base de nuestra esclavitud. No planteará la Coalición el problema de la estadidad. Es un partido de gobierno yanki en Puerto Rico, y tiene que defender la política de ese gobierno frente a nosotros. Esa política no es otra que el mantenimiento de este sistema colonial irresponsable que ha convertido a un país civilizado y rico en una factoría, donde los dueños son yankis y los peones portorriqueños.
La estadidad en el programa de la Coalición no es otra cosa que un velo aparentemente respetable para, amparar la política imperialista yanki de la intervención que nos conduzca al coloniaje definitivo. En lugar de dar los pasos formales hacia la estadidad ya vienen los portavoces de la coalición con la canción desacreditada de un gobernador portorriqueño como solución a esta tragedia nacional.
Eso de la estadidad en el programa coalicionista, es exactamente igual a aquello de la independencia en el programa de la facción liberal. Los unionistas, hoy “liberales”, mantuvieron esa disposición en su programa durante veinticinco años de gobierno. Nunca plantearon la solución independencia. Cumplieron como partido de gobierno desarrollando la política imperialista yanki y nos han entregado el país en ruinas.
Un observador imparcial no acertará a comprender como sea posible la ascendencia popular de esas facciones de gobierno. Es sencillo. Es el triunfo de la hábil política imperialista.
El yanki se posesiona de todas las fuentes de riqueza, agricultura, comunicaciones, comercio, industria, y las finanzas. Echan el peso contributivo sobre los naturales del país. Parte de lo que recaude a la fuerza lo redistribuye en sueldos entre los nativos. Los directores de la política local se encargan del reparto. Esa cantidad monta actualmente a unos veintidós millones anuales, o sea el montaje del presupuesto insular y de los presupuestos municipales. En realidad es la única industria que les queda a los directores nativos para vivir. Las clases más cultas huyen, como es natural, del peonaje, pero, para vivir tienen que ser capataces en este régimen de esclavitud forzosa.
Ese privilegio se lo disputan los políticos de las facciones de gobierno, Montan en cólera unos contra otros; como se trata de mantener la esclavitud no se predica verdad alguna, y en cambio, se incendian las bajas pasiones en la multitud; se separan y se vuelven a abrazar, de acuerdo con las necesidades de ese triunfo. Consiguen medios para manipular votos y cometen las tropelías más inauditas contra la dignidad ciudadana. Es deber llamar la atención a las personas sensatas que le quedan a nuestro país, que esa política está afianzando la esclavitud nacional de un pueblo y restituyendo la esclavitud individual con la compra de la dignidad ciudadana encarnada en el sufragio.
En estas elecciones que acabamos de presenciar, las facciones de gobierno han recurrido a todos los métodos para levantar las pasiones más bajas en las masas, recurriendo a todas las formas del soborno, Se ha recurrido a algo inaudito: al secuestro de electores. Las esperanzas de renovación colectiva cifradas en el electorado femenino se han desvanecido. Esos directores no se han preocupado de abstenerse de iniciar a la mujer en esa política funesta. Puerto Rico presenta el cuadro de un naufragio de los valores humanos más preciados: el honor, el patriotismo, el sacrificio. El imperialismo yanki en lo moral, nos ha conducido al desprecio de nosotros mismos; en lo material, de propietarios nos ha convertido en peones; y de peones en mendigos sentenciados a muerte. El Nacionalismo es la única salvación porque hace renacer en cada uno de nosotros la conciencia de un hombre libre para quien la dignidad humana no tiene precio, y quien no puede concebir por qué no tenga él el derecho a regir los destinos de sus hijos o de su patria. Esa renovación dolorosa del esclavo en persona libre no es fácil efectuarla y hay que tener la paciencia de la espera para que cristalice en lo interno ese supremo bien del hombre aunque tengamos que hacer el máximo esfuerzo para acelerar el proceso moral. Para ello se necesita directores desinteresados, nobles, sabios, valerosos. En una palabra patriotas, dignos émulos de las Bracetti, de los mártires de Lares, de los Hostos, Rius Rivera, y Betances. Con esta solemne invocación a los sagrados manes de nuestra civilización cristiana, vuelve el nacionalismo por todos los fueros de la patria. ¡Hosanna! que está constituído el ejército libertador. ¡Cuenta con cinco mil plazas! Su lema: valor y sacrificio. San Juan de Puerto Rico, a los 16 días de noviembre de 1932, 64 aniversario de la Proclamación de la República.
La Junta Nacional, P. ALBIZU CAMPOS, Presidente Rafael RIVERA MATOS Secretario General
LA MENTIRA DEL SUFRAGIO Por Pedro Albizu Campos
La soberania radica en la nación. Los poderes del Estado, o sea, de la personalidad jurídica nacional, se forman por delegación que hace la nación, directamente, a veces, como sucede todavía en asambleas populares, o como en muchas comunas suizas, indirectamente, por medio de compromisarios, forma que se usa para designar el ejecutivo norteamericano. Cuando la circunscripción pasa de cierta extensión territorial o si la población es numerosa, la asamblea popular para designar los mandatarios la sustituye el precinto electoral corriente con sus respectivos colegios. La voluntad soberana nacional va marcada en la papeleta electoral. En todo caso, se requiere la condición de ciudadano sui-juris, que varía con las constituciones de las naciones y de sus regímenes políticos. El siervo o el esclavo carece del sufragio por no llenar esos requisitos constitucionales, pero, ya abolida legalmente la servidumbre, persiste la denegación de ese derecho a los que vivieron en la esclavitud y a sus descendientes, por el superior mandato social. Tal es el caso de más de diez y seis millones de norteamericanos, que, por el solo hecho de tener sangre africana en las venas, todavía no pueden votar en su propio país. La organización del Estado es la resultante del equilibrio de las fuerzas sociales que integran la nacionalidad. El número de mandatarios de cada clase queda determinado por la constitución o la costumbre, sin distinción de regímenes políticos. La virtualidad del sufragio está sin embargo, en su poder para modificar en cualquier forma la constitución escrita o consuetudinaria, de la nacionalidad. En Puerto Rico no existe el sufragio en forma alguna. No existe la personalidad jurídica organizada del Estado puertorriqueño debido a supresión por la fuerza de la ocupación militar norteamericana. Se rige el país militarmente por un reglamento que le impone el poder imperial ocupante de Estados Unidos. El reglamento militar dispone celebración de elecciones para designar mandatarios que sostengan el régimen exclusivamente. El poder imperial se reserva su intervención para destruir el resultado de cualquier elección como se ha demostrado en el caso del municipio de San Juan. Se podría abolir el municipio mismo si fuere necesario. Si se tratara de la representación de la legislatura colonial podría el poder ocupante por su congreso imperial, enmendar inmediatamente el reglamento denominado carta orgánica, para dejar sin efecto el resultado de cualquier elección. No existe ni ciudadanía ni sufragio. Ante la ocupación militar invasora, la nación portorriqueña tiene que organizar su personalidad jurídica. No puede someterse porque no se allanará jamás a su extinción. Tiene que hacerlo bajo las condiciones adversas que le impone la fuerza enemiga ocupante. La farsa electoral puede convertirse en una realidad demoledora del régimen que agobia a la patria. Sería el caso de un plebiscito forzoso contra el poder como ha pasado en España. En nuestro caso se trata de algo más serio todavía; de la supresión de la ocupación extranjera, para organizar la nacionalidad puertorriqueña. Los mandatarios serán constituyentes. La convención establecerá el gobierno de la República y solicitará reconocimiento de todas las naciones y de los poderes internacionales. El dilema para el imperio norteamericano ante la firmeza de la nación puertorriqueña sería disolver a tiros la convención o reconocer la República. Por supuesto, declarado nulo su régimen por la Convención, ningún acto del congreso yanqui podría imponerse al país a menos que se recurriera a la fuerza, a sangre y fuego. El imperio norteamericano no sé (sic) ese dilema, según opinión de sus personalidades más ilustradas. Tiene que allanarse, según ellos, al reconocimiento de la República. Hacer lo contrario echaría abajo su prestigio amén de las graves complicaciones internacionales que habrían de surgir forzosamente. Restaurada la República habría ciudadanía y sufragio.
EN TORNO A LA SITUACION BANCARIA DE PUERTO RICO SE DIRIGE EL PARTIDO NACIONALISTA AL PRESIDENTE DEL SENADO.
San Juan de Puerto Rico 7 de marzo de 1933 Ho n. Rafael Martínez Nadal Presidente del Senado Insular San Juan de Puerto Rico
Señor:
En cumplimiento de una resolución de la Junta Nacional del Partido Nacionalista, tiene el honor el que suscribe de dirigirse al señor Presidente del Senado Insular. A raíz del ciclón de San Ciprián el Nacionalismo sometió a la consideración de la Legislatura insular las medidas estimadas necesarias, para conjurar la crisis económica producida por dicho ciclón. Entre esas medidas figuran: La moratoria general y la suspensión de pagos de la deuda pública. Ante la catástrofe financiera norteamericana, el jefe de la intervención coronel Beverley, decretó una moratoria bancaria amparándose en la disposición que le autoriza a fijar feriados en ciertas ocasiones. La ley sobre días de fiesta no autoriza a dicho funcionario a decretar una moratoria en interés de nadie, y menos de los bancos extranjeros que retienen en sus arcas los fondos de este pueblo, escudándoles con esa sola medida de las consecuencias inevitables del derrumbe de la economía de Estados Unidos. Ese decreto benefició exclusivamente a los bancos extranjeros, porque los bancos del país, se encontraban con solvencia para atender sus compromisos. El mismo funcionario norteamericano con fecha de hoy declara nula su proclama de marzo 4 de 1933, para dar cumplimiento a la orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos de Norte América, que declara suspensas las operaciones bancarias durante los días seis, siete, ocho y nueve de este mes. Esta orden ejecutiva del señor Presidente del poder norteamericano se ha hecho inmediatamente extensiva a Puerto Rico, sin que mediara consulta o solicitud previa de entidad alguna portorriqueña. Es la ley histórica que se repite. Las naciones intervenidas como la nuestra sumarán su riqueza a la del poder que las domina para beneficio exclusivo de éste. Cuando el imperio goza de prosperidad, la miseria será la suerte de la nación sometida: y cuando el imperio está en crisis, la ruina total es lo que espera a la nación intervenida. Las intervenciones extranjeras son excusas para acaparar la riqueza de los pueblos víctimas de la fuerza. La legislación del Congreso Norteamericano que aplicada a Puerto Rico beneficie exclusivamente a Estados Unidos, se hará extensiva a Puerto Rico sin consultarnos para nada; pero las leyes, que posiblemente pudieran proteger a Puerto Rico no son por supuesto extensivas a este país. Debemos aclarar que nunca podría beneficiar a Puerto Rico lo que venga como mera concesión del poder que detenta su soberanía. Cierto es que para desorientar la opinión pública de Puerto Rico, algunas migajas del presupuesto de Estados Unidos se reparten en negociados que aquí le interesa mantener a la nación dominadora, pero eso en nada nos beneficia porque sólo sirve para estimular a los apologistas del régimen. La explotación que significa el monopolio de nuestro mercado no puede compensarse en forma alguna. No puede ser de otra manera. Para eso es que existe la intervención norteamericana. Prueba de lo que acabamos de afirmar aparece en la Prensa con la misma fecha que lleva la citada orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos de Norte América. El congreso de aquel país ha negado los préstamos solicitados a la Corporación de Reconstrucción Financiera y a la Corporación de Crédito Agrícola, entidades norteamericanas creadas para rehabilitar al pueblo norteamericano. Los términos de estos préstamos son liberales: podrían beneficiar al país aunque mal administrados por los funcionarios norteamericanos que gobiernan su desembolso, y había que negar su concesión a Puerto Rico. Es infantil pretender que la finanza norteamericana nos facilite la más leve ayuda para salir de sus garras. Ya lo dijo el juez Evans a la luz del concepto que del derecho tiene Estados Unidos, Puerto Rico es país doméstico en lo internacional, y es extranjero en lo nacional norteamericano. Más adelante veremos cómo se barajan estos conceptos para perjudicar a nuestro país. La orden ejecutiva del señor Presidente de Estados Unidos es el paso preliminar para acostumbrar al público a lo inevitable; la moratoria bancaria por tiempo indefinido. El vencimiento del plazo estipulado en dicha orden, se permitirá retirar cantidades pequeñas solamente. La moratoria será efectiva como lo impone el derrumbe del castillo económico de Estados Unidos. Mientras a los bancos se les exonera de la obligación de devolver los depósitos, se les protege en su derecho de acreedores prestamistas. Seguirán las ejecuciones de casas de comercio, fincas y hogares por incumplimiento de pago de las obligaciones contraídas con los bancos.
Mientras estas corporaciones gozan del privilegio de retener en sus arcas todo el numerario! No podría inventarse un sistema más efectivo para arruinar a todo el mundo y para concentrar definitivamente en poder de las empresas norteamericanas lo poco que resta de la riqueza nacional en manos portorriqueñas.
Para impedir ese despojo se requiere una moratoria en el pago de toda obligación a un banco, ya sea la obligación personal o hipotecaria. Esa medida puede iniciarla la Legislatura Insular para salvar su responsabilidad hasta donde lo permitan los medios legales de que dispone. Se considera seguro el veto del jefe de la intervención. Es de esperarse, pero el país podrá orientarse y adoptaría las medidas que lo amparen contra la estrangulación.
El procedimiento que informa la orden ejecutiva del Sr. Presidente de Estados Unidos no es nuevo. Ha sido la norma de acción en las crisis financieras que han padecido los norteamericanos, crisis, que comparadas con la presente, pueden calificarse de benignas. Ante la gravedad de la situación que se plantea a Puerto Rico, el deber patriótico obliga al esclarecimiento de tan delicado asunto. En ningún país del mundo se puede abrir un banco con la facilidad que se hace en Estados Unidos o en países sujetos a sus leyes. Lo prueba la ley bancaria que rige en Puerto Rico. Parece liberal. En realidad el pequeño banco que abre sus puertas se convierte en sucursal forzosa del banco más poderoso en el país, que por ese sistema elástico se convierte en banco de redescuento. Para que las obligaciones de los bancos pequeños puedan circular, el banco de redescuento habrá de dar su consentimiento previo de que las aceptará, pero para ello requerirá en prenda los valores de los pequeños bancos, sus acciones y depósitos. Si el pequeño banco quiebra el banco de redescuento nada pierde. Antes al contrario, siempre gana porque especula con el valor prendario. Pero si el banco de redescuento quiebra, arruina a los bancos pequeños y a sus depositantes. Entonces, los grandes intereses que dominan las finanzas compran las tierras, vehículos de transportación, minas, franquicias, etc., a precios irrisorios. El pánico financiero resulta para aquel infeliz pueblo norteamericano una ruina, pero es uno de los métodos eficaces con que cuenta la oligarquía bancaria yanqui para mantenerse en el poder por tiempo indefinido.
Esto no se permite en ningún otro país que sepamos. En todas partes se consideran los ahorros del pueblo cosa sagrada. Se dificulta la organización de bancos, se limita su número. Todos los gobiernos exigen garantías que no puedan eludirse en un momento de crisis. En la ausencia de un Banco Nacional portorriqueño, porque es imposible organizarlo bajo el presente régimen, el Banco denominado National City de Nueva York, está funcionando como banco de redescuento. Su importancia en la finanza norteamericana es de todos conocida.
Sin duda, la orden ejecutiva del Presidente norteamericano automáticamente se ha hecho extensiva a Puerto Rico debido a las vinculaciones de dicho banco con la cadena de bancos norteamericanos. Veamos cómo funciona este banco. Su nombre da la idea de que es una institución nacional de Estados Unidos. Es una corporación privada con franquicia del Congreso norteamericano. De ahí su nombre de “National”. Tiene franquicia para hacer negocios exclusivamente en la ciudad de Nueva York. Hemos de repetir de que no puede hacer negocios en ninguna otra ciudad norteamericana. Sin embargo, a base de permiso para hacer negocios en el extranjero, hace negocios en Puerto Rico. ¡Somos en lo financiero también país extranjero! Pero cuando se le quiere inspeccionar o hacerle pagar contribuciones en Puerto Rico como banco extranjero alega con éxito que es una institución federal doméstica. De ese modo ocupa una posición envidiable. Es depositario de los fondos del Pueblo de Puerto Rico cuando ningún funcionario insular puede inspeccionarlo y precisar el estado de su caja. La situación bancaria de Puerto Rico no puede regularse sin que se determinen las condiciones bajo las cuales un banco con franquicia del Congreso norteamericano pueda hacer operaciones en nuestro país. Creemos que los depositantes portorriqueños tendrán mejores garantías cuando los bancos depositarios de los fondos del Pueblo de Puerto Rico tengan en sus directivas un interventor oficial designado por la Comisión Económica de la Legislatura Insular. Ante la gravedad de la situación confiamos en que la Legislatura ejercite su iniciativa para declarar suspenso inmediatamente el servicio de la deuda pública que monta a unos seis millones de dólares anuales. Otro asunto de capital importancia es la ausencia de oro en las arcas de los bancos que aquí funcionan. Antes de la invasión norteamericana circulaba casi exclusivamente oro y plata en el país. Ahora el medio monetario es todo papel norteamericano. El buen numerario en metálico que teníamos se nos obligó a canjearlo por papel norteamericano con una pérdida de cuarenta por ciento. Nuestro oro y nuestra plata están en las arcas norteamericanas. La situación de las reservas de oro en Estados Unidos está descrita por el propio Presidente de aquel país. Se ha prohibido la exportación de oro y toda transacción en ese metal! Es la crisis en el valor del papel moneda. Todos recordamos el descenso espectacular del marco primero y del franco después y la ruina de los tenedores de valores en esas divisas. Confiamos en que la Legislatura Insular negocie de poder a poder con Estados Unidos, que la parte que se estime necesaria de los valores norteamericanos en circulación sean canjeados en oro inmediatamente y depositado en Puerto Rico. No vaya a ser que los que están ahora atesorando billetes y se encuentren con papel depreciado en su poder cuando tengan la necesidad de disponer de él. El nacionalismo cumple con un deber de patria al hacer llegar por conducto del señor Presidente del Senado Insular a todos los miembros de la legislatura estas consideraciones. Con la consideración más distinguida.
P. ALBIZU CAMPOS Presidente
UN ARTICULO DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO NACIONALISTA CON RESPECTO A LA LEGISLACION NEOMALTHUSIANA QUE HA SIDO PRESENTADA
Invita a la más seria consideración el memorial dirigido a la Legislatura insular por los señores Obispos, Sus Ilustrísimas Monseñor Byrne y Monseñor Willinger. Este documento abarca todos los aspectos del problema social que levantan los neomalthusianos. Las reflexiones que contiene son irrefutables. Empero, los legisladores que propulsan esa legislación creen tener poder para regular la población de Puerto Rico, y, víctimas de esa ilusión se muestran tenaces en sus despropósitos y desafían la opinión pública que los repudia. La Legislatura insular no tiene poderes para regular siquiera su propia existencia. Depende su vida del Congreso norteamericano que la ha ido acortando en beneficio de los intereses yanquis. Será suprimida el día que le convenga a Estados Unidos. Regula la población de una nación el poder que ejerce su soberanía. Así, bajo la intervención norteamericana, ningún portorriqueño puede salir para el extranjero sin un pasaporte yanqui. Pueden ingresar en Puerto Rico todos los extranjeros que sean gratos a Estados Unidos. La Legislatura insular es impotente para intervenir en la entrada o salida de población. El Congreso de Estados Unidos nos impone sus leyes de emigración y de inmigración, y confía su cumplimiento estricto a funcionarios designados directamente por el presidente del imperio. Es de notar que los portorriqueños, como buenos isleños que son, no emigran. Su hogar es su patria y toda residencia en el exterior la consideran transitoria. Se habla de superpoblación, pero la verdad es que Puerto Rico es un país de inmigración. La población de las Islas Vírgenes se está vaciando en Puerto Rico a razón de un promedio de mil almas por año. Para el mil novecientos treinta ya habían entrado por nuestros puertos unos ocho mil habitantes de aquel archipiélago.
El Gobierno yanqui ha podido impedir esa inmigración, pero no lo ha hecho. Más bien la fomenta. Estimula, por supuesto, a la inmigración yanqui. Figuran en sus falanges, desde los “expertos”, de todos conocidos, hasta los rubios tabaqueros que ocupan bancos en las fábricas de Puerta de Tierra. La mano de obra en Estados Unidos, debido a la ruina económica de aquel país no vale nada. La invasión obrera norteamericana está ya en pie y será estimulada por el Gobierno norteamericano de acuerdo con su política de desplazamiento de nuestra población. Pero el jefe de la intervención, Coronel Beverley, que habla en nombre de su gobierno nada dice de la inmigración procedente de las Islas Vírgenes y de Estados Unidos y que es una causa seria en el aumento de la población. ¿Qué población quieren entonces el coronel Beverly y su Gobierno que disminuya en Puerto Rico? ¡Sencillamente, la población portorriqueña! Somos los portorriqueños los que estamos molestando en Puerto Rico.
A la raza madre de nuestra cultura, la española, se le ha cerrado nuestros puertos. Se imposibilita la entrada de españoles o hispanoamericanos porque refuerzan la estructura hispánica de nuestra nacionalidad y eso no conviene a los planes políticos norteamericanos. ¡Que entren yanquis y santomeños en cantidad ilimitada, pero no hispanoamericanos o españoles! ¡Y que salgan todos los portorriqueños que emigren, o mueran todos los portorriqueños! La densidad de población es el poder de la nacionalidad definida. Si en Puerto Rico hubiera diez millones de yanquis, el jefe de la intervención consideraría eso una bendición para su patria que contaría entonces con un poder enorme en estas aguas. Pero, pensar que la población portorriqueña suba a diez millones de almas es caer en una terrible pesadilla. Es que el hecho sería definitivo. Imposibilitaría la intervención yanqui aquí y en los países vecinos. Todas las provincias norteamericanas (“estados” sic), pugnan por tener la densidad de población de que alardean Massachusetts y Rhode Island, las provincias más ricas en proporción a su territorio y las más civilizadas, y que gozan de la riqueza per cápita más alta en Estados Unidos.
Esas provincias, a pesar de tener una densidad de población mayor que la que ostenta Puerto Rico, luchan por aumentar el númeo de habitantes y castigan con cárcel la propaganda neomalthusiana. El Gobierno Federal norteamericano ampara todas sus provincias con legislación idéntica para que lleguen al desarrollo de Massachusetts. Los estadistas norteamericanos ven claro que la única defensa contra la invasión extranjera la constituyen las reservas humanas. Pero aquí nos encontramos con otra paradoja. El Gobierno de Estados Unidos califica de crimen el neomalthusianismo y su propaganda, pero su mandatario en Puerto Rico, coronel Beverly, lo tolera, lo estimula, y le da sanción previa.
La paradoja es de fácil solución. La intervención yanqui requiere un medio más para determinar la composición de la población de Puerto Rico. Los actuales pobladores no son ni gratos ni convenientes y debe bajar su número. Los métodos usados para ese fin han fracasado. Se ha sometido nuestro país a la explotación económica más bárbara que el ingenio humano haya podido concebir, pero la muerte por hambre no ha podido imponerse a toda nuestra nación. El régimen yanqui se caracteriza por el aumento de las epidemias pero estas también han resultado ineficaces. Somos tan fuertes que ni estas han podido mermar nuestra población. Dios es creador y protector de las nacionalidades y los hombres son impotentes para destruir su divina obra. El Congreso de Estados Unidos podría implantar aquí el neomalthusianismo en la forma que nos ha impuesto la moratoria bancaria para salyar a los bancos suyos y arruinar a nuestro país. Esa ha sido la primera bendición que nos ha impartido el otro Roosevelt sonriente. Pero esa medida parecería insólita cuando en Estados Unidos constituyen crimen público las prácticas neomalthusianas y su divulgación. ¿Cómo hacerlo? No haciendo respetar aquí las leyes del propio poder invasor y sancionando las prácticas que allá se condenan. Cuando la Legislatura insular quiso tomar medidas para defender a nuestro pueblo ante el derrumbe bancario yanqui, el jefe de la intervención coronel Beverly tachó el proyecto de intromisión legislativa y lo anuló con su veto absoluto. Los intereses yanquis así lo exigían. El gobernador está aquí para ampararlos, y cumple con su deber de proteger a los suyos. Toca a los tontos brindar armas a sus enemigos. Ahora resulta que la Legislatura insular no es entrometida. El neomalthusianismo es una conveniencia yanqui en Puerto Rico, y el jefe de la intervención le ha impartido su placet imperia previo. Ya pueden los legisladores dar su voto para satisfacer las aspiraciones de la política yanqui, pero no podrán siquiera vanagloriarse de que la ley sea suya. Es seguro que sin esta sanción previa oficial los proyectos neomalthusianos no hubieran merecido atención seria. Se ha movilizado hasta mujeres para defenderlos. Una mujer lo firma como coautora. La palabra autorizada de madre patricia que es La Hija del Caribe debe haberlas conmovido. Son definitivas las palabras de doña Trina en contra del neomalthusianismo. La protesta de la Federación de Estudiantes contra esos proyectos tiene que haber causado honda emoción. Es raro que haya mujeres que conspiren contra su salud y su vida. Los médicos más eminentes condenan los procedimientos neomalthusianos tan vulgarizados ya porque ponen en peligro la salud de los cónyuges y muy especialmente la salud de la mujer. No creemos ni justo ni valeroso que los hombres descarguen sobre las mujeres los resultados funestos de sus caprichos. La mujer es la fuente de la vida y la patria no puede inutilizar a una sola madre potencial. Las lecciones de la guerra nos dicen que la nación puede perder a muchos hombres y por eso puede sacrificarlos por ella, pero no puede perder a una sola mujer sin gran riesgo para su propia seguridad y por eso prohibe la participación femenina en toda acción peligrosa para la vida.
Eminencias médicas sostienen también que la esterilización del varón puede ser inocua. Sería eficaz para los fines neomalthusianos. He aquí una vía expedita para los hombres que consideren el advenimiento de un hijo como una desgracia. Una vez firmada la ley de la Legislatura perderá toda intervención para regular la población. A las autoridades yanquis bajo la dirección del Gobernador se le entrega ese enorme poder. Impedirán la prole y si la Legislatura más tarde quisiera cambiar de opinión no podría hacerlo. Sus delegaciones al ejecutivo no son revocables nunca contra la voluntad del jefe de la intervención. La iniciativa legislativa será ley cuando favorezca a la política norteamericana y será nula cuando pretenda enfrentarse con esa política. ¿Cómo regulan las naciones su población? Fomentando siempre su crecimiento, Ahí está el propio ejemplo de Estados Unidos. Es una insolencia decir que hay un solo portorriqueño demás en el mundo. Esa afirmación constituye un delito de lesa patria. Los economistas ajustan la economía de su país a una población siempre in crescendo. Que para llegar a ese supremo bien nacional se requiere ser dueños de nuestra soberanía es indiscutible. Luego, señores, enfrentaos con la verdad. Independiente Puerto Rico fomentaría su economía para desarrollar su población siempre creciendo. Libres de la tendencia suicida de la esclavitud política, el parlamento de la república como todos los parlamentos de naciones soberanas civilizadas jamás pensaría en impedir el nacimiento de la posteridad portorriqueña. Orgullosos por haber constituído una patria serían celosos guardianes todos los portorriqueños de la gloria futura de Puerto Rico.
P. Albizu Campos
EL PRESIDENTE DEL PARTIDO NACIONALISTA COMENTA EL VETO AL PROYECTO RELACIONADO CON LA REPRESENTACION ELECTORAL
No existe poder legislativo. La iniciativa legislativa será ley cuando le convenga a la política norteamericana y, será nula cuando ampare a los intereses portorriqueños. La nación ha estado ilusionada por una flamante legislatura que para lo único que ha servido ha sido para brindar concesiones a los invasores. Ante esa realidad del veto del Gobernador, no se pierde tiempo en discutir lo que él no ha de aprobar. En realidad, el jefe de la intervención es el que realmente legisla. A los miembros de la Legislatura se les entretiene jugando con toda seriedad a representantes y a senadores. Al vedar el jefe de la intervención el proyecto de ley electoral, ha levantado el velo para los ingenuos. La Legislatura se ha ratificado en su aprobación por una votación de dos terceras partes de los miembros que la constituyen. ¡Pero eso tampoco convierte en ley al proyecto! El Presidente de Estados Unidos se retiene el veto absoluto. Aunque la Legislatura apruebe un proyecto por unanimidad, no será ley si al jefe del imperio no le da la gana. Si eso no bastara, el Congreso yanqui se retiene el poder de anular todas y cada una de las leyes de Puerto Rico. Presenciamos la farsa legislativa más ridícula y costosa de la historia. No se sabe por qué el jefe de la intervención ha vedado un proyecto de ley que contiene las disposiciones de sus anteriores recomendaciones a la Legislatura Insular. Esa retractación no es de fácil explicación. Puede ser que haya actuado por razones personales, por instrucciones de su gobierno, o que sus razones personales hayan coincidido con las instrucciones que recibe a diario de Washington. El Presidente de Estados Unidos, contra su voluntad, nos va a hacer un bien al aclarar ese misterio cuando dicte su resolución al considerar el proyecto. El veto razonado del coronel Beverley ofrece maravillosa semejanza con la opinión disidente de la minoría legislativa encabezada por el presidente del Partido Liberal, señor Barceló. Nos ocuparemos exclusivamente de las declaraciones en que se alude al partido Nacionalista. La historia del nacionalismo militante es diáfana y es de dominio