriqueño se dedica a la lechería, la superproducción norteamericana inunda nuestro mercado y no es posible luchar contra esa preponderancia económica.
“Si a eso copulamos el hecho de que en Puerto Rico no existen reglamentos de sanidad aplicables a los productos norteamericanos importados en nuestra tierra, ya sean carnes enlatadas o vegetales enlatados o no enlatados, nos encontramos que los productos agrícolas norteamericanos decomisados por las leyes de sanidad de las distintas provincias norteamericanas y que allá no tienen ningún valor, son lanzados sobre nuestro mercado a cualquier precio, lo que representa una ganancia líquida para el mercado norteamericano y una ruina para nuestros agricultores y la destrucción de la salud pública en Puerto Rico. He aquí la fuente de todas las enfermedades que tenemos en Puerto Rico. Son todas de importación norteamericana.
En cuanto al azúcar debe aclararse que esta riqueza es de un grupo de capitalistas norteamericanos en un 65%, de capitalistas de otros países extranjeros en un 20% y de Puerto Rico en un 15% que con notoria excepción de casos de dos o tres familias, los intereses de Puerto Rico están al borde de perder todo su capital.
“Existe en Estados Unidos el Instituto de Azúcar, Tabaco, Café, Cacao y otros productos que fija el precio para dichos productos en el mercado de Estados Unidos y por supuesto fija el precio del azúcar.
“Las factorías norteamericanas en Puerto Rico no están afectadas ni nunca han estado afectadas por el poder de ese monopolio que es tan grande, que actualmente está sujeto a un proceso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos porque explota tanto a los extranjeros como a los propios consumidores norteamericanos. Las factorías de azúcar norteamericanas han venido exportando azúcar cruda para las refinerías de su país que están controladas por los mismos intereses que las factorías situadas en Puerto Rico. Es decir, que el precio del azúcar crudo, no importa lo bajo que sea, a ellas en nada les afecta.
“Más bien, fijar un precio bajo para el azúcar, es una conveniencia que se practica con regularidad y es un sistema científico para eludir las contribuciones, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.
“El Instituto de Azúcar, Café, Tabaco, etc., siempre ha fijado el precio del azúcar crudo que se exporta de Puerto Rico para Estados Unidos y ese precio, como hemos dicho, afecta solamente a los productores en Puerto Rico, que no tienen capital norteamericano y, por supuesto, el precio siempre ha sido el más bajo posible para ir eliminando ese capital y poder seguir fomentando el latifundio norteamericano exclusivo en Puerto Rico. Por supuesto, la factoría trataba de descargar sus pérdidas sobre sus colonos. Así se daba el caso que cuando el precio del azúcar era relativamente alto, el colono se encontraba con que la sucrosa de su azúcar era baja, y cuando el precio del azúcar era bajo, el colono no tenía a quién quejarse al contemplar su propia ruina.
“Los colonos estuvieron sujetos a esa inmisericorde situación hasta que el Nacionalismo les señaló esta verdad y hace escasamente tres años que se han organizado y han exigido que químicos azucareros suyos en los laboratorios de
las distintas factorías velen por sus intereses. Es digno de notar que estos químicos son todos nacionalistas, no importa cuál sea la afiliación política del colono. Por supuesto, el colono ha tratado de descargar sus pérdidas sobre el peón y ahí es que nacen los salarios de hambre y el cuadro de miseria desoladora y muerte que circunda a Puerto Rico.
“Con ese sistema de hecho se ha restaurado la esclavitud social, sin ninguna garantía para el esclavo, ni siquiera de alimentación. Tiene menos protección que el buey que arrastra un carro de caña, pues a éste se le alimenta bien para conservarlo.
“Esta explotación ha restaurado la esclavitud más inmisericorde que conoce la historia con consecuencias político-sociales de graves consecuencias para la nación.
“Hasta hace poco no existía ninguna refinería en Puerto Rico y se daba la gran paradoja que mientras Puerto Rico era un gran productor de azúcar, era un importador de azúcar. El azúcar crudo de Puerto Rico era exportado a Estados Unidos y era importado de aquel país al nuestro refinado. Los refinadores yanquis ganaban con el precio bajo que le imponían al azúcar crudo nuestro y ganaban con el precio alto que nos imponían al azúcar refinado nuestro al introducirlo en nuestro mercado de nuevo.
“Tan pronto surgió una refinería en Puerto Rico, se limitó su producción para facilitar la continuación de esa explotación que hemos señalado.
“Volvemos a repetir que el azúcar no es un producto agrícola, que es un producto industrial y que se puede producir de diferente materia prima, de caña de azúcar, de remolacha, del maíz y de la madera misma.
“Ningún país puede tener monopolio azucarero porque la materia prima necesaria se puede adquirir en cualquier clima y que ha tiempo existe una superproducción mundial de azúcar.
“Por otro lado, Estados Unidos no quiere repetir la situación precaria en que se vió cuando la guerra mundial, en
que tuvo que poner a toda la población a ración de azúcar por no tener suficiente producida dentro de sus fronteras y ha tiempo viene fomentando con sentido nacionalista su propia industria azucarera para librarse de la importación de ultramar en caso de una guerra general.
“La Ley Costigan-Jones que regula la producción de azúcar en Estados Unidos y en los países intervenidos por dicho imperio y que regula la importación de azúcar en todas las naciones en el mercado norteamericano, es una ley nacionalista con el objeto de librar a Estados Unidos de la importación de azúcar de ultramar.
“Examinemos las cláusulas pertinentes. La cuota azucarera que fija la ley para los productores norteamericanos en el territorio continental de aquel país, están taxativamente fijadas en la propia ley; y ésta dispone que si el consumo de azúcar aumenta en el mercado norteamericano, el aumento resultante del mismo será asignado íntegramente a los productores norteamericanos continentales.
“Es ilimitada la producción de azúcar en Estados Unidos. La remolacha se produce en cualquier parte de Estados Unidos, hasta en las zonas áridas del Suroeste, donde la irrigación ha resuelto el problema del agua.
“Un estudio científico del aumento en la producción de azúcar de remolacha, nos lleva a la conclusión inevitable de que en menos de diez años Estados Unidos será un gran exportador de azúcar, de acuerdo con la intención nacional de aquel país, señalada en dicha Ley Costigan-Jones.
“Así Estados Unidos se verá librado del peligro de los trastornos que pueda acarrear una guerra mundial en el transporte de azúcar de ultramar.
“¿Qué pueden esperar los pocos productores de Puerto Rico de esa situación?
“Actualmente para lo único que se les utiliza es para amparar las pretensiones de los intereses de azucareros norteamericanos en Puerto Rico, sirviéndoles de escudo ante la opinión pública nacional puertorriqueña.
“Dicha Ley Costigan-Jones fija para el productor norteamericano continental la cuota azucarera y así no puede ser modificada nada más que por otra ley del Congreso de Estados Unidos. Pero en el caso de Puerto Rico la cuota azucarera la fija el Presidente de Estados Unidos a su discresión y dicho mandatario si desea que aquí se deba producir solamente una tonelada de azúcar, eso es ley.
“También dicha ley autoriza al Presidente de Estados Unidos para distribuir dicha cuota entre los productores establecidos en Puerto Rico a su discresión. Así si el Presidente de Estados Unidos desea que todo el azúcar de Puerto Rico se ha de moler en la Central Guánica, eso es ley.
“En otras palabras: el puertorriqueño no tiene propiedad azucarera por más que así lo desee, pues siempre tiene la amenaza de la ruina que pueda producirle la equivocación o la arbitrariedad del Presidente de Estados Unidos, cuya voluntad nadie en Puerto Rico puede gobernar y a quien nadie puede exigir responsabilidades.
“El productor de azúcar puertorriqueño está en un precario perenne.
“No son hipotéticas las situaciones, sino que parece como consecuencia natural de un régimen irresponsable que la distribución de la cuota azucarera haya beneficiado más a los productores norteamericanos en Puerto Rico que a ninguno de los otros intereses, ya sean puertorriqueños o de otras nacionalidades.
“La asignación de una cuota azucarera para Puerto Rico y su distribución se ha venido utilizando como poder político de intervención norteamericana para doblegar la voluntad nacional de Puerto Rico, ya sea con la rebaja de la cuota o ya sea con el peligro de asignarla casi toda a los intereses norteamericanos establecidos en Puerto Rico.
“La gravedad de esta política económica puede apreciarse cuando se fija el hecho de que todo el sistema político de Estados Unidos en Puerto Rico se ha reducido a hacer de Puerto Rico una factoría azucarera.
“Habrá alguno que otro puertorriqueño que todavía goza de alguna solvencia económica en la industria de la producción de azúcar, pero una golondrina no hace verano. La realidad es que la industria azucarera establecida en Puerto Rico no es de Puerto Rico ni de los puertorriqueños bajo el régimen presente. Es de los norteamericanos o de extranjeros de otras nacionalidades.
“Ese régimen político-económico no beneficia tampoco al pueblo norteamericano. Se utiliza el nombre de Estados Unidos, su poder político, naval y militar para mantener ese régimen de explotación en Puerto Rico, pero el pueblo de Estados Unidos no deriva ningún beneficio. Antes al contrario, recibe el perjuicio grave de sus intereses vitales nacionales, porque la protesta legítima que tiene Puerto Rico contra esa esclavitud impiadosa tiene repercusión mundial contra los grandes intereses nacionales norteamericanos y muy especialmente en las naciones libres de nuestra raza.
“A pesar del establecimiento de una refinería, Puerto Rico sigue importando azúcar, en forma de productos de azúcar; chocolates, caramelos, etc., que nos vienen de Estados Unidos y de Europa. La libra de azúcar que vendemos a 3 1/2 centavos la pagamos en esos productos a veces hasta más de $1.00 la libra por la elaboración a que ha estado sometida.
“Eso nos trae a la indefensión industrial en que nos coloca el presente régimen.
“En el supuesto también de que no hubiese ninguna intención de parte de Estados Unidos para aplastar las industrias puertorriqueñas, la superproducción norteamericana es de tal preponderancia que por fuerza intrínseca, que por su momentura nada más, no permite la creación de ninguna industria en Puerto Rico.
“Las grandes naciones como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España y el Japón, para contrarrestar esta superproducción norteamericana han tenido que gravarla con grandes aranceles y en muchos casos estos han sido considerados inadecuados y han tenido que someter a la importación
norteamericana a cuotas específicas y muy reducidas para proteger su riqueza industrial.
“Nosotros sin tener control de nuestras aduanas, sin ningún poder político, sin ningún poder administrativo para impedir la avalancha de los productos yanquis, imaginad nuestra situación. De ahí la desaparición de las industrias técnicas de Puerto Rico, con la invasión norteamericana, como la fabricación de muebles finos, peletería, etc. Además es natural que el gobierno de Estados Unidos no permita el desarrollo de ninguna industria en Puerto Rico por la sencilla razón de que tienen una superproducción industrial y no van a aumentarla con el fomento de ninguna industria en Puerto Rico. Su política será encaminada forzosamente a evitar que se establezca ninguna industria importante en Puerto Rico.
“Para esos fines la materia prima que para sus industrias pueda adquirir en Puerto Rico, como el aceite de coco para jabonería, algodón de fibra larga y otros productos se regula su precio a base de la más completa explotación.
“La industria toma el carácter de explotación humana como pasa con la industria de la aguja que en ningún concepto es de bien nacional. A pesar de eso, como ofrece competencia a la producción norteamericana, cada día se hace más precaria su existencia.
“El crédito nacional está en poder de los bancos norteamericanos que funcionan aquí con licencias para trabajar en países extranjeros. No están sujetos a ningún reglamento que les obliga a hacer operaciones de bien nacional para Puerto Rico. Han concentrado el crédito en sus manos. El dinero en circulación hoy es prácticamente igual al dinero en circulación en 1898.
“El comercio está arruinado porque éste naturalmente vive de la agricultura y de la industria y si esas dos fuentes de riqueza han desaparecido, el comercio está a merced de la misma situación general. No tiene crédito. Las importaciones de Estados Unidos se harán giros a la vista o giros contra conocimiento. Todos los puertos de Puerto Rico están cerrados con la excepción de San Juan.
EXIGIMOS LA INMEDIATA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. CONSTITUYENTE ¡VIVA LIBERE
“Ponce, que era el primer puerto de Puerto Rico antes de la invasión norteamericana, es un montón de almacenes abandonados. Su gran muelle que producía alrededor de $400,000 de entradas netas, tenemos entendido que hoy produce solamente alrededor de $25,000.
“El sistema político-económico es claro, está encaminado a evitar todo fomento nacional.
“El sistema contributivo es complementario a ese fin. Del país se saca en contribuciones $12,000,000 para el gobierno insular, $21,000,000 para los municipios, alrededor de $30,000,000 para contribuciones de consumo y beneficio de los consumidores norteamericanos, $6,000,000 para el servicio de deuda pública, una friolera de $70,000,000 anuales que tienen que ser extraídos de los miserables salarios del pueblo y de los agricultores. Por eso es que éstos, todos los años la única cosecha segura que tienen, es la lista de los miles de ellos que ven sus fincas rematadas en públicas subastas para cubrir las exigencias del fisco.
“Es una magna cosecha anual y segura para sumarse a las filas de los parias.
“Que Puerto Rico es rico, lo dicen esas cifras, si a pesar de la explotación a que está sometido carga con todo ese peso fiscal siendo libre podría sostener un peso fiscal mucho mayor. No es necesario, sin embargo, que se aumenten los presentes presupuestos, sino más bien reducirlos.
“De la riqueza de Puerto Rico hablan las siguientes cifras: Durante los treinta y seis años de ocupación militar norteamericana, Puerto Rico aparece con un balance comercial a su favor, en papel, de unos $340,000,000 oro, con el valor del dólar antes de la presente devaluación de dicha moneda. Tomando en consideración esa devaluación del dólar, esa suma montaría a unos $550,000koro.
Si ese balance comercial favorable a Puerto Rico estuviese en las arcas de un banco nacional de Puerto Rico, Puerto Rico sería el cuarto poder económico del mundo, solamente